La Comisión Bicameral de Presupuesto tiene previsto definir esta semana el dictamen sobre el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2023. Según comentó ayer a ABC el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, esa instancia parlamentaria hoy prevé desarrollar la última reunión y ahí se tendrán las definiciones.

El proyecto de ley prevé un PGN de US$ 14.300 millones, con un déficit fiscal enmarcado en el tope de déficit de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero se espera la aprobación del Congreso para incluir ajustes para inversión en salud pública, por compromisos ya existentes, de modo a que dicho déficit se incremente a 2,3%, siguiendo con el plan de convergencia para 2024.

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El titular de Hacienda estima que el dictamen recomendará al Poder Legislativo respetar los topes establecidos por el Ejecutivo, en base a la proyección económica y de ingresos. De hecho, la semana última, el titular de la Comisión Bicameral, el diputado Arnaldo Samaniego, adelantó que se prevé respetar dichos topes.

PGN 2023: cóctel “explosivo”

Aún así, hay preocupación porque hoy, en el Congreso hay proyectos de leyes que prevén reducir el ingreso del Fisco y aumentar gastos, una combinación considerada “explosiva” por los economistas, pues puede terminar “estallando” en la cara de los contribuyentes.

Por ejemplo, la ley recientemente sancionada que permite la deducibilidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un 100%, la eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al gasoíl, eliminar el IVA a la canasta básica. También está el plan de la actualización de haberes jubilatorios en sector público, indemnización a exobreros de contratistas de Itaipú, además de numerosos aumentos del presupuesto 2022 y pedidos de incrementos salariales y gastos rígidos en el PGN 2023. Si todo eso se aprueba, no hay forma de financiar, ya que el impacto sería de US$ 1.800 millones, según los datos del Tesoro.

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Por esta situación y considerando la experiencia que se tuvo hace 20 años, cuando se tuvo un escenario similar de grandes desbordes en el PGN y en las cuentas fiscales, se plantea un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como en aquella época. Esa vez, la experiencia fue exitosa, recordó el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas.

Acuerdo con el FMI, ¿en qué consiste?

Para refrescar los recuerdos de aquella época tortuosa para la economía local, Haas se remontó al año 2003. “Era una época muy complicada para la economía nacional. Veníamos con numerosos problemas del área fiscal, monetario, los salarios públicos y jubilaciones se pagaban con atrasos de hasta 60 días. Era un momento muy complicado y por eso el país decide firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. Era el inicio del gobierno del presidente Nicanor (Duarte Fruto)”, comentó, en conversación con el programa Factor Clave de ABC TV.

Dijo que en ese año, se llegó a un acuerdo con el FMI que se denominó “standby”. El Fondo ofreció financiamiento a nuestro país, pero en contrapartida, le exigió una serie de condiciones para poder acceder a ese dinero.

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“Fue muy beneficioso para el país. De ese acuerdo surgieron la reforma tributaria, la reforma de la caja fiscal, del Banco Nacional de Fomento, entonces esas reformas dieron pie a números económicos muy positivos en los años venideros. De hecho que en esa administración que llegó a ese acuerdo se caracterizó por números macro muy buenos. Superávit fiscal, la Caja Fiscal propiamente de jubilaciones del sector público tenía superávit. Dio sus frutos”, añadió el viceministro.

Comentó que, lamentablemente, con el correr de los años todas esas reformas fueron perdiendo fuerzas. Numerosas leyes fueron perforando aquel acuerdo que permitió al país tener estabilidad.

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Justamente por eso, en un punto de inflexión de nuestra economía, nuevamente se plantea un acuerdo con el FMI, pero en este caso, no implica financiamiento, sino asistencia técnica. “Este acuerdo marco lo que plantea es en palabras más sencillas: ¿Cuáles son hoy los problemas de nuestro país?: Informalidad en la economía, el déficit de la caja fiscal, la falta de un supervisor de las cajas jubilatorias. Todos estos problemas, independientemente de la visión que uno pueda tener del modelo económico son problemas que están ahí y que necesitan ser atendidos. Entonces la idea es: Sentémonos a discutir estos problemas que tiene el país”, agregó.

Proyecto del Ejecutivo será ampliamente discutido

En tal sentido, según lo explicado, el ejecutivo asume el compromiso de proponer las reformas, pensarlas, redactar los proyectos y, finalmente, discutirlos en el ámbito del Congreso Nacional, que es el ámbito por excelencia donde se tiene que discutir estos temas. “Lo que nosotros alcanzamos con el FMI es un acuerdo técnico que ahora está en un circuito interno del Fondo Monetario y la idea es que eso se pueda tratar en el directorio del Fondo Monetario a finales de noviembre. En este momento todavía es confidencial porque no es final pero la idea es socializarlo después con todos, la sociedad civil, los gremios, la prensa, el sector político que es donde finalmente se va a discutir esto. Tenemos pensado reunirnos con los pre candidatos a presidente, personas que están buscando un escaño dentro del congreso nacional, entonces es una agenda muy rica en socialización de este acuerdo”, subrayó.

Indicó que son 13 ítems los que figuran en el borrador del acuerdo. El documento final pretende ser una hoja de ruta que tendrá un cronograma de dos años para que estas reformas puedan avanzar.

PGN 2023, clave para evitar desbordes

Recientemente, el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, alertó por su parte que en tres meses se puede retroceder tres años, si el Congreso da curso a iniciativas populistas que aumentarán el déficit fiscal. Eso podría derivar en una mayor carga impositiva para la población, que todavía no se recupera del golpe económico pandémico: “El presupuesto es una herramienta fundamental para el equilibrio macroeconómico. Si sale desfinanciado, desequilibrado, lo que vamos a estar haciendo es esforzar a toda la población. Porque finalmente esto sale de los impuestos”, alertó.

“Si en un caso extremo, el fisco no puede pagar salarios, pagar a los jubilados, inclusive la deuda pública, todo esto que hemos construido en los últimos 20 años, este activo que es muy importante -la fortaleza fiscal y la atracción de inversiones-, en tres meses se puede tirar por la borda”, advirtió Elizeche, dirigiéndose a los legisladores, que tienen en sus manos esta decisión.