Registros oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dejan en evidencia que el esquema de privilegios para altas autoridades se consolidó en 2025 bajo el gobierno de Santiago Peña. El caso del senador colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez es el más crítico porque tras meses de mantener el salario de sus antecesores, activó un beneficio discrecional que disparó sus ingresos.
Acorralado por la presión ciudadana tras revelarse la maniobra, Núñez anunció ayer que dejará de cobrar los G. 21.100.950 adicionales que elevaron su salario mensual a G. 63.302.850. Sin embargo, la “austeridad” llega tarde. Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, el legislador ya logró embolsillar G. 253.211.400 extra, únicamente a través de este rubro.
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Mientras tanto, en el Poder Ejecutivo, ministros y directores de entes guardan silencio sobre los disfrazados aumentos en sus salarios, contradiciendo la narrativa de “economía de guerra” que el Gobierno pregona ante la crisis de las finanzas públicas.
El decreto que “habilitó”
Al intentar justificar el sobresueldo, Núñez alegó que el beneficio existía desde 2018. Sin embargo, los registros oficiales desmienten esta versión.
Si bien el Rubro 133, en el cual están incluidas las bonificaciones por responsabilidad, figura históricamente en el Presupuesto General de la Nación para funcionarios operativos, fue una modificación técnica en el clasificador presupuestario de 2023 la que abrió la puerta al festín de bonificaciones.
Dicha normativa redefinió el concepto de “Ordenador de Gastos”, incluyéndolo como beneficiario de este plus. Pese a que el decreto ya estaba vigente, los presidentes que antecedieron a Núñez -Óscar Salomón y Silvio Ovelar- no hicieron uso de esta prerrogativa, manteniendo su remuneración en G. 37.076.740.
El “gran salto” de 2025
Basilio Núñez asumió el cargo el 1 de julio de 2024 manteniendo inicialmente el salario de sus predecesores. No fue sino hasta marzo de 2025 cuando se registró el salto patrimonial: su remuneración mensual creció un 70% de forma repentina.
Este esquema se mantuvo vigente durante un año completo, hasta que el escándalo tomó estado público. Recién entonces, Núñez calificó su renuncia como una decisión “política y ética”, omitiendo que fue el único titular del Poder Legislativo en los últimos siete años en autoasignarse tales montos.
Más que lo desmienten
La comparación con gestiones anteriores deja más al desnudo la excepcionalidad del caso Núñez. Desde 2017, los senadores Fernando Lugo (2017-2018), Silvio Ovelar (en el primer periodo 2018-2019) y Blas Llano (2019-2020) percibieron exactamente la misma remuneración (G. 37 millones), sin los sobresueldos que “Bachi” se asignó en su gestión.
Silencio de otros poderes
ABC publicó la nómina de selectas autoridades con el millonario beneficio. Aparecen todos los ministros del Poder Ejecutivo, que de un salario mensual de G. 24 millones en los primeros 16 meses del gobierno de Peña pasaron a cobrar desde 2025 más de G. 32 millones gracias a las bonificaciones por “responsabilidad en el cargo” y el aumento de gastos de representación.
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El listado también incluyó a directores de entes y ministros-asesores de Peña. Ninguno se animó a emitir opinión sobre los privilegios cobrados.
Una “ley parche” para aplacar la indignación
Para intentar aplacar la indignación ciudadana tras su “renuncia” al sobresueldo de G. 21 millones, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), anunció la presentación de un proyecto de ley que busca eliminar las bonificaciones en los tres poderes del Estado. Sin embargo, la propuesta sería una medida temporal con vigencia exclusiva para el presente ejercicio fiscal, funcionando más como un paliativo político que como una reforma de fondo.
El proyecto de ley -que contaría con el respaldo de varios de sus colegas de la bancada cartista- pretende alcanzar a una amplia nómina de autoridades, incluyendo a senadores, diputados, gobernadores, el Presidente y Vicepresidente de la República, y ministros del Ejecutivo.
Asimismo, la restricción afectaría a las cúpulas del Banco Central, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Justicia Electoral, la Contraloría y las presidencias de entes públicos.
A pesar de la extensa lista de afectados, el carácter transitorio de la norma genera dudas sobre la verdadera voluntad de austeridad del oficialismo, sugiriendo que, una vez superado el actual ejercicio fiscal y la declarada “economía de guerra”, los millonarios privilegios podrían ser restituidos sin mayores obstáculos, tal como ya dio a entender el líder de la bancada cartista, senador Natalicio Chase.