En un comunicado, dado a conocer ayer, gremios de varios sectores señalaron que Paraguay atraviesa una etapa de crecimiento económico, cuenta con grado de inversión otorgado por dos calificadoras internacionales y recibe un mayor interés externo para la radicación de capitales. Sin embargo, la seguridad jurídica sigue siendo la debilidad, dijeron.
Frente a ese escenario, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), el Club de Ejecutivos, Horizonte Positivo Paraguay (H+) y Pacto Global Red Paraguay reclaman reglas claras y una aplicación igualitaria de la ley.
El pedido apunta a que los procesos en curso, las medidas correctivas y las reformas produzcan resultados concretos, con responsabilidades definidas y mejoras institucionales que puedan verificarse.
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Seguridad jurídica e inversión: el reclamo de las organizaciones
La declaración señala que Paraguay busca proyectarse ante los inversores internacionales como un país estable, previsible y confiable.
Sin embargo, las organizaciones firmantes advierten sobre diferencias entre esa imagen externa y algunas prácticas institucionales que enfrentan ciudadanos y empresas dentro del país.
El planteamiento tiene una dimensión económica porque, según el documento, las decisiones de inversión y generación de empleo necesitan un marco en el cual la ley se aplique por igual y los controles estatales cumplan su función.
“Lo que se promete afuera debe poder verificarse adentro”, señala el comunicado.
Caso Hernán Rivas pone bajo la lupa los controles del Estado
El pronunciamiento toma como referencia la reciente sentencia contra el exsenador Hernán Rivas.
Las organizaciones sostienen que el caso expone fallas de control en distintas instancias estatales y reclaman una investigación que permita esclarecer cómo una situación de esa naturaleza atravesó sucesivos controles hasta llegar a un cargo de alta responsabilidad pública.
El documento también plantea la existencia de responsabilidades políticas e institucionales cuando los mecanismos de verificación no funcionan.
Según el texto, las instancias que participaron en designaciones o tenían a su cargo la revisión de antecedentes deben explicar lo ocurrido y determinar qué controles fallaron.
“Cuando las instituciones fallan, el costo nunca es abstracto. Lo pagan ciudadanos, trabajadores y empresas, y con mayor dureza quienes tienen menor capacidad para defender sus derechos”, resalta el documento.
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Registros públicos y procesos judiciales también generan preocupación
Las organizaciones señalan que la discusión excede un caso particular. La nota menciona irregularidades conocidas en procesos judiciales y registros públicos, además de debilidades en los sistemas de registro, notificación y control.
De acuerdo con el documento, estas deficiencias pueden afectar de forma directa a trabajadores y familias. El texto cita denuncias sobre embargos y otras actuaciones efectuadas sin conocimiento efectivo de las personas afectadas.
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Qué cambios reclaman para fortalecer la seguridad jurídica
El pronunciamiento pide que se determinen las responsabilidades cuando fallen los controles y que se apliquen las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico. El reclamo abarca responsabilidades políticas, administrativas y judiciales cuando correspondan.
También propone reforzar los mecanismos de verificación para el acceso a cargos de alta responsabilidad pública y asegurar que los registros públicos sean trazables, íntegros y confiables. El documento pone especial atención en los registros educativos, judiciales y patrimoniales.
Otro de los puntos se refiere al sistema de justicia. Las organizaciones reclaman mayor independencia, profesionalización y rendición de cuentas, con los mismos estándares legales para cualquier ciudadano, sin distinción por posición o influencia.
“La seguridad jurídica no es un concepto reservado al sector privado. Es una garantía básica de convivencia: reglas claras, controles que funcionen, autoridades responsables y consecuencias cuando esos controles fallan”, explica el comunicado.
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Grado de inversión y crecimiento necesitan respaldo institucional
El comunicado sostiene que Paraguay cuenta con una oportunidad para consolidar su crecimiento y atraer más inversión.
A criterio de los firmantes, las cifras macroeconómicas y las calificaciones internacionales no bastan para sostener esa perspectiva. La confianza en las instituciones y la previsibilidad para inversores y ciudadanos también forman parte de las condiciones necesarias para alcanzar esas metas.
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