13 de Febrero de 2012 00:00
Se "encajona" en la Corte caso de ex piloto de Nicanor
Desde julio de 2009 está en la Sala Constitucional de la Corte la inconstitucionalidad que promovió la fiscalía contra la decisión de la Cámara que anuló la condena de cuatro años y seis meses a Félix Erico Ortiz por enriquecimiento ilícito.
Este proceso se inició el 26 de junio de 2006, luego de una investigación del Diario La Nación. Todo indicaba que el avión Hawker de US$ 350.000, repuestos por US$ 40.000, más pagos de impuestos que había adquirido Ortiz, en realidad eran del ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos.
De hecho, el piloto no pudo comprobar cómo compró todo con un sueldo de G. 3 millones, y el 14 de octubre de 2008 fue hallado culpable de enriquecimiento indebido, pese a que presentó pruebas de que ya no se encontraba en la función pública y que recibió dos millonarios préstamos, del dirigente de fútbol Ramón González Daher y de Federico Fernando Villalba González (quien en sede fiscal negó el préstamo, aunque luego reconoció). Sin embargo, esta pena fue anulada el 14 de julio de 2009 y se reenvió para un nuevo juicio oral y público, todavía pendiente.
El fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio promovió una acción de inconstitucionalidad el 29 de julio de 2009, con la finalidad de que la Corte Suprema de Justicia anule el fallo de segunda instancia y se confirme la condena del piloto.
Esta acción, a dos años y ocho meses se dilata porque la Sala Constitucional ni siquiera está integrada. Según fuentes, el ministro preopinante Antonio Fretes ya emitió su voto y había remitido el expediente a Víctor Núñez; ínterin esto sucedía, la tercera integrante de la Sala, Gladys Bareiro de Módica, se inhibió. El caso pasó a manos de Raúl Torres Kirmser, quien la semana pasada no aceptó intervenir; por ende, la resolución todavía no saldrá.
Por este motivo, se frustró el inicio del segundo juicio oral del piloto, ya que las juezas Mesalina Fernández (presidenta del tribunal de sentencia), Gloria Hermosa y Blanca Gorostiaga (miembros) tuvieron que hacer lugar al planteamiento del abogado Óscar Latorre, quien esbozó el artículo 559 del Código Procesal Civil, que establece que la acción tiene efecto suspensivo cuando se trata de sentencia definitiva o de interlocutoria con fuerza de tal, y que por tal motivo, mientras la CSJ no defina el planteamiento del Ministerio Público, no se podrá realizar el juzgamiento.
Esto sería una estrategia para que siga corriendo el plazo para la prescripción y fue advertido al tribunal de sentencia por Giuzzio.
El investigador refirió que tuvo que allanarse a la suspensión "forzosamente" porque justamente pretende que la condena de Ortiz sea confirmada. "Lo que yo ataco es la decisión que habilita a este tribunal de sentencia a hacer un nuevo juicio oral", aseguró el representante fiscal.
El agente advirtió al tribunal que la causa corre peligro de extinción por las dilaciones que se dieron, ya que su acción de inconstitucionalidad data del 29 de julio de 2009 y, un año después, la Sala Constitucional de la Corte le corrió vista a la Fiscalía General del Estado. El fiscal adjunto, Marco Alcaraz, se ratificó el 7 de setiembre de 2010 en los vicios del fallo de segunda instancia que anulaba la condena.
De acuerdo a los cómputos de la presidenta del tribunal, Mesalina Fernández, y con base en la Ley Camacho, se cumpliría el plazo en setiembre de este año; esto, sin descontar el tiempo que no se computa por recursos planteados.
Hasta ahora hay criterios dispares acerca de si la acción de inconstitucionalidad interrumpe el plazo procesal y es por eso que se cree que este caso quedaría en el oparei.






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