La Junta Municipal de Asunción resolvió este miércoles, en sesión ordinaria, no aceptar la nueva propuesta de reestructuración planteada por los tenedores de bonos municipales. Con su decisión, los ediles volvieron a negar la autorización al intendente Luis Bello (ANR-HC), de aceptar condiciones que el pleno considera inadmisibles.
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El concejal Álvaro Grau (PPQ) calificó la nota remitida por los representantes de los acreedores como una “patoteada”. El legislador opositor criticó el tono amenazante del planteamiento y señaló que el texto muestra una abierta intención de amedrentar a las autoridades de la Municipalidad, para forzar condiciones desproporcionadas aprovechando la crítica situación financiera de la capital.
El representante del bloque opositor ratificó su rechazo a las pretensiones de los tenedores de bonos y cuestionó la finalidad de la propuesta. “Esta gente quiere tomar de tonta o de estúpida a la ciudadanía”, dijo y agregó que lo que se busca es asfixiar el presupuesto mediante exigencias unilaterales.
Tasas usurarias: La oposición denuncia chantaje de los bonistas
El principal cuestionamiento del sector opositor radica en los mecanismos establecidos para el recargo de la deuda. Grau alertó sobre la maniobra del sector financiero y denunció públicamente que los bonistas insisten en “querer cobrar interés sobre interés”. Este esquema de acumulación sobre saldos ya devengados genera el rechazo unánime del bloque, por carecer de justificación legal aceptable.
Según Grau, la propuesta plantea una modificación drástica de las tasas de interés originales mediante un cálculo que busca “promediar el porcentaje de interés de consumo que hay en el mercado financiero”. La aplicación de esta fórmula elevaría los compromisos municipales del 17% original a niveles cercanos al 30%, según el edil.
Grau calificó el planteamiento como una “avivada” que golpeará las finanzas municipales. Además, advirtió que el proyecto constituye “una locura gigantesca” que atenta de forma directa contra el patrimonio de los asuncenos.
La táctica de la Junta: “Tomar nota” para no aprobar la propuesta
El plenario de la Junta Municipal resolvió repetir la postura adoptada a finales de mayo ante la anterior intimación de pago de los acreedores. En aquella oportunidad, el intendente Luis Bello (ANR-HC) había presentado el expediente bajo la figura de un acuerdo de pago.
Al igual que en aquella oportunidad, la Comisión de Hacienda dictaminó solamente “tomar nota” del mensaje y devolver los antecedentes a la Intendencia. El dictamen encomienda a Bello que se remita estrictamente a los términos del contrato original de emisión de los bonos. Los legisladores recordaron que el jefe comunal tiene la obligación legal de pagar las cuotas vencidas sin firmar pactos paralelos.
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La decisión de la Junta Municipal se da una semana después de que el intendente Bello haya hecho alarde de haber pagado más de G. 50.000 millones de la deuda de bonos, tras llegar a un “nuevo acuerdo” con los acreedores, para evitar eventuales demandas judiciales.
El actual saldo rojo de la capital proviene de los compromisos financieros asumidos, en su mayoría, durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). La comuna acumuló caídas consecutivas en mora por el impago de cupones de intereses desde mayo de 2025 a febrero de 2026. El pasivo total acumulado por la Municipalidad con los inversionistas trepó hasta los G.145.493 millones.
El esquema de pagos: Cuotas millonarias y saldos diferidos
El plan de reestructuración propuesto por los bonistas establece un cronograma de desembolsos dividido en dos etapas principales. La primera fase requería el pago de G. 50.941 millones para cubrir cinco cupones de intereses compensatorios vencidos durante el año pasado. Según lo expuesto por el intendente Luis Bello, ese desembolso ya fue ejecutado.
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La segunda etapa de la propuesta establece el pago obligatorio de una cuota de G. 41.101 millones para el 15 de septiembre de 2026. El documento añade que el cumplimiento de este desembolso permitirá congelar las demandas en los tribunales. Los acreedores ofrecen diferir un saldo de G. 181.048 millones en concepto de capital e intereses hasta marzo de 2027.
Deudas acumuladas, desvíos y obras paradas
Mientras busca resolver la situación financiera, Bello prosigue el lento avance de las obras de infraestructura que su antecesor había prometido con la emisión de bonos G8 (2022). La semana pasada, negó que haya paralización de los trabajos, aunque admitió el desfinanciamiento en el desagüe pluvial de General Santos, cuya palada inicial se dio hace más de 14 meses, sin avances en el terreno.
Ese proyecto, así como los desagües de San Pablo, Abasto y Santo Domingo, fueron prometidos por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con los bonos G8, de G. 360.000 millones. Su gestión, sin embargo, desvió el dinero y provocó serios retrasos en los proyectos por falta de pago a las contratistas. De las 8 cuencas que prometió, apenas empezó 4.
Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó que mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de esos fondos a salarios y otros gastos corrientes. Ante la contundencia del informe, Rodríguez renunció a la Intendencia en agosto, porque era inminente su destitución.
Su gestión enfrenta al menos 8 causas penales, entre ellas una acusación por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”. Pese a estas irregularidades, Nenecho intentó volver a la Junta como concejal, pero el electorado lo aplazó rotundamente.