El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una causa penal por presunta lesión de confianza y enriquecimiento ilicito en contra de José Antonio González Maldonado, quien hasta el mes de marzo último cumplía funciones como asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS). El funcionario había sido denunciado por supuestamente agilizar pagos por gastos judiciales en los que se destinaron unos US$ 27 millones.
Para dicha investigación fue designado el fiscal Christian Benítez Cáceres, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea).
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En tal sentido, el agente fiscal solicitó vía oficio que en el plazo de 5 días se remitan copia certificada del legajo completo de José Antonio González, incluyendo cualquier registro administrativo disponible.
También pidió copia certificada del manual de funciones correspondiente al cargo -director jurídico- que desempeñaba González Maldonado, con el objetivo de tener información detallada sobre sus responsabilidades y atribuciones.
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Y de la misma forma, pidió contar con copia certificada de los antecedentes vinculados con el acuerdo extrajudicial suscrito entre la firma “Consorcio Hotelero SA” y el IPS, así como lo vinculado al pago de honorarios a José González.
Senador Filizzola denunció supuestas irregularidades ligadas a José González
A través de una nota, presentada el 3 de marzo dirigida al fiscal general Emiliano Rolón, el senador Rafael Filizzola puso en conocimiento los antecedentes del caso de IPS, los cuales señalan que destinó más de US$ 27 millones en “gastos judiciales” y por los que a José González, está en la mira ahora de la Fiscalía.
De acuerdo con el relato de hechos que presentó el legislador en su denuncia, figura el crecimiento de la nómina de abogados de 10 a 29 profesionales, con un costo superior a los G. 2.600 millones anuales para el IPS, bajo la gestión de González, en un contexto de severa escasez de medicamentos e insumos para los asegurados.
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También el crecimiento patrimonial del 215% en el patrimonio de José González en tan solo 15 meses, variación que él mismo reconoció ante instancias del Congreso Nacional que justificó con el cobro de honorarios por G. 412 millones derivados de un acuerdo transaccional con una empresa hotelera en el que habría intervenido en representación, o al menos con involucramiento del IPS.
En sesión ordinaria del 4 de marzo, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) aceptó la renuncia de José “Jose’i” González al cargo de director de Asesoría Jurídica. Esto, en medio de duros cuestionamientos por un crecimiento patrimonial del 215% registrado en apenas 15 meses.
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Fiscal “sacado de la galera” para acusar en caso filtraciones de Seprelad
Desde el pasado 24 de marzo, el fiscal Christian Manuel Benítez Cáceres, cumple funciones en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) N° 6, de Asunción. Reemplazó a la fiscal interina Marlene Concepción González de Ovelar, por Resolución FGE N° 831.
Previamente Benítez Cáceres se desempeñó como fiscal de la ciudad de Emboscada.
A su vez, la fiscala González interinó a la fisala Natalia María Cacavelos Conigliaro, quien actualmente se desempeña como jueza penal de sentencia de la Capital.
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El fiscal Christian Benítez Cáceres es uno de los dos fiscales que a poco de vencer el plazo, firmó la acusación contra los exministros de Mario Abdo Benítez, el 11 de marzo de 2025, por el caso de las filtraciones de Seprelad.
El Ministerio Público recurrió a agentes que “no figuraban en el radar” ante la situación de que los entonces fiscales del equipo investigador, Guillermo Sanabria renunció para asumir como juez; Osmar Segovia fue trasladado a Paraguarí, y los designados para acusar, Elva Cáceres y César Alberto Sosa Ayala, fueron recusados como el propio Rolón y la fiscala Adjunta Matilde Moreno.