La crisis vial de Asunción bajo la administración del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), llegó a niveles críticos debido al abandono y las reparaciones deficientes. Un recorrido de ABC por los barrios San Pablo, Terminal y Vista Alegre expone las fallas severas de gestión. La capa asfáltica se desarma, mientras la Municipalidad prioriza los parches antes que soluciones definitivas.
Esta desidia en la infraestructura se mantiene a pesar de la fuerte presión tributaria que soportan los contribuyentes de Asunción. Entre enero y abril de 2026, los ciudadanos abonaron un total de US$ 12 millones destinados exclusivamente al rubro de conservación vial. Dicha recaudación cuatrimestral ya representa más del 65% de todo lo pagado durante el ejercicio fiscal anterior bajo ese mismo concepto.
El mapa del caos: las calles y avenidas destrozadas de Asunción
Ante las denuncias ciudadanas, ABC verificó este fin de semana el estado de las calles y confirmó la proliferación de cráteres de distintos tamaños en las principales avenidas de estos barrios periféricos de la capital. En el cruce entre las avenidas De la Victoria y Fernando de la Mora, entre los barrios San Pablo y Terminal, los vecinos reclaman que desde hace más de un mes que el acceso a la Comisaría 15 está intransitable.
Apenas a una cuadra de ahí, en la esquina de Fernando de la Mora y Ybapuru, ya en el barrio Terminal, las rejillas de hierro de un antiguo sistema de desagüe pluvial están destruidas, dobladas o hundidas. El pavimento que rodea estos sumideros metálicos colapsó totalmente, dejando aberturas profundas expuestas al paso vehicular diario.
Todavía sobre la avenida Fernando de la Mora, a la altura del cruce con Pariri, a pocas cuadras de la avenida Bruno Guggiari, en el barrio Vista Alegre, la Municipalidad de Asunción acudió ante las reiteradas denuncias de los vecinos y recapó un tramo de la vía. Sin embargo, se detectaron grandes extensiones de asfalto totalmente desgastado que olvidaron recapar.
La carencia histórica de mantenimiento de los sistemas de drenaje pluvial actúa como el principal factor destructor de las arterias pavimentadas. En la calle Teniente José Félix López casi Guavirá, en San Pablo, la corriente constante de los líquidos ya cavó zanjas profundas sobre la calzada. Las estructuras destinadas a la captación de aguas pluviales se encuentran totalmente destruidas, convirtiéndose en un riesgo directo para conductores y motociclistas.
Crisis vial en Asunción: millones de los ciudadanos van a soluciones parche
Mientras la infraestructura vial colapsa, la gestión de Bello opera políticamente para asegurar la aprobación de una ampliación presupuestaria para insumos de bacheo, es decir, parches. En la última sesión ordinaria de la Junta Municipal, una maniobra del propio cartismo dejó la plenaria sin el quórum legal necesario, suspendiendo el debate. El proyecto pretende extender hasta diciembre los contratos de provisión de insumos por G. 4.530 millones.
La ampliación prevé G. 3.191 millones para cemento asfáltico y G. 393 millones para emulsión, ambos ítems de la firma Materiales Asfálticos S.A., cuyo representante legal es Julio Daniel Meza. Igualmente, contempla G. 719 millones a favor de Somagec Paraguay S.A., representado legalmente por Joaquín Gamell y otros, por piedra triturada; y G. 225 millones para Ortellado Toniolo S.A., representado legalmente por Rihaid Avimael García, por mezcla fría.
Denuncia de uso indebido de materiales, funcionarios y maquinarias con fines electorales
El pedido de aprobación de la ampliación se da en medio de una escandalosa denuncia realizada por el concejal Pablo Callizo (PPQ), sobre el supuesto uso ilegal de funcionarios, maquinarias y asfalto de la comuna para pavimentar un predio privado con fines electorales.
Según la denuncia del concejal, presentada ante el pleno el 26 de junio, funcionarios de Vialidad, con maquinarias e insumos de la dependencia, habrían utilizado más de 70 toneladas de asfalto para recapar 900m2 de un predio privado, lo que significa un perjuicio de más de G. 100 millones para la comuna.
Pese a la denuncia pública, el oficialismo trabó la posibilidad de presentar una denuncia penal y solicitó que el director de la dependencia sea escuchado primero.