A más de un mes de la apertura de sobres con ofertas técnicas, el Banco Nacional de Fomento (BNF), presidido por Manuel Ochipintti Dalla Fontana, continúa sin emitir su dictamen técnico en el llamado para la adquisición de un nuevo “core bancario” para la institución, mientras crecen las sospechas de presiones y posibles direccionamientos en el concurso.
La licitación para la compra del sistema por casi G. 136.000 millones (US$ 22 millones) (ID 480207) quedó reducida a solo dos competidores locales, en medio de persistentes sospechas de favoritismo hacia Itti Saeca, firma del Grupo Vázquez ligada a Peña y reclamos por cláusulas restrictivas en el pliego.
En simultáneo al llamado, el viernes último, Santiago Peña nombró a Gerardo Manuel González Báez, hermano del apoderado de la ANR Eduardo “Presi” González, en el Directorio del banco estatal.
Llamativo nombramiento
Mediante el Decreto Nº 6461 emitido el viernes 31 de julio de 2026, el presidente de la República, Santiago Peña, nombró a Gerardo Manuel González Báez como miembro titular del Directorio del BNF en reemplazo de Claudio Antonio Bacchetta Chiriani.
El nuevo integrante de la cúpula es hermano del apoderado general de la ANR y asesor jurídico de Yacyretá, Eduardo “Presi” González, dirigente perteneciente al entorno político directo del titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.
Con la llamativa “reestructuración” de la mesa directiva del BNF, Peña ubica a un operador de directa confianza del oficialismo en la instancia final que deberá validar el dictamen técnico.
Filtros a la medida
El año pasado, el BNF debió cancelar un llamado similar, ante fuertes cuestionamientos por sospechas de direccionamientos y vicios en el pliego de bases y condiciones (PBC).
Sin embargo, el nuevo pliego elaborado por la banca para el actual llamado reincidió en criterios de evaluación restrictivos.
Entre las cláusulas cuestionadas del PBC figura la asignación de puntajes decisivos a empresas que acrediten poseer un staff local de al menos 100 trabajadores inscriptos en la planilla del Instituto de Previsión Social (IPS) y dos años de presencia operativa en el país (criterio PROV.03).
A este requerimiento se añade un criterio (PROV.02) que condiciona la participación a empresas que demuestren al menos cinco implementaciones de su software en bancos o financieras locales.
Bajo un esquema donde la propuesta técnica representa el 80% de la calificación final frente a solo un 20% económico, las exigencias de arraigo masivo de personal penalizaron de entrada a reputadas empresas internacionales que prestan servicios en la región y alrededor del mundo.
Contraste con informe
Antes de impulsar el llamado, el BNF adjudicó una consultoría de G. 1.331 millones a la firma Ernst & Young (EY) para recoger los lineamientos técnicos, económicos y de mercado que facilite la contratación.
En aquel estudio preliminar enviaron sus propuestas técnico-económicas siete reconocidas proveedoras globales y locales: Datapro, Oracle, Temenos, Stefanini Group (TOPAZ), Bantotal, Itti Saeca e Infocenter SA.
Sin embargo, multinacionales de trayectoria en el sector bancario de la región, como la uruguaya Bantotal, desde el llamado anterior, declinaron explícitamente competir tras analizar las bases redactadas por la entidad estatal.
Así la apertura de sobres realizada el pasado 29 de junio de 2026 registró únicamente la postulación de dos empresas locales: Itti Saeca y Softshop SA.
Antecedentes
Las sospechas de favoritismo hacia Itti Saeca, empresa del Grupo Vázquez, presidido por Federico Miguel Vázquez, no son nuevas y se arrastran desde la licitación anterior.
Ya en aquel proceso fallido, un potencial oferente advirtió que las especificaciones del pliego dejaban fuera a la competencia, con excepción de una única firma local.
A esto se suma el polémico caso de “puertas giratorias” de Laura Adriana Brítez Roa, exgerente de proyectos de Itti Saeca que pasó a desempeñarse como asesora de tecnología del BNF, además del incremento de los contratos de Itti Saeca con el Estado, que se triplicaron durante la actual administración de Santiago Peña hasta alcanzar los G. 17.500 millones.