La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) aplicó una sanción de G. 1.244 millones a la Municipalidad de Asunción, tras comprobarse un esquema monopólico en los servicios de control de plagas. La comisión determinó que hay un abuso de posición dominante que bloquea la libre contratación de empresas privadas autorizadas por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), dependiente del Ministerio de Salud.
El Directorio de la Conacom emitió una resolución penalizando formalmente a la Municipalidad de Asunción, actualmente a cargo de Luis Bello (ANR-HC), con una multa equivalente a 429 salarios mínimos. El proceso se originó por una denuncia presentada por la Cámara Paraguaya de Controladores de Plagas en octubre de 2024.
El esquema de exclusividad y la ordenanza que anuló la libre competencia
El procedimiento administrativo determinó que la ordenanza municipal N° 132/2024 obliga de forma exclusiva a los comercios a contratar el servicio de desinfección con operarios municipales. Esta disposición anula los certificados de firmas del sector privado, forzando un monopolio a favor de la comuna.
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Para el ente regulador, la municipalidad actuó directamente como un agente económico dominante dentro del mercado de saneamiento ambiental en Asunción. Según la Conacom, al exigir tasas específicas por servicios idénticos a los del sector privado, la institución pública distorsionó las reglas de la libre competencia.
El esquema obliga a cualquier industria o negocio local a abonar los aranceles de desinfección exclusivamente a la municipalidad para obtener la renovación de sus habilitaciones. Este condicionamiento burocrático impide a los contribuyentes elegir alternativas que podrían resultar más económicas o eficientes dentro del mercado abierto.
Las medidas correctivas de Conacom y el reconocimiento al sector privado
Además de la multa, el dictamen impone una serie de medidas de carácter correctivo que la administración municipal está obligada a cumplir estrictamente. El principal mandato del órgano regulador exige desmantelar el régimen de exclusividad en un plazo perentorio e improrrogable de seis meses.
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A partir de la notificación, el ente exige que las normativas locales sean adecuadas para reconocer plenamente la validez legal de las desinfecciones realizadas por empresas privadas certificadas. Conacom exige que las autoridades dejen de rechazar los documentos que cuenten con el aval de estas firmas privadas.
Por su parte, obliga al Intendente y los concejales de la Junta Municipal a recibir tres horas de capacitación obligatoria en derecho de la competencia dictada por técnicos oficiales. Asimismo, la Conacom establecerá un monitoreo semestral sobre la gestión comunal durante los próximos dos años.
La respuesta de la Intendencia: Apelación judicial y defensa de la autonomía
Desde la Municipalidad de Asunción, su director de Asuntos Jurídicos, Jorge Sabaté, confirmó que la institución no aceptará la decisión de forma definitiva y aclaró que el conflicto administrativo tuvo su origen bajo la administración municipal de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), que fue intendente hasta agosto del año pasado, cuando renunció presionado por una auditoría que confirmó “terribles prácticas ilegales” en la gestión de bonos que debían ser para obras.
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Ante este escenario, el representante legal de la Intendencia adelantó que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Cuentas para intentar revocar la penalización.
Según consta en la resolución de la Conacom, la defensa legal de la municipalidad sostiene que el municipio posee autonomía política y normativa consagrada expresamente por la Constitución Nacional.
Los asesores legales de la comuna argumentaron además que las ordenanzas cuestionadas no buscaban un fin comercialista ni de lucro encubierto para las arcas de la capital. Según su descargo oficial, las inspecciones y desinfecciones constituyen un ejercicio del poder de policía sanitaria local.