El informe al que accedió ABC, dirigido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) al “Equipo Económico Nacional” – que incluye al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)-, propone un régimen tarifario dolarizado y estable por 10 años para atraer “industrias estratégicas innovadoras”, entre ellas los centros de datos vinculados a inteligencia artificial.
El documento técnico, titulado “Diseño e implementación del régimen tarifario dolarizado y a plazo extendido para el suministro de electricidad a industrias estratégicas innovadoras”, plantea que la ANDE cree una tarifa especial, denominada "Convergencia Tecnológica“, para tres sectores: economía digital y datos (centros de datos para IA y computación de alto rendimiento), vectores energéticos (hidrógeno y amoníaco verde) y materiales avanzados (ferrosilicio, aluminio verde y precursores de semiconductores).
La propuesta fue enviada al Equipo Económico Nacional cuando el ministro de Industria seguía siendo el actual jefe de Gabinete, Javier Giménez. La misma se sostiene sobre dos ejes: rl primero, la fijación de tarifas en dólares estadounidenses, para “mitigar el riesgo de descalce cambiario”, tanto para los inversores como para la propia ANDE, que tiene pasivos dolarizados por la compra de potencia a las binacionales y el servicio de su deuda externa.
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El segundo eje es la estabilidad contractual por 10 años, con fórmulas de ajuste atadas al Índice de Precios al Productor (PPI) de Estados Unidos, en lugar de la indexación actual basada en el IPC local. Según el documento, esa previsibilidad sería “condición sine qua non” para que los proyectos puedan acceder a financiamiento internacional.
El contexto: de los decretos a la marcha atrás
El documento llega como un elemento más de análisis en medio de la polémica generada por el contrato entre la ANDE y Atome, la empresa británica que proyecta instalar una planta de fertilizantes verdes en Villeta con una inversión de US$ 665 millones. Atome mantiene un contrato con la estatal desde 2022, cuya tarifa hoy se ubica entre US$ 33 y 34 por MWh, según declaraciones del propio Gobierno, pero la empresa reclama “previsibilidad” mediante una tarifa congelada en US$ 30/MWh por 15 años.
El Poder Ejecutivo había aprobado en enero de este año los decretos 5306, que creaba la figura de “industrias convergentes”, con tarifa especial para IA, Cómputo de Alto Rendimiento (HPC) y servicios en la nube; y 5307, para iniciativas “Power to X”, como hidrógeno y amoníaco verde. En abril, ambos fueron modificados por los decretos 5860 y 5861. El 5861 limitó el régimen a 250 MW, tras el rechazo de los gremios de la empresa estatal de electricidad, entre ellos el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) y la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA).
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Finalmente, el pasado 9 de junio, el Gobierno anunció la derogación de los citados decretos, según informaron el jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, y el ministro de Industria, Marco Riquelme. Sin embargo, el Ejecutivo confirmó que el contrato de tarifa con Atome sigue vigente, aunque ya no la posibilidad del congelamiento de la misma por 15 años, que mantiene activa la negociación entre la ANDE y la futura planta.
Tarifa técnica versus tarifa ofrecida
Sitrande y técnicos de la estatal venían denunciando que la tarifa técnica real de la ANDE para el régimen de grandes clientes es de US$ 44,33 por MWh, muy por encima de los US$ 30 que reclama Atome qie se le fije por 15 años. Según los sindicalistas, esa diferencia representaría un "millonario subsidio" que terminaría siendo absorbido por todos los usuarios del servicio eléctrico mediante futuras modificaciones tarifarias.
El presidente de la ANDE, Félix Sosa, sostuvo que esa cifra de US$ 44,33 incluye pérdidas técnicas y no técnicas —es decir, el robo de energía—, que rondan el 24,5% del total comprado por la estatal. Argumentó que, al conectarse directamente en 220 kV, las pérdidas de Atome serían apenas del 3%, acercando el costo real al de generación, que estimó en torno a US$ 27-28 por MWh.
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Además, anunció que con la nueva incorporación de generación de energía eléctrica, cuya tecnología es más cara, el costo marginal de la ANDE será más caro. “Nuestra proyección es que al año 2043, el costo medio estaría aproximadamente en los 50 dólares“, explicó tras una reunión con socios de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).
El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, por su parte, defendió el acuerdo con Atome, calificándolo como “un pilar fundamental para la industrialización del país” y enfatizó el ahorro en pérdidas de transmisión y el potencial de sustitución de importaciones.
Lo que prometen y lo que advierten
El propio documento técnico - mencionado en el “Visto” de los decretos 5306 y 5307 de enero pasado- anticipaba un mecanismo de control. Establece que los proyectos beneficiados deberán someterse a revisiones técnicas periódicas a cargo del MIC, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y la ANDE, para verificar que no deriven hacia actividades excluidas, como la minería de criptoactivos, bajo pena de rescisión inmediata del contrato y penalización retroactiva.
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Pese a esa salvaguarda planteada en el papel, los críticos del régimen especial creado por decreto, insisten en que el esquema compromete las reservas hidroenergéticas del país en momentos en que Paraguay pierde 6.933.583 MWh al año por robos y deficiencias técnicas.
Desde el sector privado, entretanto, el representante de Atome, James Spalding, sostuvo que el acuerdo "no significa daño patrimonial para la ANDE" y recordó que la propia estatal había reconocido un costo de generación de US$ 27 por MWh el año pasado. “Hoy con US$ 30 la ANDE no pierde dinero”, afirmó.
Qué sigue
Con los decretos 5306 y 5307 ya derogados, el futuro del contrato con Atome quedó en manos de una nueva negociación. El presidente de la ANDE señaló que continuará el diálogo con la empresa y no descartó que surjan "ideas creativas“. Entre ellas, desde el gobierno se habló de la posibilidad de que Itaipú compense a la ANDE por la diferencia tarifaria para destrabar el proyecto sin descartar la instalación de la planta en Villeta.
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El documento al que accedió ABC, sin embargo, queda como evidencia de que la lógica de tarifas dolarizadas y a largo plazo para “industrias convergentes” —el mismo concepto detrás de los decretos derogados— fue diseñada y elevada formalmente al equipo económico del Gobierno meses antes de que la polémica estallara públicamente.