Mediante una nota dirigida al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, el senador Rafael Filizzola puso en conocimiento los antecedentes del caso de IPS, que destinó más de US$ 27 millones en “gastos judiciales” y por los que a José González, asesor jurídico de la previsional, está en la mira, razón por la que solicitó la investigación de oficio del funcionario.
En la nota, el legislador fundamenta el pedido en el principio de legalidad procesal y la obligatoriedad de la acción penal pública, por lo que la Fiscalía debe actuar de oficio ante el conocimiento de hechos que revistan caracteres de delito.
En el relato de los hechos figura el crecimiento de la nómina de abogados de 10 a 29 profesionales, con un costo superior a los G. 2.600 millones anuales para el IPS, bajo la gestión de González, en un contexto de severa escasez de medicamentos e insumos para los asegurados.
También el crecimiento patrimonial del 215% en el patrimonio de José González en tan solo 15 meses, variación que él mismo reconoció ante instancias del Congreso Nacional que justificó con el cobro de honorarios por G. 412 millones derivados de un acuerdo transaccional con una empresa hotelera en el que habría intervenido en representación, o al menos con involucramiento del IPS.
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Piden a la Fiscalía investigar a José González
De acuerdo con el escrito presentado ante la Fiscalía, el cobro de honorarios, al haber sido transferidos los fondos desde el IPS, podría configurarse como lesión de confianza, ya que constituiría una disposición de fondos públicos en provecho propio, con abuso de la confianza depositada en el cargo.
Además, la declaración patrimonial inconsistente presentada ante la Contraloría General de la República (CGR), donde justificó G. 412 millones como ingreso personal propio, cuando el propio José González expresó públicamente que la suma fue distribuida entre varios abogados intervinientes, lo cual configuraría una declaración patrimonial falsa o incompleta, además de evasión impositiva por parte de los abogados y hasta enriquecimiento ilícito.
También indican que la distribución discrecional de los honorarios por parte de José González, sin criterios objetivos, constancias documentales y sin facturas de los abogados receptores, genera sospechas de una conducta que podría configurar adicionalmente el hecho punible de apropiación.
Agregan que también existen indicios de sistematicidad, ya que no corresponde a un hecho aislado, debido a la magnitud del crecimiento patrimonial de José González, el número de abogados involucrados, la naturaleza del rol de la dirección jurídica, permiten presumir de la existencia de un esquema que se replicó en otros acuerdos transaccionales.
Personas a quienes piden investigar
Citan que bajo la gestión de José González como director jurídico, Jorgelina Gómez de la Fuente, como jefa de dictámenes y contratos, con aval de Jorge Brítez, presidente del Consejo de Administración de IPS, se homologaron resoluciones de acuerdos extrajudiciales por servicios prestados fuera de contrato, agravando la falta de control y el derroche, además de que se podrían considerar fraude y lesión de confianza, ya que los documentos no se publican en el portal de IPS, así como también contradice el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que exige sentencias ejecutoriadas para el rubro 910/915.
También se nombra una red de vínculos institucionales que a criterio del senador ameritan especial atención.
Se cita a:
- Marco Aurelio González Maldonado, exprocurador general de la República, hermano del asesor jurídico del IPS y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
- Francisco Barriocanal, asesor jurídico externo de IPS y docente de la misma casa de estudios.
- Marisa Varga Jacquet, magistrada interviniente en el proceso judicial vinculado a uno de los acuerdos extrajudiciales homologados y cónyuge de Barriocanal.