Juan Pablo Nogués Peña tiene tres roles al mismo tiempo. Es el gerente de proyectos de Atome en Paraguay, la firma británica que impulsa una planta de fertilizantes verdes en Villeta y que hoy amenaza con demandar al Estado paraguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Es, según la web oficial del Conacyt, consejero titular en representación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Y es primo hermano del presidente de la República, según él mismo admitió.
La coincidencia no es solo de cargos, sino también de fechas. El 12 de noviembre de 2025, Atome pidió a la ANDE cambios al contrato firmado en 2022 y planteó una tarifa de US$ 30/MWh. Quince días después, el 27 de noviembre, Peña firmó el Decreto 4999/2025, que volvió a nombrar a Nogués titular del MIC ante el Conacyt hasta 2027, a propuesta de ese ministerio.
El 22 de diciembre, el MIC y el MITIC presentaron el informe técnico que sustentó un régimen de tarifas dolarizadas. Y el 16 de enero de 2026, Peña firmó los decretos 5306 y 5307. El segundo fijó para el hidrógeno una tarifa de entre US$ 30 y 32, según el cálculo de ABC, casi idéntica a la que Atome había solicitado.
En otras palabras, en menos de dos meses el presidente firmó tanto el nombramiento de su primo en un consejo estatal como los decretos de tarifa que coincidían con el pedido del proyecto que ese primo hermano gerencia.
Nogués niega cualquier influencia, y los documentos revisados por ABC no acreditan que la haya habido. Pero la superposición de roles y un parentesco tan cercano plantean un potencial conflicto de intereses que corresponde aclarar a la Presidencia de la República y al MIC.
La admisión: “Sí, yo soy primo hermano de Santi Peña”
ABC consultó a Nogués por mensaje a través de Whatsapp, al número de celular que figura como suyo en su currículum público del Conacyt. Se le preguntó sobre su representación del MIC ante el Conacyt y su parentesco con el presidente, si es su primo hermano, y si es hijo de María de la Paz Peña Nieto, conocida como Pacita, hermana del padre del presidente, José María Peña.
Tras esos dos mensajes, Nogués respondió mediante un audio: «Sí, yo soy primo hermano de Santi Peña». Agregó que, para él, el tema es irrelevante en relación con lo que se discute, y pidió que se lo trate con respeto y sin sensacionalismo. ABC le contestó que el parentesco es un dato relevante, sobre todo por la situación que se presentó con Atome.
Nogués sostuvo que el vínculo no tuvo ninguna influencia. «Yo con el presidente nunca hablé sobre estos temas», afirmó, y añadió que, si realmente fuera influyente, la situación de Atome sería otra. También recordó que Atome firmó su contrato con la ANDE durante el gobierno anterior, el de Mario Abdo Benítez, y que él trabaja en la empresa desde 2021.
El parentesco, por lo demás, no es un secreto. Ya figuraba en los avisos fúnebres que ABC publicó el 13 de mayo de 2020, tras la muerte de un tío en común, en los que Nogués, Santiago Peña y su esposa firman entre los sobrinos que despiden al fallecido.
El Conacyt: nombrado por Peña y una renuncia sin constancia
Nogués fue designado por decreto de Peña en 2023 como consejero del Conacyt en representación del MIC, según publicó ABC el 9 de junio de 2026. Por entonces, el ministerio estaba a cargo de Javier Giménez, hoy jefe de Gabinete del presidente.
El Decreto 4999/2025, fechado el 27 de noviembre de 2025 según el propio Conacyt, lo nombró otra vez titular para el período 2025–2027. Su considerando recuerda que la Ley 1028/1997 (art. 9) establece que los consejeros se nombran a propuesta de las instituciones que representan, es decir, que la propuesta partió del MIC.
Consultado por ABC, Nogués aseguró que ya no ejerce el cargo: dijo que está renunciante «hace varios meses ya», que cree que desde mayo, y que el ministro de Industria, Marco Riquelme, ya habría enviado un nuevo representante. Explicó que el puesto era ad honorem, que le pidieron ocuparlo en 2023 porque se necesita gente con doctorado y conocimiento científico, y que él viene del sector académico. Agregó que también integra el equipo nacional Estrategia País.
Sin embargo, la página del Conacyt sobre las autoridades del período 2025/2027, consultada el 25 de setiembre, todavía lo lista como titular del MIC, y ABC ya había advertido en junio que su nombre seguía allí. No se encontró constancia pública de la renuncia ni del nombre de su reemplazante.
Según su propio relato, además, Nogués ya trabajaba en Atome cuando el MIC lo propuso ante el Conacyt. ABC no lo halló en los listados de funcionarios del MIC, ni como nombrado ni como contratado, y su currículum en el Conacyt, actualizado por última vez el 31 de marzo de 2019, no menciona a Atome, firma a la que dijo, se unió en 2021 recién.
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Cronología: 65 días entre el pedido y los decretos
Entre la nota de Atome a la ANDE, el 12 de noviembre de 2025, y la firma de los decretos, el 16 de enero de 2026, pasaron 65 días. El informe del MIC salió a los 40 días del pedido, y el nombramiento de Nogués en el Conacyt se ubica entre ambos hitos, a 15 días de la nota.
La tarifa del Decreto 5307, según el cálculo de ABC, quedó en US$ 30–32/MWh. Atome había pedido US$ 30/MWh en un anexo a su nota del 12 de noviembre, donde sostiene que el servicio de su deuda no admite un costo mayor.
En 220 kV, cada uno de los seis conceptos del 5307 equivale a cerca del 78,9 % del mismo concepto del 5306, y el 5307 crea un grupo de consumo solo en 220 kV, justamente la tensión a la que se conecta Atome en Villeta. Ambos decretos fueron refrendados por el MIC, el MITIC y el MOPC, pero no por la ANDE, que es la que vende la energía.
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Además, el 5307 dice que las tarifas deben cubrir todos los costos del suministro, pero no cita ningún estudio de costos. También exige un plan que puede incluir generación eléctrica propia o contratada, que podría estar vinculado con el esquema de planta solar que Atome propuso después de la derogación.
El Ejecutivo no cedió en todo: fijó 15 años, menos de los 20 que pedía la empresa. Por su parte, la ANDE sostiene que su tarifa técnica ronda los US$ 44,33/MWh. Félix Sosa, entonces presidente de la estatal, replicó que esa cifra incluye pérdidas de 24,5%, que en 220 kV serían de cerca de 3%.
Consultado por ABC sobre si el incentivo lo propuso el Gobierno o lo pidió Atome, su abogado, Jorge Gross Brown, respondió que, en las conversaciones, “se presentó esta oportunidad” y la empresa dijo: “somos pioneros”. Añadió que el MIC ya le había otorgado la licencia Power to X bajo el decreto de enero, como primer beneficiario.
Como publicó ABC el 25 de setiembre, los documentos muestran una secuencia (pedido, informe y decreto), una coincidencia de cifras y un régimen cuyo perfil encaja con el de la empresa.
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Derogación y amenaza de arbitraje
El 9 de junio de 2026, tras las presiones del sector eléctrico, el Gobierno derogó los decretos, según anunciaron el jefe de Gabinete, Javier Giménez, y el ministro de Industria, Marco Riquelme. El contrato de 2022 siguió vigente, pero sin la posibilidad de congelar la tarifa por 15 años. Atome advirtió que, si la ANDE no aprobaba la tarifa pactada, el proyecto de US$ 665 millones en Villeta se caía, y desde el Gobierno se habló de que Itaipú compense a la ANDE la diferencia.
El 17 de setiembre, la empresa comunicó un aviso de controversia. Su abogado, Jorge Gross Brown, explicó que el reclamo no se funda en el contrato con la ANDE, sino en el tratado bilateral de inversión entre Paraguay y el Reino Unido, y que apunta contra la República del Paraguay, no contra la estatal.
Para llegar al CIADI, dijo, no hace falta contrato escrito: bastan promesas, notas, la licencia Power to X y conversaciones “de alto nivel” que generaron la expectativa de invertir. Afirmó que hubo diálogo con la ANDE y con “los diferentes ministerios”. A la pregunta por el MIC y la Jefatura de Gabinete respondió: “Con todos”, sin querer nombrar a los funcionarios.
La notificación abre un plazo de tres meses para negociar, que vencería a mediados de diciembre. Gross Brown habló de una inversión de US$ 1.000 millones, aunque reconoció que no tiene el monto ya gastado: dijo que es “una suma considerable”.
La tarifa sigue sin acuerdo: Atome propuso primero US$ 30/MWh y luego US$ 37/MWh, y la ANDE mantiene una tarifa técnica superior a US$ 44. Félix Sosa dijo a ABC que la empresa “no tiene nada que reclamarle a la ANDE”.
En Paraguay, Atome cuenta con siete personas, lideradas por James Spalding, exdirector de Itaipú durante el gobierno de Horacio Cartes, y por el propio Nogués, según el abogado.
Lo que falta responder
Los documentos revisados por ABC no acreditan que Nogués haya participado en el informe del MIC ni en la redacción de los decretos, ni que el parentesco con Peña haya influido en ellos, y él, además, lo niega. Pero la acumulación de roles y de parentesco en un lapso de semanas exige explicaciones públicas: de la Presidencia, que firmó tanto el nombramiento como los decretos; del MIC, que propuso a Nogués y elaboró el informe; y de Atome, cuyo gerente reúne todos esos vínculos.