Las resoluciones, como autorizar o revocar una licencia, aplicar las sanciones de mayor peso o disponer la intervención y liquidación de una entidad, las adopta el directorio del BCP. La Superintendencia de Bancos llega con su opinión técnica: informa y recomienda, pero no resuelve.
BCP prestamista de última instancia
Esto sería solo un detalle de organigrama si el Banco Central fuera un árbitro sin intereses propios. Pero, el BCP es el prestamista de última instancia del sistema. Y quien presta tiene incentivos para esperar. Declarar inviable a una entidad asistida equivale a reconocer que la asistencia fue un error y que la supervisión no detectó a tiempo lo que estaba ocurriendo. Ese incentivo a postergar, que la literatura llama tolerancia regulatoria, es el conflicto de intereses de fondo.
El supervisor solo informa
Un esquema donde el supervisor solo informa y el prestamista decide, anula la alerta temprana.
Fiscalizar e intervenir deben estar separados de la función de prestar. Cuando, supervisar, intervenir y prestar, conviven en un mismo órgano, la intervención llega tarde y cuesta más. Las crisis bancarias de 1995 y de comienzos de los años 2000 dejaron esa lección, y la pagaron los depositantes y el fisco.
Indenpedencia desde la elección
Por eso sostengo que los órganos de regulación y supervisión del sector financiero deben ser independientes, con personería jurídica y presupuesto propios. Sus titulares deberían ser elegidos por el Congreso a partir de ternas propuestas por el Presidente de la República, con mandatos fijos que no coincidan con el período presidencial y causales de remoción tasadas en la ley.
Ese mecanismo reparte el poder de nombramiento entre dos poderes del Estado, obliga a un debate público sobre la idoneidad de los candidatos y le da al superintendente la capacidad de decir sin pedir permiso.
El Banco Central conservaría lo que le corresponde: política monetaria, sistema de pagos y asistencia de liquidez. La coordinación entre ambos se resolvería en un comité de estabilidad financiera con reglas claras de intercambio de información.
En América Latina, la superintendencia separada del banco central es la regla. Chile la consolidó en la Comisión para el Mercado Financiero; México supervisa a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Colombia, mediante la Superintendencia Financiera; Bolivia, con la ASFI. Perú es quizás el caso más cercano a lo que propongo: su Constitución otorga autonomía a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, cuyo titular designa el Poder Ejecutivo y ratifica el Congreso.
Fuera de la región, Canadá, Australia, Japón o Suiza confían la supervisión a agencias propias. En buena parte del mundo, sobre todo en economías de menor desarrollo financiero, el banco central sigue supervisando. Pero hasta quienes optaron por ese esquema levantaron muros internos. El Banco Central Europeo creó un Consejo de Supervisión distinto del que fija la política monetaria y consagró por norma la separación entre ambas funciones. El Banco de Inglaterra encargó la supervisión prudencial a una autoridad con comité de decisión propio. Ninguno de los dos deja la supervisión subordinada al órgano que presta.
La Ley 489 se sancionó en 1995, el mismo año en que estalló una de las peores crisis bancarias de la historia reciente del país. Sería deseable que su reforma no necesite otra.
(*) Economista y docente posgrado
