La vertiginosa transformación de los negocios está cambiando la estructura de los propios conflictos que llegan a los estudios jurídicos, siendo que las transferencias electrónicas y la velocidad de las operaciones obligan a investigar hechos que ya no se explican únicamente mediante cheques o documentos físicos. En ese escenario Duarte Cacavelos Abogados, estudio fundado en 2022, fortaleció su actividad en la defensa de empresas afectadas por hechos punibles contra su patrimonio.

Al frente de la firma se encuentra Guillermo Duarte Cacavelos, abogado con más de dos décadas de trayectoria. A lo largo de los años su práctica adquirió un perfil empresarial, hasta convertir a las compañías en el principal segmento de su cartera, según explica a ABC Negocios.

“Inicialmente soy abogado penalista y empecé defendiendo casos vinculados a personas de administraciones públicas; esa exposición en el ámbito penal también tuvo su impacto en los casos de empresas. Empezaron a contratar nuestros servicios para promover acciones penales cuando eran víctimas de hechos cometidos por empleados infieles”, recuerda.

Un giro empresarial

La especialización que hoy tiene el estudio coincidió con cambios profundos en las empresas. Duarte sitúa un punto de inflexión en la pandemia, cuando la necesidad de sostener las actividades a distancia aceleró la utilización de herramientas digitales y modificó los mecanismos de supervisión.

“La virtualidad y la necesidad de que todo siguiera funcionando mediante sistemas informáticos redujeron los controles humanos sobre el patrimonio de las empresas. Eso hizo que tuviéramos que ampliar nuestro equipo para llevar adelante investigaciones penales que, desde la pandemia, se multiplicaron”, señala el socio fundador del estudio.

Los registros del Ministerio Público reflejan la creciente incidencia de la criminalidad digital; las causas por estafa mediante sistemas informáticos pasaron de 278 en 2020 a 2.349 en 2024. Asimismo, entre enero de 2020 y julio de 2025, la institución contabilizó 12.642 causas por cuatro modalidades de delitos informáticos, entre ellas el acceso indebido a sistemas y la alteración de datos.

Para Duarte, el riesgo no depende tanto del tamaño ni de la figura societaria, sino de la actividad y de la facilidad para convertir productos o recursos en dinero, y aunque las entidades financieras presentan una exposición evidente, otras industrias también manejan mercaderías con liquidez comparable a la del efectivo.

Nuevas maniobras

Consultado sobre cómo identificar indicios de irregularidades o, en su defecto, cómo una organización puede proteger sus intereses hoy, Duarte señala que una diferencia mínima en los registros puede revelar operaciones organizadas. Por ello insiste en investigar las inconsistencias iniciales, sin esperar a que el perjuicio patrimonial sea mayor.

“Cualquier indicio, cualquier señal, por mínima que sea, de una posible irregularidad tiene que ameritar una investigación profunda. La velocidad con la que se producen las transacciones comerciales hoy es proporcional a la velocidad con la que se cometen hechos punibles; hemos visto casos en los que algo que parecía un error esporádico resultó ser un procedimiento repetitivo”, explica.

El abogado describe además una modalidad más compleja y, por ende, más difícil de identificar: personas que, tras conocer los controles de una organización, pueden utilizar su estructura para generar perjuicios a clientes o proveedores. En esos supuestos, plantea, el daño deja de concentrarse en el patrimonio de la propia compañía y se desplaza hacia terceros, con implicancias adicionales para la investigación y la responsabilidad de los involucrados.

Evidencia digital

El formato de las pruebas también evolucionó, ya que a los registros tradicionales se sumaron las facturas electrónicas y las transferencias internacionales. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó (septiembre de 2026) que el país superó los 50.000 contribuyentes habilitados como facturadores electrónicos.

“Antes, los métodos de comprobación eran netamente documentales; hoy hay factura electrónica, transferencias y operaciones internacionales. Tenemos que cruzar información entre países y eso requiere integración y capacitación, no solamente de los abogados, sino también de los jueces y fiscales que intervienen en estos hechos. El mercado exige una innovación permanente”, sostiene Duarte.

Liderazgo y controles

Los problemas de control no se explican únicamente por la tecnología, también dependen de cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de las empresas. Duarte observa que una parte del empresariado todavía encuentra dificultades para delegar, siendo que la concentración de funciones, afirma, puede agilizar ciertas respuestas, pero se vuelve difícil de sostener cuando crecen las operaciones y el volumen de información.

“El empresario paraguayo todavía es reticente a crear estructuras con funciones distintas; quiere hacer todo y le cuesta delegar. Eso tiene una contracara: en una persona se pueden encontrar las respuestas de todas las áreas, pero hoy la tecnología y la velocidad con que suceden las cosas hacen que una persona no pueda abarcar todo. Necesariamente hay que delegar”, expresa.

Para que esa delegación funcione, considera indispensable establecer circuitos de control y dejar constancia verificable de las instrucciones y autorizaciones. En ese punto distingue el valor de distintas herramientas de comunicación y subraya la utilidad de incorporar procedimientos de trazabilidad a las prácticas habituales de las empresas.

Información completa

Otro problema que identifica el profesional se da cuando la organización busca asesoramiento jurídico y no comparte toda la información relevante. Duarte identifica esa reserva como uno de los errores más frecuentes en el vínculo inicial con sus clientes, porque puede condicionar la estrategia de defensa antes incluso de que se conozca la verdadera dimensión del conflicto.

“El primer error que muchas veces se comete al pedir ayuda es no brindar toda la información. Si un abogado o un asesor no la recibe, puede recomendar algo que termine siendo un perjuicio para la empresa, porque desconoce un aspecto que está siendo ocultado o, al menos, que no fue comentado; la desconfianza genera errores en el asesoramiento”, advierte.

Decisiones bajo presión

Por otra parte, la experiencia de un líder también condiciona la respuesta ante una controversia ya que, a juicio de Duarte, permite evaluar el costo de litigar frente a un posible acuerdo, considerando las consecuencias de un proceso prolongado.

“Un director de empresa tiene que haber tenido experiencia con litigios. Solamente de esa manera puede sopesar si le conviene entrar a litigar o cerrar el conflicto a un costo económico que quizá parezca alto en ese momento, pero que, conociendo lo que puede pasar en un juicio, realmente no lo es”, sostiene.

En controversias patrimoniales y contractuales, el arbitraje ofrece una alternativa a la justicia ordinaria cuando existe acuerdo entre las partes; la Ley de Arbitraje de 2025 regula este procedimiento para cuestiones patrimoniales y transigibles. Duarte advierte, igualmente, que deben evaluarse sus costos, porque las partes solventan honorarios y gastos del proceso.

A la complejidad local se suma la dimensión transfronteriza. Es decir, la presencia de empresas y empresarios de países vecinos, según el abogado, exige coordinar tareas con colegas del exterior. “Hoy los abogados trabajamos en conexión con abogados argentinos, brasileños, incluso europeos. Ya no es una época en que una persona pueda brindar un servicio solo, sin equipo ni estructura, a una empresa”, afirma.

Firma en expansión

Toda esta visión y percepción del mercado se refleja en el crecimiento de Duarte Cacavelos Abogados. La firma inauguró sus oficinas bajo marca propia en el World Trade Center en julio de 2023. En mayo de 2026 habilitó un tercer espacio, en el piso 10, que se sumó a los de los pisos 6 y 14.

Actualmente, el estudio reúne a 20 personas, en su mayoría abogados y estudiantes de Derecho, según detalla su fundador. La operación combina asignación de clientes a profesionales responsables, una gerencia jurídica que coordina las gestiones y un área administrativa y financiera separada. Este año también incorporó nuevos especialistas para reforzar su trabajo en litigios penales y conflictos empresariales.

Atención personalizada

“Tratamos de mantener un perfil personalizado, pero estructurándonos empresarialmente; asignamos empresas a determinados abogados que tienen a su cargo la cartera de ese cliente. Yo trato de delegar bajo un control permanente, con un seguimiento diario de las gestiones, de lo que se hizo y de lo que falta hacer”, explica.

Asimismo, Duarte mantiene una intervención directa en actuaciones que considera centrales, especialmente los juicios orales, mientras el equipo desarrolla tareas de investigación, seguimiento y representación. A futuro, su objetivo es que el crecimiento no diluya una forma de trabajo basada en el conocimiento de cada causa y en la preparación de los pasos siguientes.

“Como les digo siempre a los abogados que trabajan con nosotros, no somos un estudio que llega a hacer solamente lo que dicen los manuales; hay que hacer más. Tenemos que saber lo que va a pasar, no enterarnos con una notificación; esa característica es la que nos diferencia y no debemos perder nunca”, concluye.