La delegación paraguaya del Parlamento del Mercosur advierte sobre el grave error que se cometería si se sustituye la cláusula democrática de Ushuaia por la de un convenio suscrito por la Unasur, que establece acciones contra un país en caso de ruptura del orden democrático.
El Protocolo de Ushuaia del Mercosur (Mercado Común del Sur) fue establecido en 1998 y el convenio de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), el año pasado en Guyana. Este segundo instrumento no fue ratificado aún por Paraguay, ya que está pendiente de su aprobación en Diputados.
Los parlasurianos paraguayos expresan que la paz regional y la defensa del sistema democrático son bienes públicos regionales de elevada significación y de estricto cumplimiento. Agrega que ese bien constituye uno de los pocos activos y hechos positivos que registra el Mercosur y que en el Paraguay, en más de una oportunidad, la aplicación pacífica y la oportuna comunicación política han sido de valiosa utilidad para la institucionalidad republicana. Explican que el Mercosur, por la vía del Protocolo de Ushuaia, define con precisión y al margen de ambigüedades o sofismas que en caso de ruptura del orden democrático en un Estado parte y previa constatación exhaustiva de la anomalía, se aplicarán por consenso las medidas acordes a la gravedad de la situación existente, las que "abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes en esos procesos".
Un pretexto jurídico y fáctico
Refiere que la cláusula de Unasur pretende que la defensa de la democracia se desborde y sea el pretexto jurídico y fáctico para el cierre de fronteras, la suspensión o la limitación de las comunicaciones, energía y otros servicios, que en la práctica constituyen una agraviante disminución de la soberanía del Estado afectado y el consecuente sometimiento a los mandatos de otros Estados, que inmediatamente traen a la memoria los desgraciados episodios del "intervencionismo" de mediados del siglo XX, que más tiene de colonialismo y de imperialismo que de vigencia de la libertad.
Pretende aislar a los Estados infractores
"Imaginen la diferencia de contenido e intenciones entre las sanciones establecidas por el Mercosur y las instituidas por la Unasur. Mientras las primeras se ciñen estrictamente al marco regulatorio de los procesos de integración regionales; las segundas, en consonancia con los más severos códigos penales de la antigüedad, amenazan con aislar a los hipotéticos Estados infractores", expresa una nota de la delegación, suscrita por su presidente, Alfonso González Núñez. Copia de la misma fue enviada a diversos estamentos del Estado.
Ante el panorama descripto, la delegación paraguaya del Parlasur exhorta a la población, y en especial a la clase política, a que de inmediato, organizadamente y con el siempre vigoroso acompañamiento de la prensa, "censuren e impugnen pública e implacablemente este intento de avasallar la independencia de los Estados soberanos".
Menciona que la delegación paraguaya del Parlamento del Mercosur mantiene su indelegable deber de precautelar y hacer observar las bases fundamentales del vigente sistema democrático del Mercosur, por lo que reitera a las autoridades nacionales y a la población en general sobre el grave error que se cometería si se sustituye la actual cláusula democrática establecida en el Protocolo de Ushuaia de 1998 del Mercosur por la cláusula inscripta en el convenio suscrito por la Unasur el año pasado en Guyana.