El 10 de setiembre pasado se cumplió el plazo de 15 días hábiles que la Cámara de Diputados otorgó al titular del Ministerio del Interior, Enrique Riera, y al comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero, para que informen sobre la situación real de las comisarías, subcomisarias y puestos policiales del país, sin que ninguno se haya pronunciado aún al respeto.
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El requerimiento surgió tras el brutal ataque al Puesto Policial N.º 4 de Colonia Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, Canindeyú, ocurrido en la noche del 21 de julio pasado.
El atentado, que costó la vida a dos agentes policiales y un civil, dejó al descubierto una triste realidad común a muchas sedes policiales, en especial en el interior, donde numerosos policías deben cumplir sus tareas en condiciones de precariedad absoluta.
En el lugar fueron asesinados el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios, de 40 años; el suboficial inspector Herminio Ojeda González, de 33 años, y Josemar Escobar Piris, de 37 años.
El ataque fue perpetrado por un grupo de al menos diez hombres armados que dispararon sin mediar palabras y posteriormente incendiaron la precaria sede policial. Según una pericia balística, los atacantes utilizaron diez armas, las cuales son fusiles calibre 7.62, fusiles calibre 5.56, escopetas calibre 12 y una pistola calibre 9 milímetros.
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La repartición policial funcionaba en una frágil estructura de madera y contaba con un único vehículo para patrullar toda una comunidad. Gracias a una iniciativa de la Comisión Vecinal local, se había logrado edificar otra sede, en una propiedad cedida por un lugareño, a pocos metros de la primera. Ambos locales fueron afectados por el atentado, al igual que la patrullera.
A falta de un completo informe oficial, los reportes de nuestros corresponsales de distintas localidades del país dan cuenta del panorama de la situación de distintas sedes policiales, que se puede observar en el siguiente mapa:
San Pedro, con precaria infraestructura y escasez de patrulleras
El 27 de julio pasado, por ejemplo, publicamos el reclamo de comunidades rurales de San Pedro de mejor infraestructura y patrulleras para fortalecer la seguridad en la zona.
El reporte de nuestra corresponsalía de San Pedro, da cuenta de que este departamento cuenta con una población cercana a los 400.000 habitantes y dispone actualmente de 1.171 efectivos policiales, distribuidos en 34 comisarías, 40 subcomisarías y siete puestos policiales.
Sin embargo, unos 200 uniformados están comisionados a otras instituciones del Estado, mientras que el sistema de rotación por turnos de ocho días reduce significativamente la cantidad de agentes disponibles para el servicio diario, que son de poco más de 400 policías activos cada día para todo el departamento.
El material señalaba que la Subcomisaría Nº 34 de Piri Pucú funciona en un precario edificio de madera y carece de patrullera.
En cuanto a la movilidad, el departamento dispone de apenas 84 patrulleras operativas, mientras que varias dependencias continúan sin ningún vehículo para realizar patrullajes o responder a emergencias. Además de la sede de Piri Pucú, las demás subcomisarías sin patrulleras se detallan en la infografía.
Comisaría de 25 de Diciembre solo tiene una moto
Una publicación del 7 de setiembre pasado, por ejemplo, nuestra corresponsalía se hizo eco del reclamo de vecinos de la colonia San Isidro, del municipio de 25 de Diciembre, San Pedro, que piden a la Comandancia de la Policía Nacional la provisión de una patrullera para el Puesto Policial Nº 9 de esta comunidad.
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Los pobladores de la colonia San Isidro -que tiene 2.000 habitantes- señalaron que el Puesto Policial cuenta únicamente con una motocicleta que se utiliza para el recorrido de los uniformados. Con el biciclo no pueden ingresar en muchos lugares, especialmente en temporadas de lluvia, por lo que urgen a la Comandancia de la Policía Nacional la entrega de una camioneta en buen estado para la unidad.
En esta localidad, no hay reclamos en cuanto a la infraestructura del Puesto Policial, que se encuentra en buenas condiciones y tiene seis efectivos designados por la Dirección de la Policía Nacional de San Pedro, al mando del comisario Eladio Martínez.
Goteras, filtraciones y reparaciones urgentes, postergadas en Paraguarí
El 4 de agosto pasado, nuestra corresponsalía de Paraguarí expuso que la mayoría de las comisarías de los 18 distritos del noveno departamento presentan deterioro en su infraestructura.
Filtraciones, goteras en oficinas, dormitorios y celdas , sanitarios en mal estado y dormitorios que requieren reparación son situaciones prácticamente comunes a las dependencias policiales de este departamento.
El material destaca que la realidad de varias comisarías de Paraguarí refleja años de falta de mantenimiento e inversión.
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Recuerda que en 2022, la entonces directora de la Policía Departamental, comisaria Martina Ortellado, había realizado un relevamiento sobre la situación de las sedes policiales. Sin embargo, las mejoras solo alcanzaron a trabajos considerados urgentes en Yaguarón y parte de la cocina de la Comisaría de Caapucú.
Comisaría de colonia Oñondivepa, al borde del derrumbe
El 7 del mismo mes, desde San Pedro compartimos el deplorable estado edilicio de la Comisaría Nº 31 de la colonia Oñondivepa, San Estanislao, prácticamente al borde del derrumbe. La colonia Oñondivepa (ex Cururuo) queda distante a 32 kilómetros del casco urbano de Santaní, con una población aproximada de 15 mil habitantes.
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“Lo que la gente clama a la Comandancia de la Policía Nacional y a los demás organismos es la solución de este problema, atendiendo a que la infraestructura de nuestra comisaría ya no da ninguna garantía para seguir funcionando en estas condiciones, poniendo en constante peligro a los uniformados asignados a la dependencia”, remarcó el presidente de la Comisión de Fomento y Desarrollo de la comunidad, Genaro Cabrera.
Los colonos señalaron a nuestro corresponsal que la Comandancia de la Policía Nacional está en conocimiento del caso desde hace varios años, pero que no tuvieron una respuesta favorable de parte de los sucesivos comandantes para concretar el proyecto de mejoramiento.
De hecho, una publicación anterior, del año 2022, expone la precaria instalación policial mencionada.
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El informe que espera la repuesta del ministro del Interior Enrique Riera
Específicamente, el pedido de informe aprobado el 4 de agosto por la Cámara de Diputados, a iniciativa del diputado cartista Hugo Meza, requiere información al Ministerio del Interior y a Policía Nacional, sobre la cantidad de sedes policiales que cuentan con construcciones de madera y con construcciones de material cocido (ladrillo), que necesitan de urgente reparación, respondiendo los siguientes puntos:
- Indicar si aún existen sedes policiales ya sean comisarías, sub comisarías o puestos policiales con construcciones de madera. En caso afirmativo, a cuánto asciende (cantidad) dichas construcciones y en qué municipio, distrito o departamento se encuentran ubicados.
- Detallar la cantidad de sedes policiales que están en muy malas condiciones edilicias que necesitan de urgente reparación y lugar donde se encuentran ubicadas.
“Tuvimos un ataque a la comisaría que dejó compatriotas muertos, familias enlutadas, por eso necesitamos saber exactamente si existen aún sedes policiales, comisarías o subcomisarias en mal estado”, dijo el diputado Meza en la ocasión.
El legislador agregó que de manera extraoficial sabe que a nivel país hay unos 800 puestos policiales, entre comisarías y subcomisarías; y que aproximadamente 200 de ellas están en pésimas condiciones edilicias.
Por su parte, el 23 de julio pasado, el comandante de la Policía, César Silguero, reveló que aproximadamente 200 comisarías que se encuentran en condiciones precarias serían demolidas en la zona, pero que una vez que consigan financiamiento, las volverían a construir con materiales de calidad.
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El jefe policial hizo estas declaraciones el 23 de julio pasado, en la conferencia de prensa realizada tras una reunión de integrantes del Consejo de Defensa Nacional (Codena), luego del devastador ataque al puesto policial de Colonia Naranjito.
¿Qué pasa si Riera no responde al pedido de informe de Diputados?
Conste que la remisión del pedido de informes se hizo con retraso por la firma tardía del presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), aún así el Ministerio del Interior se hizo el “ñembotavy” y no respondió al requerimiento de la Cámara Baja, habiendo fenecido el plazo el pasado 10 de septiembre.
El artículo 192 “Del pedido de informes” de la Carta Magna señala que “Las Cámaras (del Congreso) pueden solicitar a los demás poderes del Estado, a los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, y a los funcionarios públicos, los informes sobre asuntos de interés público que estimen necesarios, exceptuando la actividad jurisdiccional. Los afectados estarán obligados a responder los pedidos de informe dentro del plazo que se les señale, el cual no podrá ser menor de quince días”.
Si bien la solicitud de informes es una atribución con rango constitucional del Congreso, la falta de castigo permite que como en este caso el ministro Enrique Riera, la ignoreimpunemente.
En varias ocasiones se intentó legislar y reglamentar este artículo constitucional, incluso pretendiendo equiparar la falta de respuesta a los pedidos de informe del Congreso con la figura penal del “desacato”, pero los proyectos fueron archivados.
Recordemos que el 21 de agosto pasado, el Ministerio del Interior informó a través de sus redes sociales la conclusión del monitoreo realizado a comisarías y subcomisarías de Concepción, pero hasta la fecha no ha socializado el resultado de dicho trabajo.