El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) oficializó esta mañana la designación del abogado Pablo José Morínigo Cáceres como nuevo director jurídico de la previsional.
Si bien la institución enmarcó el movimiento dentro de un proceso de reorganización para fortalecer áreas estratégicas, el nombramiento genera atención debido a los vínculos políticos del designado con la gestión de su antecesor, José González Maldonado, actualmente bajo investigación fiscal.
Morínigo Cáceres llega al cargo en reemplazo de Enrique Galeano Moreno, quien tuvo un breve interinato de casi dos meses tras la accidentada salida de José´i González.
Dirección Jurídica del IPS: el nexo con la Procuraduría
El nuevo director jurídico se desempeñaba como delegado en la Procuraduría General de la República (PGR) —con una remuneración de G. 15.200.000—, desde donde pasa comisionado al IPS.
Fuentes institucionales señalan que Morínigo Cáceres responde directamente a la misma línea interna del exprocurador general, Marco Aurelio González, y de su hermano, el citado exdirector del IPS, José González Maldonado. El nuevo director jurídico del IPS, además, es miembro suplente del Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
La vuelta de este equipo jurídico al IPS se da bajo la sombra de la gestión de José´i González, quien se vio obligado a renunciar en abril pasado luego de que estallara un escándalo administrativo. Actualmente, la Fiscalía mantiene abierta una investigación penal en su contra por los supuestos hechos de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.
Entre las principales denuncias y críticas que pesan sobre José González y la línea que hoy vuelve a tener presencia en el cargo se destacan:
- Cobro irregular de honorarios: Se investiga el presunto doble cobro de haberes y honorarios profesionales en contravención a las normativas de la función pública durante su paso por el Estado.
- Crecimiento patrimonial desmedido: La Fiscalía indaga un presunto incremento injustificado de sus bienes, el cual no coincidiría con los ingresos percibidos legalmente en el ejercicio de sus funciones.
- Falta de transparencia en dictámenes: Durante el periodo previo, gremios de aportantes y sindicatos cuestionaron la falta de rigurosidad y la opacidad en dictámenes jurídicos clave relacionados con licitaciones de servicios y deudas con proveedores.