Si bien se encuentra en el segundo punto del orden del día, toda la prioridad de la aplanadora cartista está volcada en el proyecto de ley “que modifica y amplía la Ley N° 7434/2025 de la reforma del tren de cercanías” y establece el capítulo que contiene disposiciones especiales para la implementación del proyecto “tren de cercanías” a través de acuerdos celebrados gobierno a gobierno (G2G)”, en este caso con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
Pese a todas las dudas en torno al proyecto, sobre todo referentes a la financiación, el costo posiblemente variable de los tramos y la potencialmente conflictiva liberación de la franja de dominio, existe casi nula oposición al proyecto.
Entre otros, la diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) dijo que el proyecto es sumamente necesario y que opta por confiar en las explicaciones dadas por la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, para que el proyecto no se convierta en “otro Metrobus”.
La iniciativa fue ingresada apenas hace un par de semanas y hoy pasaría sin más. Con la media sanción previa de Senado, del aprobarse, pasará al Ejecutivo para su promulgación.
Otro proyecto “anti mafia de pagarés”
Como primer punto del orden del día figura y esperando su aprobación en particular el proyecto de ley “que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador”, que busca complementar otra ley similar sancionada la semana pasada.
La semana pasada se sancionó un proyecto para obligar a devolver pagarés judicializados (es decir, que estén con proceso de cobro en Juzgados de paz), sin embargo, esta otra iniciativa pretende extender esta obligación a las empresas privadas (casas de electrodomésticos, casas de crédito, etc), es decir, deudas canceladas y no judicializadas.
La intención es que ninguna empresa use excusas para dilatar por más de 5 días la devolución de pagarés cancelados, a fin de que no puedan usarlos más adelante, para cobrar esa misma deuda como hacía la “mafia de pagarés”.
Matrimonio infantil podrá a prueba a los “provida”
También figura en el orden del día un proyecto de ley que pretende eliminar las ambigüedades legales y prohibir el matrimonio con menores de edad.
Si bien el Código Civil prohíbe los casamientos legales antes de la mayoría de edad (18 años), la misma ley se contradice al establecer excepciones, como la de permitir una boda con un/una menor desde los 16 años siempre que haya consentimiento de uno de los padres, tutor o un juez.
El proyecto, llamativamente tiene dictamen de rechazo por parte de la Comisión de Justicia, con firma casi en su totalidad de cartistas, que dicen llamarse “provida y profamilia” y se embanderan con el discurso de “con nuestros niños no”.
El proyecto de ley “que modifica el artículo 17 de la Ley N° 1183/1985, ‘Código Civil, modificado por Ley N° 1/1992 y Ley N° 5419/2015”, figura en el punto 15 del orden del día.
También hay otros proyectos controversiales, como el que plantea elevar a la categoría de crimen (hasta 6 años de prisión) los casos de “denuncia falsa”, que tuvo críticsa de actores del sistema de justicia por ser ambiguo y prestarse a mala interpretación.