Tren de cercanías: proyecto ratifica exclusión de leyes de concesión, APP y Contrataciones

Tren eléctrico que se pretende desarrollar con una empresa estatal emiratí.
Tren eléctrico que se pretende desarrollar con una empresa estatal emiratí.

El Senado aprobó el proyecto de ley del tren de cercanías que habilita su ejecución vía acuerdo con Emiratos Árabes y ratificó la exclusión de leyes clave de control como concesiones, APP y Contrataciones. Esto se da en medio de críticas por falta de transparencia y dudas sobre el costo real del proyecto.

La Cámara de Senadores aprobó la semana pasada, en sesión extraordinaria, el proyecto que modifica la Ley Nº 7434/2025, “De la reforma del tren de cercanías”, que busca principalmente habilitar su ejecución mediante un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Emiratos Árabes Unidos.

El oficialismo cartista impuso el cierre del debate y logró aprobar la iniciativa con modificaciones de forma, pese a los cuestionamientos de la oposición sobre la falta de transparencia, el costo y la financiación. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Uno de los puntos más cuestionados es que el proyecto ratifica la exclusión de las leyes de concesión, de Alianza Público-Privada (APP) y de Contrataciones Públicas, lo que implica que el proceso se regirá por un marco normativo especial que ahora está en análisis en Diputados, y queda fuera de los controles previstos en dichas normativas.

Así se prevé el paso del tren de cercanías por debajo del viaducto de 4 km proyectado en Luque.
Así se prevé el paso del tren de cercanías por debajo del viaducto de 4 km proyectado en Luque.

Qué establece el proyecto

El artículo 30 del proyecto de ley dispone que la concesión otorgada a Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), así como los contratos de subconcesión que esta suscriba, se regirán exclusivamente por la nueva ley y su decreto reglamentario.

En ese sentido, se excluye expresamente la aplicación de la Ley N° 1618/2000 de Concesiones, la Ley N° 7452/2025 de modernización del régimen de inversión en infraestructura pública (APP) y la Ley N° 7021/2022 de Contrataciones Públicas, las cuales solo podrán utilizarse de manera supletoria para interpretación.

El texto también habilita que, en el marco de los acuerdos G2G, las partes puedan pactar la prórroga de jurisdicción, definir la legislación aplicable e incluso recurrir a arbitrajes internacionales, con sede dentro o fuera del país, para la resolución de controversias.

Asimismo, se prevé la posibilidad de someter disputas técnicas o económicas a paneles especializados, vinculantes o no, lo que refuerza el carácter excepcional del esquema jurídico propuesto.

Tren de cercanía.
La Estación Central del Ferrocarril, hasta donde está previsto que llegue el futuro tren de cercanías, se encuentra en pésimo estado de conservación, con estructuras deterioradas y evidentes señales de abandono por parte de Fepasa, que ahora liderará un plan millonario.

Gran protagonismo del MOPC con firma emiratí

El artículo 5 ratifica el acuerdo preliminar firmado entre el Gobierno paraguayo —a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Fepasa— con la empresa Etihad Rail PJSC, de Emiratos Árabes Unidos.

En ese marco, se autoriza al MOPC a suscribir el contrato de subconcesión y el contrato de implementación del proyecto con la firma emiratí o con la entidad que esta designe, consolidando así el esquema de ejecución directa mediante el acuerdo bilateral.

Alto costo: primera etapa no incluye Ypacaraí

En paralelo, el MOPC confirmó que la primera etapa del tren de cercanías, que abarca el tramo entre Asunción y Luque, tiene un costo estimado de entre US$ 400 millones y US$ 450 millones, mientras continúan los estudios técnicos para precisar la inversión final.

Sin embargo, este monto no incluye el tramo hasta Ypacaraí, que requerirá recursos adicionales y aún se encuentra en fase de definición.

Esta precisión contrasta con lo informado previamente por Fepasa, que había señalado que la estimación de hasta US$ 450 millones contemplaba el proyecto completo, incluyendo la extensión hasta Ypacaraí.

La diferencia fue advertida por legisladores de la oposición, quienes cuestionaron la falta de claridad sobre el alcance real de la inversión y el costo total del plan, en línea con las críticas al esquema aprobado.