Hasta hoy se ampara en su fuero de legislador para evitar un proceso penal en el que ya fue imputado y logró trabar el avance en la justicia utilizando artimañas. Las otras investigaciones están "cajoneadas" por cuatro fiscales de Delitos Económicos.
La fiscala Victoria Acuña no avanza en la investigación de la utilización irregular de los fondos sociales para la propaganda electoral de la en su momento candidata, oficialista Blanca Ovelar, y del mismo Bernal, considerada la más contundente contra el parlamentario.
La agente del Ministerio Público se excusa diciendo que está en la lenta tarea de cotejar cheques con órdenes de pagos de la binacional que tendrían relación con el uso irregular del rubro "turismo", utilizado para el desembolso de propaganda del Partido Colorado.
Lo que está claro es que el dinero destinado allí solo se podía utilizar para "publicidad institucional", según un informe proporcionado por ese departamento que hablaba de la funcionabilidad de tres años atrás, lo que fue alevosamente transgredido porque constan vídeos con claro tinte partidario que fueron incautados de la Itaipú, además de papelerías electorales contundentes.
Sin embargo, no se procesó al principal responsable, el parlamentario colorado.
En este caso, es aun más evidente el accionar del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Juan Manuel Morales, quien en dos ocasiones se negó a remitir a la fiscala Acuña la rendición de cuentas de la ANR. La agente, debido a esto, decidió prescindir de ese elemento de prueba, inexplicablemente.
Separación de fiscales
Los camaristas Natividad Mercedes Meza, Nery Villalba y Mirtha González de Caballero "maniobraron" integrando la Corte para separar a los fiscales Rocío Vallejo, Arnaldo Giuzzio y Carlos Arregui del caso propaganda electoral. Según fuertes rumores, los dos primeros agentes estaban por procesar a Bernal, y este utilizó a cuantos abogados había para plantear recusaciones absurdas.
Los magistrados de alzada hasta criticaron el Código Procesal Penal para proteger al legislador diciendo que "adolece de graves errores y que atenta contra garantías constitucionales". De esta forma, desviaron el estudio de los artículos que prevé específicamente las causales de recusación e inhibición de los agentes del Ministerio Público. El ex ministro de la Corte Suprema José Altamirano votó por la confirmación de los investigadores.
El fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, había confirmado a los agentes en la investigación, pero fue impugnada su resolución.
Vallejo fue recusada por el abogado Mílner Núñez, sobrino del ministro Víctor Núñez, con el pretexto de una supuesta "enemistad", negada por la fiscala. Mientras que Arregui y Giuzzio fueron recusados por la abogada Carolina Llanes, quien alega "amistad" porque los representó "gratuitamente" cuando afrontaron una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Esta causal fue también rechazada por ambos agentes.