El agente fiscal Julio Ortiz encabeza una investigación por supuestas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS), centrada en el contrato y las adendas para la instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central, adjudicados a la firma Neighpart S.A.
La investigación sostiene que las obras presentaron graves fallas de planificación y nunca se concretaron.
Sin embargo, se continuaron autorizando pagos y prórrogas (adendas) de forma injustificada, generando un perjuicio estimado en 61.000 millones de guaraníes.
El Ministerio Público imputó formalmente a nueve personas por el hecho punible de lesión de confianza. Entre los investigados figuran los expresidentes del Consejo de Administración del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de exdirectores y exgerentes de áreas clave como Logística y la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).
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Ante la consulta sobre si se podría ampliar la imputación también hacia otros funcionarios, consejeros o exconsejeros, el fiscal expresó: “Justamente estoy necesitando que me pasen unos documentos para ver quiénes son los consejeros que votaron a favor de esto y excluirle a los que votaron en contra, se abstuvieron o no asistieron”.
Con respecto a los argumentos de la responsabilidad tanto de Battaglia como de Brítez, explicó: “Ellos, como cabeza del Instituto de Previsión Social, permitieron el pago cuando ya había informes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que decían que no se prosiga y se busque a manera de recuperar el dinero otorgado”.
Seguidamente, añadió: “Ellos siguieron pagando con adendas, aumentanddo el plazo, abonando y los que venían seguían haciendo lo mismo”.
El fiscal señaló que la investigación se complica un poco a raíz de las filtraciones que hay, teniendo en cuenta la existencia de muchos funcionarios de la época en la previsional, y a consecuencia de eso es que se precipitó a realizar la imputación.
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El fiscal Ortiz solicitó al juzgado la prisión preventiva para los implicados, además del embargo preventivo de bienes para garantizar la recuperación de los fondos públicos afectados.