Paraguay atraviesa un momento auspicioso: crecimiento económico, grado de inversión otorgado por dos calificadoras internacionales y un creciente interés externo por radicar capitales en el país. Ese mensaje —el de un Paraguay estable, previsible y confiable— solo será sostenible si puede verificarse también, todos los días, dentro de nuestras fronteras.
La reciente sentencia contra el exsenador Hernán Rivas expone fallas de control en distintas instancias del Estado que deben ser investigadas y esclarecidas. Más allá de la responsabilidad individual determinada en ese proceso, el caso obliga a preguntarnos cómo fue posible que una situación de esta naturaleza atravesara sucesivos controles y llegara hasta una posición de alta responsabilidad pública.
Existe también una responsabilidad política e institucional que no puede ser ignorada. Quienes ejercen cargos públicos, participan en procesos de designación o tienen la obligación de verificar antecedentes deben asumir las responsabilidades que correspondan cuando los controles fallan. Cada instancia involucrada debe explicar qué ocurrió, identificar qué mecanismos no funcionaron y adoptar medidas concretas para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.
No se trata de un hecho aislado. Otros casos conocidos, como los relacionados con irregularidades en procesos judiciales y registros públicos, muestran cómo debilidades en los sistemas de registro, notificación y control pueden terminar afectando directamente a trabajadores y familias, incluso mediante procesos en los que se han denunciado embargos y actuaciones realizadas sin conocimiento efectivo de los afectados.
Cuando las instituciones fallan, el costo nunca es abstracto. Lo pagan ciudadanos, trabajadores y empresas, y con mayor dureza quienes tienen menor capacidad para defender sus derechos.
Para nuestras organizaciones, esta no es una preocupación ajena. Quienes invierten, generan empleo y apuestan por el crecimiento del Paraguay necesitan la certeza de que la ley se aplica por igual a todos, que los controles funcionan y que las posiciones de poder no otorgan privilegios frente a las reglas y responsabilidades que rigen para el conjunto de la sociedad.
Por ello, consideramos urgente y prioritario:
1. Determinar las responsabilidades que correspondan y asegurar las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico cuando fallen los controles, incluyendo, cuando corresponda, responsabilidades políticas, administrativas y judiciales.
2. Fortalecer los mecanismos de verificación y control para el acceso a cargos de alta responsabilidad pública, así como garantizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de los registros públicos, especialmente los educativos, judiciales y patrimoniales.
3. Fortalecer la independencia, profesionalización y rendición de cuentas del sistema de justicia, de manera que la ley se aplique con los mismos estándares a cualquier ciudadano, independientemente de su posición o influencia.
La seguridad jurídica no es un concepto reservado al sector privado. Es una garantía básica de convivencia: reglas claras, controles que funcionen, autoridades responsables y consecuencias cuando esos controles fallan.
Paraguay tiene hoy una oportunidad genuina de consolidar su crecimiento y atraer más inversión. Pero esa oportunidad no se sostiene únicamente con cifras macroeconómicas o calificaciones internacionales. Se sostiene, sobre todo, con instituciones que inspiren confianza y garanticen previsibilidad tanto al inversor extranjero como al ciudadano.
Lo que se promete afuera debe poder verificarse adentro.
Por eso, esperamos que los procesos en curso, las medidas correctivas y las reformas necesarias se traduzcan en hechos concretos, responsabilidades claramente determinadas y mejoras institucionales verificables.
Asunción, septiembre de 2026