El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presidencia Isaías Fretes, analizó en la semana la situación de los inmuebles pertenecientes a la institución, que suman más de 700 propiedades.
En la última sesión, se analizó concretamente la situación del edificio ubicado sobre Piribebuy y 14 de Mayo en Asunción. No obstante, desde que Fretes asumió la administración el pasado 22 de abril tras la renuncia de Jorge Brítez, ya se ha analizado la situación de al menos 10 propiedades del IPS, algunas abandonadas y con grandes deudas por falta de pago de impuestos y otras ocupadas pero también con deudas a la previsional por la falta de pago de los canones de alquiler.
Ante la incertidumbre sobre el estado de los bienes y la existencia de deudas acumuladas en el caso del edificio Piribebuy, el Consejo ordenó una auditoría inmediata a la Dirección Jurídica y una consulta formal a la Municipalidad de Asunción para esclarecer el panorama fiscal antes de avanzar con cualquier nuevo contrato.
Inmuebles desocupados y deudas sin saldar
El informe presentado sobre el edificio ubicado en Piribebuy y 14 de Mayo dejó en evidencia que, aunque se recuperó la posesión de las unidades tras un juicio de desalojo en 2025, persisten interrogantes críticos sobre las deudas de alquiler en impago. El Consejo solicitó diferenciar claramente el proceso judicial de desalojo del reclamo por los cánones adeudados, exigiendo informes que precisen el estado real de los cobros pendientes.
Además, los consejeros manifestaron su preocupación por el estado tributario de los inmuebles. “Es importante también pedir informe de cuánto es nuestra deuda con los impuestos. Tenemos tantas propiedades que no aportan un guaraní a la institución y hay que pagar”, advirtieron los miembros del Consejo, señalando que la falta de previsión municipal ha sido un lastre histórico.
Transparencia como condición para nuevos arrendamientos
La postura del Consejo fue clara: ningún nuevo pliego de arrendamiento con inversión podrá ser aprobado sin que el interesado conozca la situación real del inmueble. El Consejo exigió que, en los futuros concursos, se deje constancia explícita de cualquier deuda municipal existente.
Fretes fue contundente al señalar que el IPS debe cuidar cada recurso, especialmente en el contexto actual donde el instituto necesita optimizar cada ingreso. La orden impartida a las direcciones de Inversiones y Jurídica es trabajar de forma coordinada para sanear la situación fiscal de los inmuebles de renta, permitiendo que las propiedades de la previsional dejen de ser una carga y se conviertan efectivamente en activos productivos para el fondo de los asegurados.
Medidas más relevantes adoptadas en sesiones anteriores:
1. Acción contra la morosidad y ocupaciones irregulares
- Avispón SRL: El Consejo ordenó medidas drásticas contra empresas y particulares en mora. Un caso destacado es el de la firma Avispón SRL, a la cual se le ordenó el desalojo y la rescisión de su contrato tras detectarse una deuda de G. 2.400 millones y un incumplimiento en las inversiones prometidas (solo se ejecutó el 18% de las mejoras).
- Villa Santo Domingo: El IPS inició acciones para recuperar el control de 40 viviendas en este predio. Se detectó que varios inquilinos no pagan alquiler hace más de una década y que los cánones estaban desactualizados. El Consejo notificó a los ocupantes con precios ajustados al valor de mercado y está evaluando la venta del terreno o el desarrollo de nuevos proyectos, dado que la renta actual es ínfima y la zona es clave para futuras expansiones del Hospital Central.
- Paraná Country Club: El IPS analizó la crítica situación de 16 inmuebles en el exclusivo country y ante el deterioro y deudas millonarias, el ente busca implementar un fideicomiso y nuevos llamados de licitación para garantizar su rentabilidad.
- Fiscalía General del Estado: Se reveló que la administración de Jorge Brítez rechazó pagos de la Fiscalía por una deuda de G. 11.000 millones. Ahora buscan destrabar la deuda y regularizar el alquiler del inmueble.
2. Transparencia y endurecimiento de requisitos
- Rechazo a privilegios: El Consejo manifestado su rechazo a las ventas directas y a los concursos cerrados, endureciendo los requisitos para cualquier subasta o llamado de licitación.
- Saneamiento administrativo: Se ha instruido la auditoría de más de 700 propiedades para esclarecer el estado real de los ingresos y deudas tributarias. El objetivo es que los inmuebles dejen de ser una carga y pasen a ser activos productivos.
3. Gestión de activos e inversiones
- Control del rendimiento: Ante un portafolio inmobiliario valuado en aproximadamente US$ 300 millones que generaba un rendimiento anual extremadamente bajo (cercano al 0,92% - 0,95%), el Consejo solicitó informes técnicos para frenar los costos de mantenimiento y aumentar la rentabilidad.
- Fideicomisos y licitaciones: Se ha debatido la implementación de fideicomisos y nuevos llamados de licitación para garantizar que las inversiones privadas en inmuebles del IPS cuenten con un panorama fiscal claro desde el inicio, evitando que deudas previas paralicen los proyectos de inversión.
4. Medidas internas
- Sumarios a funcionarios: Una de las propuestas más contundentes dentro del Consejo ha sido la de iniciar sumarios administrativos contra aquellos funcionarios activos de la propia institución que ocupan inmuebles del IPS y mantienen deudas como locatarios.
Con estas medidas, la administración actual busca “sanear” un legado de desidia administrativa, donde la falta de control judicial y la desactualización de los cánones de arrendamiento han erosionado el patrimonio de los jubilados durante años.