Según explicó, el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, la intención es convertir en legislación la interpretación que ya hizo la Corte Suprema de Justicia cuando consideró habilitados a Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos para ocupar bancas activas en el Senado.
Para el oficialismo, esa jurisprudencia debe quedar reglamentada para evitar que futuras mayorías parlamentarias bloqueen juramentos, como ocurrió anteriormente.
Bachi sostuvo que el Congreso busca dar forma legal a una interpretación ya definida por la máxima instancia judicial: “La Corte Suprema de Justicia ya se expidió y dijo que están habilitados. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es reglamentar por ley”.
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De acuerdo con su postura, la ley permitiría garantizar que cualquier expresidente electo pueda asumir una banca activa sin depender de decisiones políticas coyunturales dentro del Senado.
El trasfondo político: asegurar el futuro de Santiago Peña
Aunque el discurso oficial habla de “reglamentación”, el trasfondo apunta a una estrategia de largo plazo: garantizar que, una vez concluido su mandato, Santiago Peña también pueda acceder al Senado como legislador activo, obteniendo así un blindaje para futuras investigaciones.
Con esta maniobra, el cartismo busca proteger a sus líderes presentes y futuros, evitando que una mayoría opositora pueda impedir su incorporación al Congreso.
El titular del Senado insistió en que tanto Cartes como Duarte Frutos fueron impedidos de jurar por razones políticas y no constitucionales: “No juraron porque había una mayoría coyuntural que violó la Constitución”.
Para Núñez, la interpretación válida es la de la Corte, no la del Senado ni la de sectores opositores. El titular del Senado solo sostiene esta “interpretación” para este caso, ya que considera que si la Corte le devuelva la banca a Kattya González (independiente) eso sería una intromisión de un Poder del Estado a otro.
¿Ley por encima de la Constitución?
Las críticas apuntan a que una ley ordinaria no puede modificar el sentido del artículo 189 de la Constitución Nacional, que establece claramente la figura de senador vitalicio para expresidentes.
Sin embargo, Bachi respondió: “¿Quién interpreta la Constitución? La Corte”. Con este argumento, el cartismo sostiene que no busca reformar la Carta Magna, sino aplicar judicialmente su interpretación.
La propuesta no solo reabre el debate constitucional, sino que confirma una estrategia política destinada a preservar espacios de poder para el movimiento liderado por Cartes.
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La intención sería consolidar por ley la habilitación de expresidentes como senadores activos, beneficiar directamente a Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, preparar el terreno para un eventual futuro político de Santiago Peña y evitar bloqueos legislativos por cambios de mayoría.