Carlos Reyes, nuevo director de Servicios Urbanos, nombrado por el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), expuso ante la Junta Municipal el colapso del sistema de recolección de basura en la capital. El funcionario fundamentó la crisis actual en un esquema operativo obsoleto, de más de 25 años de antigüedad. Reyes advirtió que el modelo vigente no responde a la densidad poblacional actual, lo que obliga a sobreutilizar los camiones durante cuatro turnos continuos sin descanso.
Ante este escenario, Reyes planteó a los ediles la urgencia de reestructurar las labores operativas mediante el diseño de un nuevo plan de recolección actualizado y sostenible a largo plazo. Explicó que este instrumento técnico permitirá dimensionar con precisión el volumen de infraestructura y el personal necesarios para atender la demanda real. El director reconoció abiertamente ante el pleno que la implementación completa de esta planificación sobrepasará el periodo de la presente administración municipal.
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El titular de la dependencia calificó la acumulación de basura en paseos, avenidas y espacios públicos como uno de los problemas más graves que afronta la gestión capitalina. Detalló que, si bien la recolección domiciliaria se mantiene al día, el foco crítico reside en la proliferación de vertederos irregulares. Para combatir esta situación, anunció la conformación de una mesa de trabajo conjunta con la Policía Municipal, la Policía de Vigilancia, la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Reyes atribuyó la crisis también a una drástica disminución del personal operativo desplegado en la vía pública para las tareas de limpieza. Precisó que anteriormente la dirección contaba con casi 2.400 barrenderos en las calles, mientras que actualmente disponen de menos de 100. Aseguró que esta severa reducción corresponde a procesos de jubilación, comisionamientos a otras áreas y traslados, enfatizando la urgencia de dotar de más personal a la vía pública.
Flota en taller y alquileres: los números de Servicios Generales
Por su parte, el director de Servicios Generales de la Intendencia, Pedro Bogado, presentó un informe detallado sobre el estado de la flota con datos al 14 de agosto de 2024. Durante su exposición, detalló que en 2022 se compraron 24 vehículos de los cuales 17 son recolectores compactadores, 3 volquetes de eje simple, 1 levanta contenedores y 3 volquetes de doble eje. A esta flota sumó los 11 camiones compactadores: 7 de eje sencillo de 17 m³ y 4 de doble eje de 21 m³, adquiridos en el polémico proceso de compra directa de 2026.
En cuanto al estado operativo del lote adquirido en 2022, Bogado indicó que 17 vehículos se encuentran funcionando activamente en el servicio de las calles. En contraste, confirmó que 7 vehículos están fuera de servicio en talleres debido a diversas fallas mecánicas y desgaste. De las unidades paradas, 6 son camiones recolectores compactadores y 1 es un volquete, lo que equivale al 35% de los recolectores de esa compra y al 30% del total del lote.
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Bogado justificó la inoperatividad señalando que los camiones en Asunción trabajan en condiciones extremas, circulando 22 horas o más al día de forma continua. Explicó que esta exigencia imposibilita alcanzar la vida útil estimada por los fabricantes, concebida para regímenes estándar de 8 a 10 horas diarias. Agregó que la falta de presupuesto impide comprar la flota ideal de 90 camiones, lo que implicaría un desembolso de entre G. 110.000 y 120.000 millones, y obliga a la comuna a adquirir “medias flotas” y alquilar unidades de soporte.
Sobre la gestión de acopio de desperdicios, Bogado especificó que la comuna opera mediante un sistema híbrido de contenedores en los barrios capitalinos. Por un lado, mediante un contrato de alquiler, disponen de 200 contenedores plásticos de 1.100 litros con elevación hidráulica automática. Por otro lado, la dirección administra 50 contenedores metálicos propios de 5 m³ adquiridos en 2023, los cuales registran una vida útil estimada de sólo 2 a 3 años por el desgaste diario.
La versión de la Intendencia a denuncias de sobrecostos y direccionamiento
Durante la ronda de descargos, Pedro Bogado respondió a las críticas vertidas por los concejales sobre los procesos de compra directa por vía de excepción. Sostuvo que en el llamado solo se presentaron 4 protestas, todas rechazadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por extemporáneas. Asimismo, aclaró que la única denuncia formal formulada fue archivada por el ente regulador al no hallar irregularidades.
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El representante de la Intendencia negó cualquier direccionamiento en los pliegos por haber solicitado el sistema de freno auxiliar patentado “Top Break”. Argumentó que las bases permitían ofertar tecnologías equivalentes y reveló que la firma adjudicada en la licitación actual utiliza un sistema de freno de motor distinto.
Respecto a las denuncias de sobrecosto, Bogado explicó que las diferencias entre la compra de 2022 y la de 2026 obedecen a especificaciones técnicas y capacidades de carga distintas. Detalló que en la licitación de 2022 se adquirieron unidades de eje sencillo de 17 m³ (tracción 4x2) a un precio unitario de G. 1.139 millones. En cambio, en la compra más reciente se adjudicaron camiones de doble eje (tracción 6x2) con capacidad para 16.000 kilos de residuos por G. 1.536 millones cada uno.
Camiones “fantasmas” y sobrecostos: la denuncia del concejal Álvaro Grau
El concejal Álvaro Grau (PPQ) cuestionó severamente los argumentos de la Intendencia y refutó la premisa de que la ciudad requiere 100 camiones. El edil recordó la contradicción del discurso oficial señalando que semanas atrás el ejecutivo comunal afirmaba que con la compra de 11 unidades habría suficiente capacidad ociosa para garantizar la rotación y descanso de los equipos.
El edil opositor insistió en la denuncia de falta de transparencia con la que se gestionan los recursos públicos bajo el rótulo de la emergencia. “Las compras se realizaron de forma oculta a espaldas de la ciudadanía, de la prensa y de la propia Junta Municipal”, afirmó el concejal durante la sesión. Calificó la vía de excepción como una “chicana legal” para eludir controles e indicó que la Intendencia incumplió el compromiso asumido ante la DNCP de remitir la documentación a la Junta.
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Al analizar las finanzas comunales, Grau desestimó la excusa de la falta de presupuesto y puso el foco en el gasto en empresas privadas. “Los alquileres de camiones terminan siendo el negocio de algunos, evidentemente, porque si no, no se explica por qué en vez de comprar se sigue alquilando”, aseveró. Detalló que el contrato de alquiler suma G. 30.000 millones más una adenda de G. 6.000 millones, acumulando G. 73.000 millones desde 2019.
Grau reclamó que solo el monto de la ampliación de G. 6.000 millones alcanzaba para comprar entre 4 y 6 camiones nuevos para la flota propia municipal. Asimismo, denunció la existencia de sospechas de que las firmas contratadas pertenecen a sindicalistas de la Comuna, tildando a los vehículos como “camiones fantasmas”. Concluyó señalando que, a pesar de las millonarias erogaciones, en las calles solo se observa trabajar a los camiones de la Municipalidad.