Una tensa disputa estalló este jueves en el Centro Municipal N° 6 Yerutí, en el barrio Carlos Antonio López de Asunción. Propietarios de un inmueble alquilado como sede del centro comunal denunciaron que la Municipalidad, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), adeuda siete meses de alquiler. A esto se sumó el supuesto peligro de derrumbe del edificio, por falta de mantenimiento.
Los propietarios denuncian que, ante la inacción de la comuna, ellos tomaron la iniciativa de encarar las refacciones necesarias, pero que las autoridades del centro comunal intentaron frenar los trabajos incluso mediante fuerza policial. Ante el destrato y la falta de cumplimiento de las obligaciones de la municipalidad, advierten que iniciarán un proceso de desalojo.
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El conflicto en el sitio subió de tono cuando funcionarios municipales exigieron al obrero contratado por los propietarios, reingresar muebles en desuso al depósito, la zona más afectada de la estructura edilicia. José Benítez, obrero privado, relató que fue amenazado por una encargada con llamar a una patrullera para intervenir la propiedad. Tras discutir con los empleados municipales, el trabajador dijo que cedió su postura para evitar mayores problemas.
Por su parte, Nelson Molinas, allegado directo de la familia afectada, lamentó el maltrato hacia los propietarios del inmueble. Explicó que la estructura edilicia está cediendo debido a la humedad acumulada y a severas grietas visibles en las paredes. Aseveró que, pese a proveer los materiales de construcción, la comuna les impide reparar su propiedad.
Millonaria deuda por el alquiler del inmueble
Ignacio González Arias, un ciudadano de la tercera edad, quien se presentó como el propietario, denunció que constituye una injusticia someter a este tipo de situaciones estresantes a una persona anciana. El afectado contó que, por su edad, ya no tiene la capacidad de acudir a diario para constatar el estado del edificio.
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Al ser consultado sobre la deuda financiera de la comuna, González Arias confirmó el perjuicio económico que sufre actualmente. Dijo que la administración municipal arrastra un prolongado incumplimiento de contrato y adeuda unos siete meses de alquiler. El afectado -que evitó mencionar la deuda acumulada- vive de dicha renta mensual, por lo que el impacto financiero familiar resulta grave.
Cansado de promesas incumplidas por parte de las autoridades, el propietario anunció medidas administrativas ante el municipio. Acudirá el lunes a la Comisión de Participación Ciudadana de la Junta Municipal para conversar directamente con los concejales. Adelantó que ya inició las acciones jurídicas correspondientes para exigir formalmente el próximo desalojo de la dependencia pública.
Comuna admite atraso y habla de malentendido
El asesor jurídico del centro municipal, Armando Sosa, minimizó la denuncia de ly afirmó que la Policía acudió al lugar debido a que se movieron de lugar bienes públicos sin autorización. Argumentó que cualquier movimiento de activos estatales requiere obligatoriamente de un permiso administrativo previo.
Respecto a la millonaria deuda denunciada, el abogado de la Municipalidad negó de forma rotunda un retraso de siete meses y aseguró que la institución se encuentra al día con los desembolsos contractuales correspondientes. No obstante, confirmó que la mensualidad fue pagada hasta diciembre.
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Justificó la demora en el pago alegando trabas burocráticas normales en el proceso, pero prometió la transferencias de dinero para la próxima semana.