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El proceso de extradición se desatascó a primeros de mayo, cuando la Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por los abogados de Leoz, de 87 años y en arresto domiciliario desde junio de 2015.
El juez instructor del caso, Humberto Otazú explicó que el proceso judicial “está en pleno trámite” y que tanto la defensa de Leoz como la acusación expondrán sus posiciones tras el plazo de diez días estipulado por la Justicia paraguaya.
Leoz, que se enfrenta a “numerosos cargos”, entre los que destacan supuesta asociación criminal, lavado de dinero y corrupción, está sometido a un “control constante en su domicilio” por parte de la Policía, que también vigila el exterior de la residencia, añadió Otazú.
El proceso de extradición contra Leoz se intentó anular el pasado mayo cuando la defensa presentó un inscrito de inconstitucionalidad alegando que el ordenamiento jurídico de Paraguay no tiene un reglamento previsto para proceder con extradiciones.
La Corte de Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York solicitó hace casi un año el arresto provisional de Leoz con fines de extradición por un cargo de “conspiración para acordar intencionalmente, conducir o participar en actividades de crimen organizado, relacionado con fraude de fondo”.
Está acusado además de “conspiración para concebir un plan o proyecto para estafar usando medios de comunicación”.
Otro de los cargos que se le imputan es el de “dirigir o intentar dirigir una transacción final que envuelve las ganancias de una actividad ilícita”.
Paraguay y Estados Unidos mantienen vigentes dos tratados bilaterales, uno de 1973 y otro de 1998, que les facultan a formalizar una petición de detención con fines de extradición entre ambos.