El legislador Rafael Filizzola (PDP) sostuvo que, pese a que públicamente se intentó instalar la idea de que la denuncia quedó desacreditada, una lectura detallada del propio documento evidencia limitaciones de alcance y deja fuera del análisis el período que considera más sensible: los años en que se produjo el mayor crecimiento patrimonial del mandatario.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Filizzola apunta a que la propia Contraloría reconoce que el tramo comprendido entre 2017 y 2023 constituye un “intervalo privado” no sometido a control patrimonial directo.
Según la observación del senador, es precisamente en ese lapso donde se registra el salto patrimonial más significativo: de alrededor de ₲ 1.300 millones a más de ₲ 23.000 millones.
Lea más: DD.JJ. de Peña: Contraloría explica su conclusión y niega “blanqueo”
Para Filizzola, allí radica la principal debilidad del informe. “El crecimiento patrimonial más importante y más discutido es justamente el que no fue reconstruido de manera exhaustiva”, remarcó y afirmó que a su criterio, el documento termina enfocándose principalmente en lo ocurrido después de que el patrimonio ya estaba consolidado.
La diferencia, sostiene, no es menor: una vez que existe un patrimonio multimillonario y acceso al mercado de capitales, resulta más sencillo generar rendimientos financieros, dividendos y valorizaciones que administrativamente pueden justificar nuevos incrementos.
En cambio, afirmó, la discusión central es cómo se produjo originalmente esa acumulación de capital.
“Que los números cierren no responde al origen real del dinero”
Otro punto señalado por el senador del PDP es que la Contraloría se apoyó principalmente en documentación formal: contratos, registros, trazabilidad bancaria e instrumentos financieros.
Filizzola advierte que la existencia de documentación y bancarización no equivale necesariamente a una explicación integral sobre el origen económico del capital.
Lea más: Santiago Peña parchó sus DD.JJ. en pleno examen de Contraloría
Según sostuvo, en estructuras financieras modernas, los circuitos de acumulación pueden desarrollarse precisamente dentro de mecanismos formales y regulados.
Por eso, considera que el informe puede mostrar consistencia administrativa, pero no necesariamente esclarecer cómo se generó el patrimonio que permitió ingresar a ese circuito financiero.
Reconstrucción del gasto real: otra observación
Filizzola también cuestionó que el informe no exponga una reconstrucción profunda del nivel real de gasto y consumo. De acuerdo con la propia Contraloría, para el período inicial se utilizó una fórmula presuntiva basada en que el 65% de los ingresos se destina a gastos y el 35% puede ser ahorrado.
El senador remarca que eso no implica una verificación empírica del nivel de vida, gastos personales o erogaciones efectivas. Además, señala que del informe no surge un desarrollo concreto sobre herramientas tributarias más profundas como declaraciones de IVA, consumos bancarios, movimientos de tarjetas, información del IRP o facturación electrónica.
A criterio del parlamentario opositor, una auditoría rigurosa también debe determinar cuánto gasta realmente una persona y si ese nivel resulta compatible con sus ingresos conocidos.
Dudas sobre rendimientos financieros y flujo efectivo
Otro de los aspectos observados es el tratamiento dado a los rendimientos financieros. Filizzola indicó que el informe parece asumir que, si una inversión existe y genera dividendos o intereses, esos rendimientos pasan automáticamente a integrar la capacidad económica del examinado.
Lea más: Blanqueo a Peña: Contraloría entrega informe sobre el presidente y dice que “hay correspondencia”
Sin embargo, señaló que el documento no deja claro si se verificó exhaustivamente que esos flujos hayan sido efectivamente percibidos, acreditados y disponibles. En otras palabras, plantea que existe una diferencia entre rendimientos teóricos, dividendos declarados y dinero efectivamente ingresado y utilizable.
El componente de Personas Expuestas Políticamente
El senador también considera llamativo que la Contraloría no haya desarrollado de forma más profunda el componente vinculado al régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Recordó que, incluso después de dejar el Ministerio de Hacienda, Peña seguía bajo un régimen reforzado de monitoreo financiero conforme a las normas de prevención de lavado de activos.
De acuerdo con esa observación, la condición de PEP se mantiene hasta dos años después del cese de funciones públicas relevantes.
Por eso, Filizzola considera que parte de las operaciones realizadas en ese período debieron permanecer bajo controles reforzados y que esa dimensión no aparece desarrollada en el informe.
“La Contraloría no reemplaza a la Fiscalía”, afirma
En la parte final de sus observaciones, Filizzola remarca que el examen administrativo de correspondencia patrimonial no puede convertirse en sustituto de una investigación penal.
Afirmó que una conclusión de consistencia patrimonial no equivale automáticamente a la inexistencia de delito ni descarta hipótesis relacionadas con conflictos de interés, acceso privilegiado a oportunidades financieras, tráfico de influencias u otras líneas que forman parte de una investigación más amplia.
Lea más: Rolón se reunió con el denunciado Peña para pedirle aumento presupuestario
Por eso, sostuvo que el Ministerio Público debe avanzar con herramientas propias de auditoría forense penal para reconstruir el origen económico y financiero integral del patrimonio cuestionado.
Y concluyó que el propio informe de la Contraloría reconoce límites metodológicos relevantes: uso de métodos presuntivos, dependencia de documentación formal y exclusión del período en el que ocurrió el mayor salto patrimonial.
En ese contexto, advirtió que utilizar ese documento como argumento definitivo para cerrar una investigación sería, a su criterio, insuficiente.