A través del Oficio Nº 77, el agente fiscal Christian Benítez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, requirió a la Contraloría General de la República (CGR) un reporte preciso sobre el avance del análisis de las declaraciones juradas de bienes, rentas y activos de José Antonio González Maldonado, exdirector jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS).
El fiscal solicitó específicamente que se informe el estado actual del examen de correspondencia sobre el exdirector jurídico y que se confirme si la institución dispuso auditorías sobre los honorarios profesionales cobrados por el mismo, particularmente en el juicio del IPS con el Consorcio Hotelero Sudamericano.
La Fiscalía busca determinar la razonabilidad de los pagos y si la Contraloría analizó la viabilidad jurídica de acuerdos de quita o remisión de deuda, considerando que los recursos del IPS son de carácter inembargable e intangible según el artículo 95 de la Constitución Nacional.
Además, se requiere identificar quién, cuándo y bajo qué modalidad se abonaron los honorarios, exigiendo facturas legales y comprobantes de cuentas bancarias para seguir la ruta del dinero.
Lea más: Escándalo sobre jefe jurídico del IPS llega al Tribunal de Ética de la UNA
Controloría tiene 10 días para entregar informe
La Contraloría tiene un plazo perentorio de 10 días hábiles para remitir la documentación y el estado del examen de correspondencia solicitado.
Esta causa penal contra González se mantiene abierta luego de que el IPS, bajo la gestión de Jorge Brítez, admitiera la transferencia de G. 412.500.000 al exdirector jurídico bajo el concepto de “honorarios profesionales”.
Si bien la previsional intentó justificar el desembolso como una “restitución de dinero privado”, se omitió que la resolución del Consejo no establecía ese ingreso como exclusivo para González, sino para todos los abogados litigantes.
Lea más: Consejo de Administración del IPS pide informes sobre gestión de José’i González
Ante estas sospechas de triangulación, el Consejo de Administración del IPS también ordenó un relevamiento total de los procesos y acuerdos extrajudiciales donde intervino el ahora investigado.