La imputación contra los expresidentes de IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez corresponde a la investigación que lleva adelante el fiscal Julio Ortiz por una presunta lesión de confianza que habría causado un daño patrimonial de G. 61.000 millones a la previsional.
Además de los expresidentes, también fueron imputadas otras siete personas involucradas. El caso refiere al fracaso de obras de construcción de salas de quirófano en el Hospital Central de la previsional en la que se otorgaron irregularmente adendas al contrato con la empresa de construcción adjudicada, Neighpart SA, otorgando plazos y actas de recepción para que esa firma cobre por la ejecución de obras que, en realidad, no podían realizarse.
El senador colorado Colym Soroka criticó que hace más de 30 años muchos están “escondiditos” y aseguró que los empresarios involucrados también tienen que estar imputados.
“Acá pues solamente se mira un lado. Acá hay que mirar todo. No importa el amigo quien sea ni la empresa quien sea. Acá pues de repente se quiere enjaular al chancho y no al que le da de comer. Ustedes saben que todo el mundo pues se pelean por los fondos, pero yo me entero por el costadito ahí, con un amigo de mi departamento que me decía que los fondos de IPS se manejaba anteriormente con un grupo de WhatsApp”, sostuvo.
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Se deben “saber” los mitos del IPS
Sostuvo que este es el momento en el que todos los involucrados pueden hablar y deben hablar de cómo funciona la estructura instalada en IPS, así como también que se debe hablar de todos los “mitos” que existían sobre el manejo y robo de fondos de la previsional.
“Entonces la tortita distribuían los perros como querían. Hay que preguntar si eso es cierto, ahora que está mostrando. Vamos a saber un poco todos los mitos que se hablaba, porque la gente hablaba de mito, pero definitivamente no es tan así. Si este mito es cierto, tenemos que saber si es cierto”, indicó.
Por otra parte, habló de la ley de Hambre Cero, el cual establece un mínimo de 10% de adquisición de productos de la producción nacional a las empresas proveedores, pero según el último recuento, apenas llego al 8,7%.
Lamentó que apenas se llegue al porcentaje establecido e insistió en su propuesta de que por ley se establezca el 40% con sanciones para las empresas que no cumplan e incentivos para las que sí.
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Aumento de la producción nacional en ley de Hambre Cero
Esto, sumado a la intención del Poder Ejecutivo de adelantar los procesos licitatorios del Programa Hambre Cero de los años 2027-2030, hace que sea urgente aplicar los cambios que fortalezcan la producción nacional, según estimó.
“No nos da más el tiempo. O sea, ya no tenemos marco de poder seguir debatiendo tanto fuera del contexto de acá del Congreso. Entonces ya lo elevamos a ley, lo que es una propuesta del 40%, de pasar del 10%, que era una recomendación de decreto del Ejecutivo, a lo que es el programa Hambre Cero del 10% agricultura familiar. Ustedes sabrán que según los estudios y según lo que nos han pasado el dato, el Ministerio de Agricultura reflejan que han llegado al 8,7% nomás del contrato anterior”, lamentó.
Sostuvo que los productores tienen hoy tecnología, capacidad y una gran esperanza de seguir invirtiendo para aumentar su productividad mediante mercado seguro que aumente las ventas.
“Les es más fácil nomás comprar a los perros algunos de contrabando y solucionó su problema, que ir a un departamento, hablar con los productores, hacer las organizaciones a nivel nacional. El problema grave que teníamos antes en el campo era que no había una propuesta de comercialización, no teníamos mercado. El mejor mercado que se le planteó a la agricultura familiar se llama otra vez Hambre Cero. La yerba mate, yo le puedo pasar los videos, en mi departamento se está destruyendo porque no tiene precio, no tiene venta, no hay un producto ahora rentable dentro de la agricultura familiar y la propuesta nuestra es pasar del 10% al 40% por ley”, refirió.
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Incluso, dijo que los productores pueden cubrir hasta el 100% de la demanda nacional, pero los encargados de fomentar los espacios de comercialización “no quieren nomás”.
Otra modificación que buscaría introducir es pasar la participación obligatoria de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del 5% al 10%.