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El acuerdo consiste en un programa de acción con una treintena de pasos a seguir en tres grandes pilares: garantizar la estabilidad y resiliencia macroeconómicas; mejorar la productividad y fomentar el crecimiento económico; y reforzar la protección social y la inclusión. En lo único en que se están viendo ciertos resultados es en la reducción paulatina de la inflación, aunque para ello el Banco Central ha tenido que elevar fuertemente la tasa de interés con el fin de retirar circulante tras el desborde monetario de los últimos años, con el consecuente impacto en términos de contracción. No obstante, la inflación golpea más a los que menos tienen, por lo que es muy importante contenerla. Por ahora la tendencia se encamina a retomar en el mediano plazo a una franja en torno al 4% anual, pero la presión sobre los precios indefectiblemente aumentará si el gasto público continúa expandiéndose.
Al respecto, el Gobierno reitera su promesa de retornar al tope del 1,5% del PIB en el déficit fiscal para 2024, pero en los hechos nada indica que será así, antes bien todo lo contrario. Ya después de firmado el compromiso se promulgó el Presupuesto 2023 con un déficit incorporado del 2,3% del PIB, sin considerar las ampliaciones que con seguridad se plantearán y se aprobarán durante el ejercicio.
Y no solo eso. En la práctica el déficit efectivo es mayor que el que figura en los papeles, porque el Gobierno sistemáticamente “patea para adelante” sus deudas con proveedores para maquillar la contabilidad estatal. Esta situación se admite en el acuerdo, donde se señala que “las autoridades están tomando medidas para regularizar algunas partidas de gasto no registradas, principalmente de inversión pública, que se acumularon en los últimos años y que deben corregirse en el sistema contable del Tesoro”, y se afirma que esas obligaciones serán atendidas como parte de la ejecución presupuestaria de 2023 y en los dos años siguientes sin modificaciones en las metas del déficit fiscal. Sin embargo, hasta el momento no parece ser esa la realidad. Prácticamente todos los contratos de obras y adquisiciones públicas están con importantes retrasos y en el actual Presupuesto, en coincidencia con la época electoral, se volvieron a “reasignar” para gastos corrientes rígidos, especialmente aumentos salariales, montos que estaban previstos para ponerse al día.
En el acuerdo figuran otros múltiples pactos en los que se perciben pocos o nulos avances. Por ejemplo, la reforma de la deficitaria Caja Fiscal, la instauración de un sistema regulatorio para los fondos de pensiones, el control de riesgo de las empresas estatales y las asociaciones público-privadas, la sanción de una nueva ley de responsabilidad fiscal, con topes y disposiciones más estrictas sobre los gastos corrientes primarios y la remuneración del personal público, la reforma del sistema de adquisiciones y contrataciones, la reforma del servicio civil con una nueva ley de la función pública, el combate a la corrupción y la formalización de la economía. Si bien el Gobierno ha presentado algunos proyectos de ley, no ha puesto la necesaria voluntad ni ha tenido el suficiente respaldo en la clase política para sancionarlos, y mucho menos para implementarlos.
Por cuestionable que pueda ser el FMI para muchos, todo lo que se puntualiza en este nuevo acuerdo es real y pocas de las medidas recomendadas se pueden discutir. El Estado paraguayo está exhausto. Es absolutamente perentorio reducir el déficit a un nivel manejable y hacer reformas estructurales en cada una de las áreas mencionadas. Pero si se van a asumir compromisos y no se van a cumplir, de nada servirá. Paraguay necesita urgentemente hechos, no palabras.