Juez denunciado, nuevamente en su cargo

El pasado 30 de diciembre del 2011, la Corte Suprema de Justicia repuso nuevamente en su cargo al conflictivo juez Cacho (Carlos Fretes Jacquet, juez en lo Civil, Comercial y Laboral de Capiatá), luego de que fuera suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por las denuncias presentadas en su contra, tanto por el Colegio de Abogados y Escribanos de Capiatá y demás afectados por el mal desempeño de sus funciones.El día 23 de enero, nuevamente se presenta el juez procesado en el Juzgado, lo que motivó una movilización por parte del Colegio de Abogados y Escribanos de Capiatá, quienes a través de su comisión directiva y abogados residentes en Capiatá se constituyeron en el lugar a fin de dejar constancia del desacuerdo con la decisión tomada por la Corte ante los medios de comunicación locales, como así también comunicar la organización de una manifestación para el mes de febrero con la participación tanto de la comunidad jurídica de Capiatá y del Departamento Central, así como de las fuerzas vivas de la ciudad y la ciudadanía en general, para repudiar el caos judicial y la persecución de los abogados capiateños por parte de este juez, que no permite que docenas de juristas puedan ejercer en su propia ciudad.   

El levantamiento de la suspensión se da después de que el 28 de diciembre del 2011 el ministro Sindulfo Blanco recibiera en su despacho a miembros de la comisión directiva del gremio de abogados, quienes le manifestaron a través de una nota con la firma de los presidentes de los gremios de abogados de distintas ciudades del departamento Central y del Colegio de Abogados del Paraguay su preocupación por el lamentable trabajo realizado por este magistrado en Capiatá, expresándoles en consecuencia el ministro Blanco que este magistrado ya no volvería a esa jurisdicción y que tomaría las medidas correspondientes. Pero, ¡oh, sorpresa! Dos días después la Corte lo repone en su cargo para pena de la comunidad jurídica capiateña y del Departamento Central. Fuentes de los pasillos del Juzgado capiateño señalan que el citado ministro es su padrino dentro del Poder Judicial, versión que al parecer el propio juez divulga en la ciudad.   

El polémico magistrado se jacta del apoyo que recibe de parte de un sector de políticos que lastimosamente se prestan para solicitar recomendaciones a favor de personas tan rechazadas como el mencionado magistrado, como se comprueba con las notas presentadas ante el Consejo de la Magistratura con la firma de distintos políticos para ser incluido en la terna de camarista para el departamento Central. Cito a algunos: Derlis Osorio, castiglionista, ex intendente y miembro de la Junta de Gobierno; César Rivas, ex intendente de Capiatá; Óscar Elías, presidente de la Junta de Saneamiento; Carlos Ramírez;  Rafael Zárate, presidente de la cooperativa Capiatá; Eladio Silvera, ex presidente de la Junta Municipal; Fidelino Rojas; José Domingo Riquelme; Richard López, comandante de Bomberos; Elena Gómez, directora; Héctor Torres Cruz Rojas; Angélica Villamayor, directora; Héctor Rubén Jara, director Hospital de Capiatá; Magno Duarte, presidente de la Junta Departamental de Central; y el ex presidente de la Junta Municipal, Javier Trinidad.   

Estas personas deberían saber que este tipo de actos atenta contra la independencia del Poder Judicial. Presionando sobre una institución como el Consejo de la Magistratura solo nos lleva a empeorar la calidad del servicio de justicia. Lamentable, es la decisión de los miembros del Consejo al tener en cuenta las recomendaciones de políticos durante la conformación de las ternas, esto trae como resultado que las fuerzas fácticas conduzcan los destinos de la justicia paraguaya.

Constantino Rodríguez Adorno