A la cárcel por un chip, y sin culpables

Gustavo Alberto Vera Recalde es estudiante del 5º año de medicina, padre de dos hijos, de uno y de tres años, respectivamente. Fue aprehendido por la policía el pasado 15 de noviembre luego de que los investigadores dieran con él por un chip de teléfono celular.

El abogado del joven, Emigdio Aliendre expresó que los 17 días de cárcel que estuvo, fueron suficientes para causarle "innumerables daños", como el retraso en los exámenes de su carrera, sin contar con la exposición ante los medios que dañaron su imagen y dejaron una mancha a su nombre.

"El sistema no demostró su inocencia, fue la defensa. Hicimos varias diligencias, hicimos declaraciones de sus compañeros, acercamos planillas de asistencia de la facultad, la defensa propuso un perito caligráfico, se peritó la firma, un trabajo para demostrar, entramos en el tema inquisitivo y no como dice el sistema en el tema acusatorio", dijo el letrado, refiriéndose a la desidia de la justicia.

Pero el chip no fue el único problema de Gutavo puesto que también existe una denuncia de estafa por valor de G. 1.800 millones donde también figura como supuesto autor. Según el abogado, en este caso también estarían implicadas las personas que activaron el chip a nombre del estudiante.

Shockeado

El estudiante indicó que no le fue fácil aguantar 17 días privado de su libertad. Comentó que en esos días su soporte fueron sus hijos, su esposa, sus familiares y amigos. "Después de mucho tiempo comencé a rezar, y tenía la foto de mi familia", compartió Gustavo al tiempo de agregar que tras salir libre, retomará sus estudios para evitar atrasos.

"En los últimos tiempos no perdí mi cédula, en Claro habilité una línea de Internet y viste que en todos lados te piden tu documento. Yo me siento indignado con la empresa porque tiene que haber un sistema de seguridad para la gente que estamos trabajando. La persona tenía mi fotocopia de cédula y por lo visto me parecía luego. Yo calculo que buscaron uno que me parecía para depositar el cheque. Eran estafadores profesionales", sentenció.

Reiteró su inocencia e incluso relató que tuvo que endeudarse para poder pagar a un abogado y lograr así su liberación del  caso. "Mis compañeros estuvieron apoyándome en todo sentido, porque no tenemos recursos económicos para esto", agradeció.

Versión de la empresa

Mario Arrúa asesor jurídico de la empresa Claro expresó que se está "manejando con cierta desinformación" el caso. Deslindó responsabilidad de la empresa en el caso, asegurando que la misma cumplió con las normas para activar un chip de teléfono. Sin embargo, indicó que la venta de chips se realiza a través de los "agentes de ventas" quienes a su vez contratan a otros vendedores particulares para ofrecer el producto el puesto de activaciones.

Arrúa expresó que la persona que activa la línea tiene la obligación de requerir la cédula de identidad, adjuntar la copia y hacer firmar el contrato de servicio. Ese legajo del formulario de actividad es el que se remite a la empresa, "la obligación de la empresa no es asegurarse de la veracidad de eso".

Empresa inocente, vendedores irresponsables

"Las empresas telefónicas son responsables de prestar el servicio telefónico pero no son responsables de la veracidad de la información proporcionada por el cliente. O sea si pones que tu dirección es un lugar que no es, yo no sé si eso es cierto", explicó.

La persona que activa las líneas tiene la obligación de requerir la cédula de identidad, a no ser que se haya activado en un centro de venta, recalcó Arrúa, al tiempo de mencionar que el reglamento de Conatel exige que todas las líneas estén identificadas.

El representante defendió el mecanismo argumentando que dichos documentos sirven para identificar a los responsables de los delitos. "Cuando una línea se activa de forma fraudulenta, el primer responsable y el único me atrevería a decir, es el delincuente que con una cédula falsa o robada se acerca hasta una persona a activar una línea. Ese es el responsable. La primera víctima es la empresa telefónica", dice.

Al insistírsele sobre la falta de control de la empresa en la venta de los chips expresó que existe la documentación que avala la compra. "Si vos le preguntas al vendedor si era el que solicitó, te va a decir que sí. Si el vendedor no hace ese control, si esta activando líneas de una persona que parece no ser la propietaria estamos hablando de una complicidad del vendedor", relató.

"Tenemos denuncias presentadas por ese mismo caso que no siempre prosperan", narró con cierto desánimo.

Denuncia por daño moral

Al plantearse una eventual denuncia por daño moral, Mario Arrúa indica que la empresa no puede responder por el hecho de una persona inescrupulosa que involucró al estudiante.

"La persona que activó esa línea, remitió el legajo, la fotocopia de cédula y no es un perito calígrafo, que gracias a la empresa está sacando un sueldito bajo la sombrilla. No es un policía, no toma huellas digitales, no hace prueba caligráficas",  argumentó.

El asesor jurídico mencionó que existen normas que los vendedores deben seguir y que su incumplimiento trae consigo sanciones.

 

Si bien ambos bandos se señalan a sí mismos como inocentes, deja en claro que no existen normas bien específicas que se adecuen a la situación como para precautelar al usuario como a la empresa y al vendedor.