Ante el anuncio de la firma Atome sobre su intención de someter una reclamación a arbitraje contra el Estado paraguayo por cientos de millones de dólares, gremios y funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) emitieron una carta abierta a la ciudadanía.
En el comunicado, las organizaciones califican el reclamo como improcedente y denuncian un intento de presión para lograr privilegios tarifarios injustificables.
El conflicto se remonta al 3 de mayo de 2022, fecha en la que la ANDE y Atome suscribieron un contrato de suministro de energía eléctrica en 220 kV para una planta industrial en Villeta, sujeto a la Categoría 620 del Pliego 21.
El acuerdo inicial contemplaba una vigencia de 10 años prorrogables y establecía expresamente que el usuario debía adecuarse a cualquier modificación de estructura o reajuste tarifario.
Si bien el contrato fue modificado posteriormente mediante tres adendas (en noviembre de 2022, julio de 2023 y septiembre de 2024) para ajustar la potencia reservada y el plan de puesta en servicio, ninguna de ellas alteró el régimen tarifario ni garantizó tarifas fijas a la empresa.
La cuarta solicitud y el rechazo de la ANDE
En noviembre de 2025, Atome presentó una cuarta solicitud de modificación contractual de gran envergadura, que incluía contratos a 20 años, una tarifa integrada fija de 30 USD/MWh por los primeros 10 años y cláusulas especiales de arbitraje internacional.
Sin embargo, mediante la Nota de Presidencia N° 2380/26 del 26 de junio de 2026, la ANDE respondió formalmente que no resultaba factible modificar las condiciones del contrato original.
Paralelamente, el Poder Ejecutivo había dictado en enero de 2026 el Decreto N° 5307/26 que creaba el grupo de consumo “Energía a X” y, posteriormente en abril, el Decreto N° 5861/26 que fijaba un límite máximo de 250 MW.
No obstante, ambos decretos fueron dejados sin efecto el 9 de junio de 2026 por el Decreto N° 6214/26 al determinarse que resultaban perjudiciales para la institución e imponían un subsidio injustificado a un sector particular en detrimento de los demás consumidores nacionales.
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Riesgo asumido de forma voluntaria
Los gremios sostienen que Atome anunció su decisión final de inversión en abril de 2026 a pesar de que las modificaciones contractuales solicitadas nunca fueron aprobadas ni concretadas.
Por lo tanto, al avanzar bajo esas condiciones, la empresa asumió un riesgo propio y voluntario cuyas consecuencias no pueden ser trasladadas ni responsabilizadas al Estado paraguayo, según exponen.
Finalmente, el comunicado advierte que la pretensión de Atome de vincular acuerdos de financiación previos, hechos antes de la existencia de los decretos derogados, con un arbitraje internacional bajo el Tratado Bilateral de Inversión (Reino Unido-Paraguay) carece de sustento jurídico.
Ante este escenario, los gremios exigen a las autoridades nacionales mantener una posición firme en la defensa de los intereses soberanos y la credibilidad del país.