El sistema de salud pública paraguayo atraviesa una de sus tormentas institucionales más complejas de los últimos años.
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Una ola de renuncias presentadas por jefes de servicios y médicos especialistas en diversos centros asistenciales del país ha encendido las alarmas sobre una inminente parálisis operativa en la atención médica, en el marco de una dura disputa con el Gobierno nacional por mejoras salariales y la implementación de una carrera sanitaria justa.

El conflicto, impulsado por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), se intensificó tras la falta de acuerdo en las negociaciones para elevar el salario base profesional a 8 millones de guaraníes.
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La postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumenta una imposibilidad financiera para cubrir dicho monto, mientras que el gremio médico sostiene que la asignación actual —reducida a unos 4.100.000 a 4.200.000 guaraníes netos tras recientes descuentos previsionales por 12 horas semanales— resulta insostenible para profesionales con más de 15 años de formación académica y alta especialización.
Descontento en el interior: el caso del Hospital General de Itapúa
Uno de los focos de mayor tensión se registra en el departamento de Itapúa. La Dra. Eliza Núñez, representante departamental de Sinamed y jefa del área de Urgencias Pediátricas en el Hospital General de Itapúa, confirmó la renuncia colectiva de 13 jefes de servicio de dicho centro asistencial.
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El Hospital General de Itapúa es un centro asistencial de referencia e institución-escuela donde se forman decenas de médicos residentes en especialidades clave como traumatología, cirugía, anestesiología y pediatría.

La salida de sus coordinadores amenaza con dejar acéfalos servicios críticos para todo el sur del país. “No podemos seguir callando y ser cómplices de un sistema de salud criminal. No hay insumos básicos, faltan antibióticos y reactivos en urgencias. Trabajamos en una precariedad absoluta donde el único perjudicado es el paciente pobre”, dijo la doctora, que es especialista en emergencias pediátricas.
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Núñez, la única especialista en urgencias pediátricas del sector público en el interior del país, enfatizó la gravedad de la escasez cotidiana en los hospitales regionales, donde con frecuencia se carece de insumos básicos como sueros, antibióticos específicos (como ceftriaxona o cefotaxima) o ambulancias de derivación inmediata.
La guerra de cifras: mesa de entrada vs. discurso oficial
El conflicto ha derivado en una agria batalla dialéctica sobre la cantidad real de renuncias efectivizadas. Mientras representantes del Ministerio de Salud Pública y sectores de prensa afines a este gobierno afirman que las dimisiones contabilizadas no superan las 30 a escala nacional, la dirigencia de Sinamed asegura que la cifra sobrepasa las 300 notas presentadas y proyectan un éxodo masivo que podría alcanzar a miles de profesionales.
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Los representantes médicos argumentan que existe una estrategia institucional de “cajoneo” y minimización de los expedientes presentados para restarle fuerza al reclamo social.
Evolución de la crisis sanitaria en cifras
- Reivindicación salarial: Solicitud de salario base de G. 8.000.000 para profesionales médicos.
- Salario neto actual: G. 4.100.000 a G. 4.200.000 por vínculo de 12 horas (post descuento 16% jubilación).
- Dimisiones en Itapúa: 13 jefaturas de servicio dimitidas en el Hospital General de Itapúa.
- Discrepancia oficial: Salud reporta menos de 30 renuncias formalizadas; el gremio afirma tener más de 300 en proceso.
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Tensión política y futuro del servicio de salud
La polarización del debate ha escalado a acusaciones cruzadas sobre gastos públicos en la estructura del Estado, nepotismo y mala gestión presupuestaria versus la responsabilidad ética del personal médico de no abandonar a la población doliente.
Con servicios vitales en riesgo de desarticulación en hospitales emblemáticos como el Hospital de Trauma, el Hospital Nacional de Itauguá, el Hospital Pediátrico Acosta Ñu y el Ineram, la sociedad paraguaya observa con profunda preocupación el desenlace de esta crisis, donde la salud comunitaria y la estabilidad del gasto público se encuentran en un delicado equilibrio.
