El Poder Ejecutivo anunció oficialmente la desactivación de los cuestionados decretos 5306 y 5307, que regulaban las tarifas y condiciones contractuales de la ANDE para industrias de alto consumo, como las industrias convergentes y el de hidrógeno verde.
El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, informó esta tarde en conferencia de prensa en Mburuvicha Róga que “el Presidente hoy deja sin efecto estos decretos (N.° 5306 y 5307)“, haciendo referencia a los documentos del Ejecutivo, que fueron promulgados en enero de este año y modificados en abril.
Es así se deroga el decreto N.° 5306, que fue modificado por el N° 5860, equiparando la tarifa para centros de datos e inteligencia artificial (IA) con la tarifa para la criptominería. Asimismo, también se anula el decreto N.° 5307, modificado a través del decreto N.° 5861, limitando la potencia a ser contratada para Energía a X a 250 megavatios.
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Explicó que esta decisión se da ”por una cuestión que es velar por la armonía de lo que es el ambiente de hacer negocio en Paraguay, de velar por lo que es un ambiente de recepción de inversionistas sano, y evitar cualquier oportunidad y riesgo de que pueda conllevar una decisión estratégica del gobierno”.
“Esto nada más habla de la necesidad de juntarnos de vuelta con el equipo de la ANDE y poder reformular nuestra estrategia, porque esto es algo nuevo. Esto nuevo requiere muchas veces la necesidad de probar, de darnos cuenta de que hay que cambiar algunas cosas", justificó Riquelme, apelando a la apertura del mandatario para revisar sus pasos.
Seguir regalando energía al Brasil
Por su parte, el jefe de Gabinete, Javier Giménez, enfocó la problemática en la urgencia de modificar la matriz de consumo local, reconociendo que el país sigue desperdiciando su riqueza energética en el mercado extranjero por falta de infraestructura e industrias clave.
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“El 50% de la energía de Paraguay se sigue, lamentablemente, exportando cuando tenemos esta misión de utilizarla a nivel interno, crear industrias de todo tipo, y apoyar este crecimiento", disparó Giménez.
El funcionario insistió en que el objetivo central debe ser encontrar un “equilibrio sano” que permita a la ANDE cubrir costos y generar utilidades para financiar su ambicioso plan maestro a 10 y 15 años.
ANDE niega presiones
A su turno, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, intentó desmarcarse de las versiones de “aprietes” dentro del Gobierno para firmar contratos que perjudiquen a la empresa estatal. Aseguró que “en ningún momento” recibió condicionamientos y defendió las mesas técnicas previas que derivaron en las fallidas modificaciones de abril.
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Sosa detalló que, mediante los cambios anulados —el decreto 5860 y el decreto 5861— se había intentado igualar la tarifa de la inteligencia artificial con la de la criptominería, limitando además la potencia a ser contratada para dicha actividad a un tope de 250 megavatios.
“Tenemos que recordar que en los últimos tres años, en Paraguay se registró un 50% de aumento de consumo de energía eléctrica", advirtió Sosa. Apuntó que los desafíos urgentes se centran ahora en la reducción de pérdidas negras y en acelerar las obras de transmisión para evitar colapsos en el suministro.
Energía barata se seguirá cediendo
La urgencia de una política de tarifa clara cobra mayor peso al considerar el destino de los excedentes no utilizados. El propio ministro del MIC advirtió sobre las grandes pérdidas económicas que sufre el Estado paraguayo al no consumir su potencia disponible en las binacionales.
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“La energía es el producto más perecedero del mundo; vence en el segundo en la que se genera”, sentenció Riquelme.
El ministro recordó que, bajo el esquema actual de comercialización, el remanente no utilizado de Itaipú termina fluyendo hacia el mercado brasileño con precios ínfimos. “Esa energía va a seguir yendo al Brasil a un tercio del precio que estaba estipulado en el decreto hoy de industrias de hidrógeno", concluyó.
¿Qué pasa con Atome?
Tras la anulación de los decretos, se le consultó al titular de la ANDE sobre la situación de la empresa Atome, la multinacional de fertilizantes que proyecta una millonaria inversión en el país. Sin embargo, Sosa señaló que el megaproyecto no se verá afectado por el recule del Ejecutivo.
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“En realidad, Atome tiene un contrato firmado en el año 2022 con la tarifa del Pliego N.° 21, que es la tarifa vigente. La empresa no tiene contrato firmado con este decreto", puntualizó Sosa, confirmando que la operación de la firma británica continúa bajo las condiciones pactadas originalmente.
Al ser consultado sobre el precio que pagará la planta por el consumo eléctrico, el alto funcionario reveló el monto exacto de la energía. “Eso es aproximadamente, con el tipo de cambio, 33 dólares por megavatio hora (MWh), en 220 kV (alta tensión)“, detalló el presidente de la estatal.