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15 de Enero de 2012 00:00

 

Origen malintencionado del Protocolo Ushuaia II

Por Leonardo Nicanor Duarte

El documento firmado en Montevideo, en diciembre de 2011, para reemplazar al Protocolo de Ushuaia (Carta Democrática del Mercosur), tiene sus orígenes en un documento previo, presentado ante la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), que fue pergeñado por los presidentes de la región para protegerse unos a otros, tras los sucesos ocurridos en Honduras, a mediados de 2009, y en Ecuador, el 30 de setiembre de 2010.

El Mercosur cuenta con un documento defensor del orden democrático, el Protocolo de Ushuaia, que es justamente el pertinente para que el Paraguay niegue la admisión de Venezuela –mientras su gobierno mantenga las agresiones a la institucionalidad democrática (embates contra opositores, ataque a la prensa no oficialista, extrapoderes del Presidente, etc.).   

La idea de crear otro documento que, evidentemente, apunta a identificar al "orden democrático" con el Ejecutivo, vino luego de un par de sucesos ocurridos en la región.   

El origen malintencionado del Protocolo Ushuaia II fue la destitución de un presidente que violó la Constitución de su país y la acusación de otro de que sufrió un "intento de golpe Estado" tras una protesta gremial.   

Luego de esos hechos, se presentó, primero en la Unasur, y ahora en el Mercosur, una "Carta Democrática" con las mismas características (la principal, la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en el nombre de la "defensa de la democracia", defenderse unos a otros).

El caso Honduras   
 
La Constitución de Honduras es particularmente rigurosa sobre la prohibición de la reelección, estableciendo que, incluso quienes la "apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos".   

El 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya fue destituido como presidente de Honduras tras violar esa norma constitucional.   

Dicha violación fue sentenciada por el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema dictaminó que se debía detener al Presidente.   

El caso Ecuador   

En Ecuador, el 30 de setiembre de 2010, un grupo de policías y militares se manifestó en contra de una norma que les restaba una serie de beneficios.   

Los militares, tras un par de horas, o algo así, volvieron a sus barracas. Los policías del cuartel central de Quito fueron más duros y mantuvieron la protesta.   

El presidente Rafael Correa gritó a los cuatro vientos que el orden democrático "estaba amenazado".

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