Una moderna infraestructura terminada hace meses se erige en el barrio Reducto de San Lorenzo como un símbolo paradójico de la salud pública paraguaya: por fuera, un edificio impecable; por dentro, una estructura vacía, desmantelada por la delincuencia y sin habilitación formal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS).
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La Unidad de Salud Familiar (USF) “La Victoria” representa la cruda realidad que enfrentan miles de familias vulnerables de la zona. A pesar de que el terreno fue donado por la Municipalidad de San Lorenzo y la construcción demandó un alto presupuesto estatal, el recinto jamás recibió el equipamiento, los insumos ni el stock de medicamentos prometidos.
Atención humanitaria entre paredes vacías
Pese a las insólitas condiciones de trabajo, el equipo de salud —encabezado por un médico especialista en Medicina Familiar, dos licenciados y dos agentes comunitarios— cumple funciones en el lugar desde el mes de enero. Ante la falta de presupuesto oficial para amoblar el recinto, el personal tomó una decisión desesperada para no desamparar a los pobladores.
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“Estamos trabajando con los muebles que trajimos de nuestra casa. Cuando llegamos en enero, la unidad estaba desatendida y sin nada. Hacemos todo lo que podemos en función de lo que tenemos para censar y atender a la comunidad”, dijo el Dr. Carlos Rogelio Rojas, médico de la USF La Victoria.
Rojas explicó que, tras reportar el estado del inmueble a la undécima región sanitaria, se gestionaron reparaciones estructurales mediante la empresa constructora. Sin embargo, la unidad sigue inhabilitada formalmente, sin acondicionadores de aire instalados, camillas oficiales ni provisión de remedios básicos.
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Vecinos forzados a migrar o a gastar de su bolsillo
Para los habitantes del barrio Reducto, el no funcionamiento de la USF representa un golpe severo a su calidad de vida. Familias de escasos recursos, personas de la tercera edad y enfermos crónicos se ven obligados a trasladarse hasta centros asistenciales distantes como el Hospital Calle’í o el centro asistencial de Ñemby, viajes que implican costos altos.
Carmelo Bayú, un vecino del barrio con el 75% de discapacidad física, hipertenso, diabético y con afección ocular severa, relató el drama que vive junto a su esposa: “Acá estando pegados a este centro no conseguimos la respuesta que necesitamos. Somos gente humilde y pobre, vivimos con el Jesús en la boca. Duele ver un edificio terminado mientras nosotros tenemos que mendigar ayuda para una curación o control de presión”, lamentó.
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La situación de desatención empuja a los pobladores a recurrir a sus acotados recursos económicos para comprar insumos médicos básicos, mientras que otros deben enfrentar la penuria de viajar enfermos hacia centros hospitalarios distantes.
Frente a esta realidad, el clamor unánime de los vecinos es la habilitación inmediata del recinto, la dotación de insumos y medicamentos esenciales y la garantía de atención médica diaria sin interrupciones.
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Inseguridad, desmantelamiento y más precariedad
La burocracia administrativa y la falta de resguardo policial convirtieron al sitio en blanco fácil para la delincuencia.
Según denunciaron los propios vecinos y el concejal municipal Waldo Gómez, personas desconocidas han desmantelado paulatinamente las instalaciones, sustrayendo desde los equipos de aire acondicionado hasta las piezas sanitarias e inodoros. Esta compleja crisis sanitaria sitúa a los distintos sectores involucrados en posturas contrapuestas.
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Por un lado, el personal médico y de enfermería asignado a la unidad sobrevive en un estado de atención parcial. Aunque han logrado censar a más de 1.300 pacientes de la comunidad con el fin de avanzar en el diagnóstico poblacional, se ven forzados a trabajar utilizando sus propios muebles y pertenencias traídas desde sus hogares.
Ante esta precariedad, los profesionales de blanco exigen con urgencia la entrega formal de equipamiento médico homologado, insumos asistenciales y mobiliario adecuado para poder brindar una consulta digna a la población vulnerable.
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Por otro lado, la concejalía municipal de San Lorenzo levantó la voz para denunciar la grave pérdida patrimonial que representa el saqueo de las instalaciones en un predio que fue expresamente donado por el municipio para beneficio de la salud pública.
Las autoridades locales exigen una intervención firme del Ministerio de Salud Pública para que regularice el estatus de la unidad, combinada con la asignación permanente de custodia policial que frene la ola de hurtos y vandalismo en el lugar.
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Mientras las gestiones institucionales se mantienen congeladas y el Ministerio de Salud prolonga la habilitación indefinidamente, más de 1.300 pacientes censados en el barrio Reducto siguen esperando que la infraestructura deje de ser un cascarón vacío y se transforme finalmente en el centro asistencial digno y funcional que la comunidad merece.