Vallejo alerta que cartismo avala ilegalmente a un “Hernán Rivas” al frente de la Procuraduría

Marco Aurelio González, miembro del directorio del BCP y exprocurador.

Así como el cartismo dinamitó la institucionalidad al poner al presunto abogado “mau” y exsenador cartista Hernán Rivas al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ahora lo repiten en la Procuraduría con la designación “ilegal e inconstitucional” de Rubén Elidio Gaona, como interino y de la mano del exprocurador Marco Aurelio González, alertó la diputada Rocío Vallejo (PPQ).

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) advirtió que, como si no fuera suficientemente grave la denuncia de que en la Procuraduría se estaría replicando el presunto esquema de recaudación mediante acuerdos extrajudiciales detectado en el Instituto de Previsión Social (IPS) que salpica a los hermanos Marco Aurelio y José “Jose’i” González Maldonado, para colmo, hace 10 meses el “procurador interino” Rubén Elidio Gaona está usurpando ilegalmente el cargo, tal como hicieron en su momento con Hernán David Rivas (ANR, HC) en el JEM.

“Quien está al frente de la Procuraduría General de la República en este momento (Gaona) está de forma totalmente ilegal e inconstitucional y eso es mucho más grave y hacía el paralelismo con (Hernán) Rivas, por el título trucho de Rivas que le lleva como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y toma decisiones sin tener título, estamos ante la misma situación en la Procuraduría", alertó Vallejo.

Esta situación institucionalmente es grave, ya que -así como en el caso Rivas- podría desencadenar en una avalancha de nulidades de actuaciones en la Procuraduría, que para colmo es el ente que debe vela por los intereses del Estado.

La legisladora fundamentó legalmente, mencionando que el artículo 275 de la Constitución y la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establecen que solo el presidente de la República, en este caso, Santiago Peña puede nombrar a un procurador, y resulta, que Marco Aurelio González al dejar el cargo de procurador y para asumir como miembro del Consejo del Banco Central del Paraguay (BCP), se tomó la inédita atribución de designar a su reemplazo.

“El art. 275 establece que el procurador general es nombrado y removido por el presidente de la República” y luego la Ley 6837 de la Procuraduría establece que solo “en caso de ausencia, permiso o excusación del procurador, este será reemplazado por un funcionario designado mediante resolución administrativa del procurador”.

Vallejo remarcó que Marco Aurelio González, violando estas disposiciones, firmó la resolución Nº 194/2025, mediante la cual designa “como encargado de despacho de la Procuraduría General de la República al señor Rubén Elidio Gaona Gaona, Asesor Legal de la institución, con todas las atribuciones y prerrogativas que corresponden al Ministro - Procurador General", situación que ya lleva 10 meses.

“Para mí es una situación muy similar a la de Hernán Rivas en el Jurado sin título, porque esa resolución por la cual se le designa encargado de despacho es ilegal, porque la atribución que tiene el procurador es en caso de ausencia, permiso o excusación en un determinado caso, pero no cuando es designado para otro cargo y se va de la institución”, insistió.

Finalmente, la misma remarcó que en todo su tiempo como funcionaria pública no vio una situación similar y que es muy grave ya que abriría una puerta a que todas sus decisiones puedan atacarse, estando en juego los intereses del Estado.

“Lo grave de esto es que el procurador ejerce la representación del Estado paraguayo para defender los intereses patrimoniales de todo, y hoy tenemos una persona en ese lugar hace 10 meses de manera irregular e inconstitucional”, sostuvo.

Apuntan al clan González Maldonado

Pese a su salida de la Procuraduría General de la República, el actual miembro del BCP, Marco Aurelio González Maldonado, mantendría a través de Rubén Elidio Gaona el manejo de la institución, donde Vallejo además reportó que se habría migrado el presunto esquema de recaudación que forzó a la renuncia como asesor jurídico del IPS al hermano de Marco Aurelio, José “Jose’i” González Maldonado.

Esto haciendo referencia a un presunto “modus operandi” consistente en que los abogados representantes de entes estatales (IPS y Procuraduría) negociarían millonarias quitas por deudas a empresas, a cambio de millonarios pagos en concepto de “honorarios profesionales” para los letrados.

Dicho esquema, además de la similitud en el modus operandi tiene la coincidencia de que se da en las dos instituciones ligadas a los hermanos González Maldonado: “Jose’i” en IPS y Marco Aurelio en Procuraduría.

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