Rivas no operaba solo. A su lado se sentaba el “significativamente corrupto” Jorge Bogarín Alfonso, cuya designación se vincula a oscuros manejos judiciales. El impostor y el corrupto, juntos, juzgando a los jueces de la República.
El fiscal Jorge López Lohman imputó a un amigo de Bogarín. Bogarín empujó, Rivas puso el voto que faltaba, y López Lohman murió de cáncer sin cargo, sin sueldo y sin seguro médico. A la jueza Tania Irún la echaron con el voto de Rivas. Este año fue absuelta por unanimidad, y la Fiscalía ni siquiera apeló, señal de su falta de elementos para obtener una condena. Con los honestos, la guillotina. Con los demás, otra vara. Basta mirar una semana de abril de 2021.
El martes 20, el Jurado juzgó a Néstor Arévalo, juez de ejecución de San Pedro. Había enviado a dos narcotraficantes condenados a más de veinte años a una granja donde vivían prácticamente libres. Bogarín lo defendió: el juez “no tenía sanciones previas”. Con solo cinco presentes no hubo votos para destituirlo, y los demás tuvieron que rebajar su voto a un apercibimiento para que no saliera absuelto. Después, la justicia penal lo condenó.
Siete días más tarde, los mismos cinco juzgaron a Marcos Fernández Arce, juez de Capitán Bado. Había mandado a sus casas a seis sicarios de Minotauro, el jefe del PCC en la frontera. Era la causa de Marcelo Pecci. Fue Pecci quien los metió presos, como antes al propio Minotauro, y quien se opuso a la maniobra para llevarse el expediente a la frontera. El juez los liberó igual, aunque la Corte ya había ordenado devolver la causa a Asunción.
Esta vez hubo remoción. Pero si alguien hubiera intentado repetir la receta de Arévalo, quienes una semana antes pidieron clemencia habrían quedado en evidencia frente a los sicarios de Minotauro, en la causa de Pecci y con una orden ya anulada por la Corte. Ninguna operativa habría resistido semejante exposición. La diferencia no fue el rigor, sino el riesgo de ser descubiertos.
Porque este caso nunca fue un asunto de papeles. Hubo personas amenazadas por no dejar pasar aquella liberación, y otras que, con el tiempo, pagaron con su vida haberse cruzado con el crimen organizado. Esas estructuras siguen ahí: hoy, alguien acusado en Brasil de declarar en falso para favorecer a ese mismo entramado aspira a gobernar una ciudad fronteriza.
Y ahora la condena de Rivas, cuyo voto fue uno de los cinco que removieron a Fernández Arce, deja esa decisión expuesta a ser revisada. El juez que liberó a los sicarios de Minotauro podría volver a su despacho, cobrar salarios caídos y presentarse como víctima, entrando por el agujero que dejó un impostor. El crimen organizado ganaría dos veces.
Se debe revisar cada caso, uno por uno, con un Jurado limpio. Se impone reparar a los perseguidos, aunque ya no estén para recibirlo, e impedir que una nulidad se convierta en salvoconducto para quienes merecían salir. Con la ley en la mano y sin atajos. Y los que sentaron a un impostor a juzgar jueces tienen que rendir cuentas.
Esta condena existe gracias a una ciudadanía que no se cansó, a una prensa que no soltó el tema, a los gremios de abogados que exigieron celeridad cuando la Fiscalía no se movía y que no se callaron cuando llegó el sobreseimiento, a la fiscal Patricia Sánchez y a un tribunal que no se dejó intimidar. Ese esfuerzo no puede terminar regalando impunidad.
Cualquiera puede terminar un día frente a un juzgado: por un pedazo de tierra, un accidente, una herencia, una denuncia falsa. Quien busca un juez amigo lo tendrá mientras dure su poder, y ni un día más. Después, ese mismo juez servirá al siguiente que mande. Un juez sin dueño, recto y justo, le da justicia a cualquiera, sea pobre o rico, tenga o no padrinos políticos. Lo primero ya lo probamos, y vimos el daño que deja. Probemos ahora cumplir la Constitución y las leyes. A ver qué pasa.
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