07 de Febrero de 2012 00:00
Con acciones en masa, intendentes buscan frenar el control vehicular
Un total de 47 acciones fueron presentadas ayer, que sumadas a las seis anteriormente radicadas, totalizan 53.
La suspensión de los efectos de la legislación atacada de inconstitucional, que crea el sistema nacional de inspección técnica vehicular (ITV) y establece la obligatoriedad de su realización como requisito previo para la obtención o renovación de la patente municipal de rodados, es un pedido común a todas las acciones.
"Esta ley es atentatoria contra la propia Constitución Nacional, desde el momento en que una entidad o institución pretende apropiarse de rentas municipales, la inspección técnica vehicular es una renta municipal. También socava la autonomía municipal al transferir a otras instituciones competencias que son netamente comunales", explicó Núñez.
Núñez y los intendentes de Salto del Guairá, Pilar, Ayolas, Villarrica, y muchos otros, se entrevistaron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, a quien expresaron sus inquietudes.
Control técnico para martes
El consejero de la Dirección Nacional de Transporte, César García, aseguró que la entidad solo cumplió un mandato de la Ley 3850/09 para implementar la ITV. Manifestó que el control es una exigencia del Mercosur y que nuestro país ya no puede seguir dilatando la vigencia del sistema, pues los socios de este acuerdo regional ya concedieron varias prórrogas. El mismo advirtió que los países vecinos, dentro de un tiempo, no permitirán el ingreso de vehículos familiares sin el certificado de inspección (los vehículos de carga y de pasajeros hacen la ITV).
La próxima semana, el consejo de Dinatran podría dar luz verde a las operadoras contratadas para prestar servicio en 19 zonas del país (ver infografía de la página). Esto será así si la Corte no suspende la implementación del control técnico.
Las empresas ya advirtieron que, de correr la acción de inconstitucionalidad, pedirán una compensación económica a Dinatran. Manifestaron que no hay seguridad jurídica en nuestro país porque se llamó a licitación con base en una ley, que ahora pretende ser anulada por las comunas.







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