¿De qué tendrá miedo el Gobierno?

Es llamativo que el Poder Ejecutivo aún no haya remitido al Congreso para su estudio los inicuos acuerdos de la Unasur y el Mercosur que contemplan la figura de un bloqueo político, económico y comercial contra aquel país en el que eventualmente se registren rupturas o amenazas de ruptura del orden democrático. ¿De qué tendrá miedo el Gobierno? Tal vez esté buscando la forma de eludir su obligación constitucional para que los protocolos puedan ser invocados en el caso de que el luguismo decida avasallar las instituciones republicanas, algo que, a juzgar por los acontecimientos que vive el país, no parece estar muy alejado de la realidad.Es llamativo que el Poder Ejecutivo aún no haya remitido al Congreso para su estudio los inicuos acuerdos de la Unasur y el Mercosur que contemplan la figura de un bloqueo político, económico y comercial contra aquel país en el que eventualmente se registren rupturas o amenazas de ruptura del orden democrático. ¿De qué tendrá miedo el Gobierno? Tal vez esté buscando la forma de eludir su obligación constitucional para que los protocolos puedan ser invocados en el caso de que el luguismo decida avasallar las instituciones republicanas, algo que, a juzgar por los acontecimientos que vive el país, no parece estar muy alejado de la realidad.

El texto constitucional es categórico. El artículo 202 de nuestra Ley Fundamental determina en su inciso 9 que es deber y atribución del Congreso "aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo". Esto se complementa, a su vez, con la disposición del artículo 141, en el cual queda definido: "Los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno".   

A pesar de estos claros mandatos, el Poder Ejecutivo aún no ha remitido al Parlamento para su análisis, aprobación o rechazo ni el "Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia", suscrito en Georgetown, Guyana, el 26 de noviembre de 2010, ni el "Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II)", firmado en la capital del Uruguay el 20 de diciembre del año pasado.   

Como es de público conocimiento, ambos instrumentos castigan con la deplorable figura del bloqueo político, económico y comercial –con idéntica formulación– a aquel país en el que los demás estados miembros de los dos organismos mencionados consideren subjetivamente que se produzca una ruptura, amenaza de ruptura del orden democrático, una violación del orden constitucional o "cualquier otra situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder".   

Ahora bien, la pregunta que cabe hacerse en este último sentido es la siguiente: ¿están facultados el Poder Judicial o el Poder Legislativo del Paraguay a denunciar ante Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner o cualquier otro presidente de la región la existencia de circunstancias que "pongan en riesgo el legítimo ejercicio" de su poder? De ninguna manera, porque estos acuerdos han sido ideados para defender única y exclusivamente a los presidentes, no a los demás poderes del Estado.   

Así las cosas, Fernando Lugo, invocando ambos acuerdos, estará en condiciones de denunciar "cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder", por ejemplo, cuando el Congreso tome una decisión que no sea de su agrado o cuando el Poder Judicial impugne, eventualmente, acciones del Poder Ejecutivo que atenten contra la vigencia del orden democrático, como por ejemplo impulsar una reelección ilegal, permanecer en el poder contra lo que dispone la Constitución Nacional o, simplemente, presentar su candidatura a senador violentando el artículo 189 de la Carta Magna.

Sin embargo, si Fernando Lugo y sus seguidores deciden mandar a violentas turbas bolivarianas, los "carperos", por ejemplo, contra el Congreso; si los usurpadores de tierras violan descaradamente el estado de derecho como ya lo están haciendo y continúan desoyendo los mandatos de la Justicia y toman por asalto la Fiscalía General del Estado o el Palacio de Justicia, ni el Parlamento ni el Poder Judicial podrán hacer nada por defenderse porque el Protocolo de Montevideo ampara SOLO a los Presidentes de la República.

De allí, seguramente, que el Poder Ejecutivo esté eludiendo su responsabilidad constitucional de someter al Congreso Nacional el análisis de ambos protocolos, ya que si actúa conforme a derecho corre el riesgo de que los legisladores los rechacen por contrariar los más elementales principios constitucionales de defensa de la soberanía, no intervención, autodeterminación de los pueblos e igualdad jurídica entre los Estados.   

Si esto aconteciera, si el Parlamento recusara los protocolos, Fernando Lugo ya no tendría forma de ampararse en las siniestras disposiciones de los mismos. En cambio, si quedan en un limbo jurídico, podría invocarlos en su defensa cuantas veces lo desee, porque tendrán una existencia de hecho, tal como acontece actualmente con las Notas Reversales de Yacyretá del año 1992, que no han sido aprobadas por el Parlamento, pero que en la práctica rigen en materia de fijación de la tarifa.   

Así, pues, dado lo delicado de la cuestión y los muy importantes principios y valores que están en riesgo, incluida desde ya la necesaria preservación de nuestra independencia como nación soberana, se impone que el Poder Ejecutivo remita cuanto antes, en estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, los textos de los protocolos supuestamente "democráticos" y que el Poder Legislativo los analice y se expida sobre los mismos con la mayor celeridad del caso.   

Cualquier retraso en la materia debe ser considerado por el Parlamento como un atentado contra los deberes y las atribuciones que nuestra Ley Fundamental asigna a los legítimos representantes del pueblo.