El fiscal Julio Ortiz remitió a Laboratorio Forense escrituras públicas, tramitadas por la escribana Lourdes Mariño Galván y en las cuales figuran las firmas de la uruguaya procesada en A Ultranza, Gianina García Troche. A través de dichos documentos la mujer habría adquirido acciones de la firma Summum SA, de Alberto Koube, y adquirido un inmueble en San Roque González de Santa Curz, distrito de Paraguarí.
Dichas escrituras públicas serán sometidas a una pericia caligráfica en el Ministerio Público para determinar si las firmas que aparecen en las hojas, corresponden o no a Gianina García Troche. Esto, en el marco de la investigación relacionada a la denuncia por supuresta falsificación de firmas, que realizó García Troche.
Para dicha labor fue designada por sorteo la forense Rosmary Esmerita Morel, quien deberá analizar los trazos de la firma y determinar si son apócrifas o corresponden a Gianina García Troche, quien está investigada por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La denuncia sobre presunta falsificación de firmas fue presentada el 26 de febrero de 2026 por el abogado Daniel Garcete, en representación de Gianina García Troche. Esto, en relación a documentos firmados por Gianina García Troche entre los meses de julio y diciembre del 2020.
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Juez negó allanamiento a escribanía
En la denuncia presentada por Gianina García Troche, a través del abogado Daniel Garcete, la mujer refiere que se percató que su firma aparee en dos documentos que le presentaron sus abogados, los cuales forman parte del expediente de su causa por A Ultranza Py.
Una firma figura en un contrato público, firmado el 11 de diciembre de 2020, ante la escribana Lourdes Mariño Galván, de compra-venta de inmueble ubicado en el distrito de San Roque González de Santa Cruz de Paraguarí. Alegó que en ese tiempo “ni siquiera se encontraba por el país”.
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La otra documental a la que hizo referencia es un contrato de compra-venta de acciones de la firma Summum Sociedad Anónima (SA), el 30 de junio de 2020. El acto jurídico se llevó a cabo ante la misma notaria pública. La denunciante negó haber firmado ese documento.
Luego de resultar sorteado y asignado a la causa, el fiscal Julio Ortiz pidió autorización el pasado 4 de marzo para allanar la escribanía en cuestión.
El requerimiento lo hizo con la finalidad de incautar evidencias y objetos relacionados al hecho investigado, así como el retiro de los documentos individualizados por el plazo de 3 días hábiles, para llevar a cabo copias espejo y su posterior devolución o en su defecto realizar copias autenticadas de las documentaciones.
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Sin embargo, ese mismo día, el juez penal de garantías de turno Juan Acevedo Morel rechazó, vía providencia, el pedido del agente fiscal en atención a que su requerimiento “no cumple con los requisitos para otorgar lo peticionado”.
Ante esta negativa, el agente del Ministerio Público se constituyó en la escribanía de Lourdes Mariño Galván, donde solicitó acceso a los libros notariales, así como la copia autenticada. La notaria accedió al pedido y entregó copias, dando fe de su autenticidad de las documentaciones. Todo esto quedó registrado en acta por la Fiscalía.
No está demás mencionar que el resultado de esta diligencia, podría tener consecuencias en la causa A Ultranza Py que, para el caso de 19 de acusados, actualmente se encuentra en curso el juicio oral y público, y los citados elementos fueron ofrecidos como pruebas por la Fiscalía.
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A Ultranza: operaciones entre Alberto Koube y Gianina García
En la acusación fiscal contra Alberto Koube Ayala y otros investigados más en el caso A Ultranza Py, se hace mención a que entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2020, Koube y la imputada Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado el 13 de marzo en Bolivia y expulsado a Estados Unidos, realizaron una operación contractual.
En esa fecha se registró la compra por parte de Koube y García de la firma Summum SA, con RUC 80066750, con capital suscrito e integrado de G. 300 millones. En el contrato se establecía que Koube tenía el 70% de las acciones y cumplía la función de presidente, mientras que García quedó con el 30% de las acciones y la función de vicepresidenta.
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También en el mes de julio, Alberto Koube adquirió la empresa Are SA, aparentemente a favor de Sebastián Marset. Resalta el fiscal Deny Yoon Pak en su acusación que ambas sociedades fueron compradas después de los envíos de 1.071 kilos y 1.131 kilos de cocaína a Bélgica, a través de las firmas Maxigrains SA y Artis SA, respectivamente.
Igualmente, el 11 de diciembre de 2020, Koube adquirió y registró a nombre de la firma Summum SA, por escritura pública elaborada por la notaria Lourdes Mariño Galván, el establecimiento ubicado en Isla Loma del distrito de San Roque González de Santa Cruz, en Paraguarí, donde se ubica el establecimiento denominado “23 de Abril”, propiedad de Irma Concepción Vargas Vda. De Jara, por G. 1.800.000.000.
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Establecimiento era usado para acopio, según Fiscalía
La citada suma resultó ser una simulación pues el monto real de compra fue de G. 4.300 millones, por los que Koube firmó un compromiso de pago por contrato privado, con certificación de firmas hecha ante la escribana Norma Cristina López Bernal. Esta mujer recibió pagos con cheques diferidos, expedidos por el Grupo Tapyracuai SA, otra firma de Koube.
Es preciso señalar que, el establecimiento “23 de Abril” también habría sido utilizada por la estructura supuestamente liderada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, para el acopio de la cocaína que era introducida en avionetas con matrícula boliviana hasta la reserva Natural Cabrera Timané, ubicada en Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay.
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La sustancia bajaba en esa área del Chaco paraguayo y era cargada a otra aeronave, perteneciente al grupo criminal, para su posterior traslado hasta el establecimiento rural “San Agustín” de Benjamín Aceval, propiedad que figura a nombre del indagado Hugo Manuel González Ramos, o a la estancia “23 de Abril”, para su acopio, siempre según la acusación fiscal.
Luego esa sustancia era movilizada en camiones de tipo transganado con doble fondo. Es preciso señalar que en las estancias había ganado vacuno que era movilizado como fachada. al tiempo de desplazar la cocaína de un punto a otro. Todo esto. como actividad previa a su exportación vía fluvial hacia Europa.