El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, explicó este jueves que la deuda de aproximadamente US$ 280 millones con proveedores del Ministerio de Salud se debe a una combinación de factores, como la ejecución anticipada de contratos plurianuales, el crecimiento de la demanda de atención muy superior al previsto, así como a deficiencias en los mecanismos de control financiero.
En entrevista con ABC Cardinal, este jueves, el secretario de Estado señaló que los contratos para la adquisición de medicamentos e insumos médicos estaban diseñados para ejecutarse en un periodo de dos o tres años, pero que terminaron consumiendo mucho antes debido al aumento de las prestaciones de salud.
“Muchos de esos contratos se ejecutaron en un año, lo que hizo generar la presión sobre la disponibilidad financiera en un año determinado”, explicó.
Añadió que esa situación derivó en compromisos de pago que superaron la disponibilidad presupuestaria y contribuyeron a la acumulación de obligaciones con los proveedores.
Falta de integración entre contratos y control financiero
Lovera dijo que otro de los problemas que detectaron fue la falta de comunicación entre las áreas encargadas de administrar los contratos y responsables del seguimiento financiero. “El área de ejecución de contratos estaba disociada del área financiera. No se tenía información de cómo avanzaba financieramente la ejecución de un contrato”, apuntó.
El Gobierno está aplicando una herramienta de control denominado: Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (Sigevis), que integrará las plataformas de contrataciones, presupuesto y facturación electrónica, permitiendo monitorear en tiempo real las obligaciones asumidas por el Estado explicó. “Vamos a tener la trazabilidad de un contrato desde que se planifica hasta que se paga”, aseguró.
Añadió que el nuevo sistema permitirá realizar un seguimiento desde la firma del contrato hasta el pago final e incorporará automáticamente la información proveniente de la facturación electrónica para registrar los compromisos asumidos por las instituciones públicas.
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Sancionarán a funcionarios
El ministro de Economía anunció además que el decreto reglamentario de la Ley Nº 1.535, que data de 1999, ya establece responsabilidades personales a los funcionarios que ejecuten contratos sin tener disponibilidad presupuestaria.
“El funcionario que ejecute contratos sin tener disponibilidad presupuestaria de este año será pasible de sanciones administrativas e incluso penales si correspondiese”, advirtió Lovera.
Indicó también que con la medida buscan evitar que vuelvan a repetirse situaciones como las que fueron detectadas en el Ministerio de Salud.
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La demanda de atención médica se duplicó
El ministro atribuyó también el incremento de la deuda al fuerte crecimiento de la demanda de servicios públicos de salud.
Indicó que, mientras en un periodo anterior se registraron alrededor de 20 millones de prestaciones, en los primeros dos años y medio de la actual administración esa cifra superó los 40 millones. “Esas estadísticas prácticamente se duplican. Estamos hablando de más de 40 millones de asistencias”, destacó.
Agregó que la habilitación de nuevos hospitales, como el Gran Hospital de Coronel Oviedo y el Hospital del Sur, aceleró la utilización de los servicios. “Se preveía que el 100% de los servicios estarían ocupados en un lapso de un año. Esa ocupación se dio en tres meses”, dijo.
Concluyó que ese comportamiento superó las proyecciones que se realizaron durante la planificación presupuestaria.
El presupuesto de Salud ya no alcanza
Lovera reconoció que el presupuesto vigente para el Ministerio de Salud resulta insuficiente para atender el aumento de la demanda y adelantó que la cartera seguirá recibiendo recursos adicionales este año. “Si la pregunta es si el presupuesto, actualmente aprobado para el Ministerio de Salud es suficiente, la respuesta es no es suficiente”, reconoció.
Informó que el Ministerio de Economía incorporará esas necesidades en el proceso de elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, que incluirá una revisión de los programas y actividades de las instituciones públicas para reasignar recursos a las áreas prioritarias, principalmente Salud.
Lovera reiteró que el Gobierno mantiene como objetivo retornar al déficit fiscal de 1,5% del producto interno bruto (PIB) en 2028, una vez absorbido el impacto de las deudas acumuladas con proveedores de Salud y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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