Las declaraciones de la legisladora opositora surgen tras la publicación de una investigación periodística de ABC Color que reveló que la PGR aceptó un acuerdo por G. 959 millones en dos demandas que originalmente reclamaban más de G. 4.500 millones, mientras que los abogados intervinientes percibirían honorarios calculados sobre el monto efectivamente recuperado.
“En otros términos, se está maquillando el hecho punible de daño patrimonial contra el Estado paraguayo por la denominación quita”, afirmó Paredes al referirse al caso.
La parlamentaria sostuvo que la reducción del monto reclamado supera ampliamente lo que podría considerarse una negociación razonable dentro de un litigio.
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Según argumentó, la demanda original superaba los G. 4.500 millones y el acuerdo terminó reduciendo la recuperación estatal a una cifra que representa apenas una fracción de lo inicialmente reclamado.
“Cuando estamos hablando de un monto total de juicios de más de G. 4.500 millones y donde el abogado, procurador, representante del Estado paraguayo, realiza una quita del 80%, lo que se traduce en que el Estado solamente va a percibir G. 720 millones, no estamos hablando de una quita de orden jurídico, sino que estamos hablando ya de daño patrimonial al Estado paraguayo”, expresó.
Para la senadora, el dinero reclamado correspondía a un perjuicio que debía ser resarcido al Estado, y la aceptación de una reducción tan significativa merece una revisión profunda.
Cuestiona prioridad de honorarios frente a los intereses del Estado
Uno de los puntos más cuestionados por Paredes apunta a los honorarios profesionales que percibirían los abogados de la Procuraduría.
La legisladora afirmó que resulta llamativo que, mientras el Estado resigna una porción considerable del monto reclamado, los honorarios de los representantes legales se aseguran de manera automática.
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“Estamos hablando de una quita de prácticamente 80% del valor total demandado, donde la única prioridad aparente es la deducción de los honorarios profesionales de abogados de la Procuraduría”, señaló.
Agregó que, según los datos publicados, los profesionales involucrados terminarían percibiendo alrededor de G. 250 millones. “Se embolsilla la friolera suma de G. 250 millones de guaraníes de forma automática”, cuestionó.
“También existe un perjuicio para la propia Procuraduría”
Paredes sostuvo además que el eventual perjuicio no solo afectaría al Estado paraguayo, sino también a la propia Procuraduría General de la República.
Recordó que la Ley N.º 6837/2021, Carta Orgánica de la institución, establece en su artículo 16 que el 10% de las sumas recuperadas en litigios debe destinarse al presupuesto institucional de la PGR.
“Por un lado, existe un daño al Estado paraguayo, porque deja de percibir una cantidad importante de dinero. Y, por otro lado, también existe un daño patrimonial a la misma Procuraduría General de la República”, afirmó.
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Según explicó, al reducirse sustancialmente el monto recuperado, también disminuyen los recursos que deberían ingresar a la institución conforme a la legislación vigente.
Sospecha de un posible modus operandi
La senadora también vinculó el episodio con antecedentes de cuestionamientos sobre acuerdos judiciales y extrajudiciales relacionados con organismos públicos. “Esta situación que nuevamente salta a la luz pública me hace suponer que se trata de un modus operandi en los juicios en los cuales el Estado paraguayo es parte demandante, deudor o acreedor”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que le llama la atención la similitud entre este caso y otros episodios que anteriormente generaron controversias por reducciones significativas de montos reclamados judicialmente.
“Llama la atención cómo justamente en el feudo de Marco Aurelio González, hermano del abogado José González, denunciado por realizar quitas exorbitantes en un juicio donde fue demandado el IPS, hoy sea el mismo modus operandi utilizado en la Procuraduría General de la República".