La Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista) enfrenta una grave denuncia por parte de la familia propietaria del inmueble donde opera el Centro Municipal N.º 2 Oñondivepa, sobre 8 de Junio y Sargento Martínez, debido a una mora de 16 meses en el pago del alquiler.
Lea más: Cuenca Santo Domingo: vecinos denuncian peligro y promesas incumplidas de Luis Bello
La deuda estimada por la locación de propiedad amueblada asciende a aproximadamente G. 200 millones, situación que ha llevado a los afectados a exigir el pago total y el desalojo inmediato de la institución.
Las facturas acumuladas por servicios básicos impagos desde hace más de un año por los servicios de energía eléctrica y agua corriente suman un total de G. 21.934.300. Este monto se distribuye específicamente en dos cuentas de la ANDE, por valores de G. 2.814.000 y G. 8.810.000, y una cuenta de la ESSAP que alcanza los G. 10.310.300.
Millonaria deuda por servicios básicos e intervención de la ANDE
A pedido de la familia propietaria de la vivienda, este jueves por la mañana, funcionarios tercerizados procedieron al retiro de los dos medidores de la ANDE con los que contaba la propiedad.
Lea más: Asunción: Denuncian reparto de cargos tras internas coloradas
Los propietarios señalaron que ya habían solicitado la desconexión en reiteradas oportunidades pero que, sospechosamente, el lugar volvía a tener energía de manera aparentemente irregular.
Ante la persistencia del suministro normal de agua y electricidad a pesar de los meses de impago, Silvana Cabrera, una de las propietarias, solicitó públicamente que la ANDE y la ESSAP investiguen el caso.
Lea más: Plaza Naciones Unidas: A seis meses de su inauguración, con serios signos de deterioro
La afectada sugirió la existencia de reconexiones ilegales dentro del predio municipal, catalogando el hecho como un perjuicio directo que sigue acumulando deudas a nombre de su familia.
Destrucción y severo deterioro de una residencia lujosa
Los propietarios denunciaron además que la infraestructura del inmueble presenta un severo deterioro tras 10 años de ocupación municipal para la realización de talleres y cursos masivos. Los daños reportados por la denunciante incluyen paredes completamente destruidas, rotas y manchadas, así como el estado deplorable de elementos de lujo como un jacuzzi y armarios costosos.
Uno de los puntos más graves detallados por la propietaria es la destrucción sin autorización de costosos muebles de cocina hechos de madera, cuyo valor se estima entre 20 y 30 millones de guaraníes.
El personal municipal perforó estas estructuras para colocar candados, ignorando la obligación contractual de solicitar un permiso por escrito para cualquier modificación en la vivienda.
La familia comenzó que al menos desde diciembre de 2025 vienen recorriendo diversas oficinas de la comuna sin recibir respuestas definitivas y sufriendo un “peloteo” constante de responsabilidades. La afectada explicó cómo la burocracia les ha exigido una excesiva cantidad de trámites y certificaciones, obligándolos a pagar incluso impuestos sobre una deuda que aún no perciben.
La justificación oficial: burocracia y trabas documentales
Por su parte, el encargado del Centro Municipal N.º 2 y Jefe de Departamento, Ariel Álvarez, reconoció que el reclamo de la familia es entendible y atribuyó los retrasos a complicaciones administrativas. Según el funcionario, el proceso se alargó debido a los trámites documentales requeridos cuando uno de los propietarios pasó de la menor a la mayoría de edad.
En su descargo, Álvarez deslindó la responsabilidad de la sede local afirmando que ellos cumplen con remitir todos los papeles a la “central” de la Municipalidad de Asunción, encargada final de procesar el sistema de pagos. Asimismo, admitió desconocer las cláusulas del contrato respecto al mantenimiento, alegando que asumió el cargo hace dos años y recibió el inmueble arrastrando estas condiciones.
Hay voluntad de pagar, dice Municipalidad
En conversación con ABC, Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos de la comuna, señaló que la Municipalidad no elude su obligación de pago y que tienen la intención de regularizar la situación y pagar lo que corresponda. Explicó que el retraso se debe a que la propiedad estaba en un proceso de sucesión y que, aunque ya salió el certificado de adjudicación para los herederos, este no estaba inscrito debidamente.
Lea más: Asunción: Si gana Camilo, será “el tercer capítulo de la misma historia”, advierten
Sabaté señaló que los propietarios solicitaron que el pago se realice a una EAS (Empresa por Acciones Simplificadas), lo cual requiere un respaldo documental específico con el que aún no cuentan. Aseguró que ya se les dio las indicaciones de qué documentos deben presentar y que, una vez que estos sean verificados y validados, se procederá al pago.
Respecto al retraso en el pago de las cuentas de ANDE y Essap, Sabaté indicó que ese tema escapa a su ámbito directo y que es responsabilidad de la Dirección de Participación Ciudadana, dependencia que administra estos contratos, asegurar que el centro cuente con los servicios básicos.
El director jurídico agregó quese ha formado una mesa de trabajo para dar una solución rápida al problema. Además, indica que a raíz de este caso se ha solicitado informe y documentación de todos los demás centros municipales para evitar que se repitan estas situaciones, las cuales califica como problemas que vienen “arrastrándose de administraciones anteriores”.
Propietarios plantan postura y ratifican pedido de desalojo
Cansados de las promesas y del perjuicio económico y estructural, los propietarios ratificaron que no tienen intenciones de renovar el vínculo comercial con la comuna.
Lea más: Plazas fantasma de Nenecho: ¿Hasta cuándo pagarán los asuncenos los bonos G6?
Con el respaldo de facturas, fotografías y notas presentadas, la familia exige la cancelación inmediata de todo lo adeudado y el desalojo definitivo del centro municipal de su propiedad.
El antecedente inmediato: tensión y ruina en el Centro Municipal N° 6
Este caso se suma al reciente escándalo estallado el 28 de mayo de 2026 en el Centro Municipal N° 6 Yerutí, ubicado en el barrio Carlos Antonio López, donde el propietario Ignacio González Arias, de 80 años, denunció que la administración del intendente Luis Bello (ANR) arrastra una deuda de siete meses de alquiler.
La disputa subió de tono cuando los encargados comunales intentaron frenar, mediante el uso de la fuerza policial, las refacciones particulares que los dueños iniciaron ante el grave peligro de derrumbe por humedad y grietas.
Lea más: Inéditos documentos lo revelan: Nenecho jamás planificó obras en plazas con bonos G6
Mientras el allegado de la familia, Nelson Molinas, lamentó el destrato y el impedimento de reparar la estructura cediere, el asesor jurídico municipal, Armando Sosa, minimizó el hecho alegando que la policía intervino porque se movieron activos estatales sin permiso.
Pese a que el abogado comunal negó la mora argumentando trabas burocráticas normales, el afectado —quien depende de dicha renta para subsistir— ya inició las acciones jurídicas correspondientes para exigir el desalojo definitivo de la dependencia pública.