La Cámara de Diputados sancionó y remitió al Ejecutivo el proyecto de ley “que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República”.
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Llama la atención que en primera vuielta, tras un largo trabajo conjunto con los ministros de Corte, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón, por unanimidad de los 46 presentes (incluidos cartistas) se había aprobado la versión Diputados, y ahora, el bloque oficialista se allanó a la versión más limitada del Senado.
Como aspecto principal, establece que los Juzgados donde se tramiten cobros vía judicial de deudas, los pagarés u otros documentos de cobro queden bajo su resguardo en carácter de depositarios judiciales y deberán ser devueltos al deudor una vez cancelada la deuda.
Por otra parte, el aspecto relevante en este caso excluido es la consideración de los “pagarés electrónicos”, es decir, la ley (en el caso de promulgarse) solo contemplará documentos físicos; a pesar que la propia Corte Suprema de Justicia (CSJE) había pedido contemplar la digitalidad atendiendo que es la nueva modalidad en auge.
El diputado cartista Héctor “Bocha” Figueredo argumentó el cambio de postura, alegando que los títulos de ejecutivos electrónicos (pagarés electrónicos, factura cambiaria, saldo de tarjeta de crédito, saldo de cuenta corriente) están reconocidos por la Ley Nº 6822/2021, estos aún no están suficientemente reglamentados y la inclusión en este proyecto de ley podría generar “conflictos”.
“Hasta la fecha no se cuenta con una reglamentación clara respecto a los títulos ejecutivos electrónicos”, por lo que “a pesar de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, (...) correspondería analizar las consecuencias de que, ante una eventual sanción de la versión Diputados, cómo quedaría la cuestión de los registros electrónicos o si resulta mejor regular todo lo relacionado a ello en un cuerpo (legal) distinto”, señaló “Bocha” Figueredo.
En pocas palabras, patearon el problema de los pagarés electrónicos para más adelante, dejando de vuelta una arbitrariedad que podría ser aprovechada por esta “mafia de los pagarés”.
El diputado cartista insistió con que finalmente la “intención principal del proyecto es contar con un marco regulatorio que impida que los títulos de crédito sean utilizados de mala fe por circulación inapropiada cuando ya se ha iniciado una demanda reclamando el pago”, y por ello, consideraban prescindible el aspecto relacionado a los pagarés electrónicos.
Esto ya que la denominada “Mafia de los pagarés”, en connivencia con los Juzgados de Paz, utilizaba un mismo pagaré para ejecutar hasta 4 veces una misma deuda en diferentes juzgados, utilizando incluso apenas copias del documento.
Ahora se obliga a que sea el documento original y que quede a resguardo del Juzgado hasta la cancelación de la deuda, la cual una vez ocurra, se procederá a la devolución al deudor para su destrucción.
Proyecto para casos no judicializados, aprobado en general
En la misma sesión, se aprobó en general y se postergó por una semana su estudio en particular del proyecto de ley “que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador”, que prácticamente tiene el mismo fin, pero para casos no judicializados.
Este proyecto también pretende establecer una obligación legal para la devolución de los pagarés una vez cancelada la deuda, ya que un mecanismo de estafa de la llamada “Mafia de pagarés” consistía en hacer largas esperas para la devolución de los documentos, a fin de ganar por cansancio a las víctimas, y así poder usar posteriormente esos documentos en su contra.
Actualmente, la ley no establece mecanismos para forzar la devolución de los documentos, por lo que el proyecto con media sanción del Senado, establece como castigo, en caso de no entregar los documentos, “una multa administrativa equivalente al 20 % (veinte por ciento), del monto de la obligación extinta, que será aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario”.
Dicho proceso, además podrá ser usado como constancia ante eventuales juicios en lo Civil en favor del deudor.
El diputado cartista Néstor Castellano abogó por el proyecto, aunque finalmente se allanó al pedido del líder de bancada cartista, Miguel del Puerto para postergar el estudio en particular por una semana, a fin de introducir “pequeñas modificaciones”.