Militares apañaron el tráfico de los vehículos a Bolivia coimas mediante

Las evidencias y testimonios recogidos durante los sumarios ordenados por el ahora fallecido Cnel. Luis C.

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Enterado del paso de muchos  vehículos  hacia Bolivia a través de las picadas del Chaco, el recientemente fallecido militar, en su carácter de comandante de la IV División de Infantería con asiento en Joel Estigarribia, Chaco, ordenó (el 21 de agosto de 1992) la instrucción de sumarios militares a efectivos bajo su mando con la finalidad de investigar los hechos. Fue nombrado juez instructor el Cnel. Oscar Schulz y como secretario el Cap. Adalberto Garcete.   


En el curso de las actuaciones, fueron llamados a declarar efectivos militares que prestaron servicio en el destacamento Infante Rivarola, fortín fronterizo a Bolivia –al final de la picada Lóbrego– punto por el cual fue traficada la mayoría de los vehículos robados.   

En un principio, la ruta de os traficantes se circunscribía a la ruta Transchaco, pero con posterioridad las vías se bifurcaron a través de la Picada 500 (que arranca poco antes de Mcal Estigarribia y se interna hacia el oeste conectándose con la picada Lóbrego a la altura del cruce Don Silvio y también a través del desvío a Santa Rosa. La otra vía utilizada era el desvió a  Neuland hasta Joel Estigarribia para conectarse a la picada Lóbrego que permitía la llegada hasta Infante Rivarola.   

Entre las declaraciones de los uniformados, las más contundentes sindicaron como traficantes a los civiles Juan de Dios Martínez (ya fallecido), Carlos M. Maggi Rolón, un tal Hugo, uno de apellido Insfrán, etc. Igualmente, mencionaron a varios  militares como involucrados en el caso, en especial los respectivos comandante del Fortín Infante Rivarola, como ser el Tte. Lino Riquelme y los sargentos Luis Meza y Alderete.

Según los testimonios, los  militares de baja graduación   recibían G. 50.000 mientras que los jefes,  como ser el Gral. Lorenzo Marrillo Melo (ex comandante de la IV División y antecesor de González Rojas en el cargo), así como el Gral. Humberto R. Garcete (entonces comandante del Ejército) percibían hasta  seis millones de guaraníes por apañar el paso de cada vehículo (camiones o lujosos 4 x 4).   

Un testimonio brindado señala que entre el 28 de diciembre de 1991 y el 28 de junio de 1992, pasaron por lo menos 30 vehículos por Infante Rivarola. Destacaba que los traficantes llegaban hasta el fortín y allí –en el mismo destacamento en medio de fiestas con abundante alcohol y hasta alegres mujeres– vendían los vehículos a los  compradores bolivianos.
 
La represalia
  

El Cnel. González Rojas, quien creyó que su actuación ayudaba a sanear los cuadros militares, fue sorpresivamente arrestado (el 2 de setiembre de 1992)  y luego sancionando con un arresto disciplinario de 90 días que cumplió en la prisión militar de Peña Hermosa, según orden  del entonces comandante de las FF.AA. y presidente de la República Gral. Andrés Rodríguez.

El Gral. Garcete fue pasado a retiro,   procesado y posteriormente sobreseído en una peculiar disposición de la justicia paraguaya.   

Como derivación del caso, Garcete fue involucrado –con una conocida modelo, hoy empresaria– en un pinchazo telefónico clandestino conocido como "Dulce de mamón con palito" o "Ñande gordopáta lo mitã".

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