Nadie duda en Barcelona del acierto futbolístico de incorporar al brasileño, pieza clave en la consecución de cinco títulos en 2015, pero otra cosa son los métodos del fichaje, con cuatro causas abiertas que salpican de nuevo al futbolista y su familia.
Neymar Junior y sus padres deberán declarar el 2 de febrero ante un juez de la Audiencia Nacional de Madrid que investiga la querella por “estafa” y “corrupción” interpuesta por el fondo de inversiones brasileño DIS, poseedor del 40% de los derechos del delantero en el momento de su fichaje. En un primer momento, el Barça cifró el traspaso en 57,1 millones de euros pero la justicia española elevó el monto a al menos 83,3 millones. DIS, que recibió 6,8 millones de euros de los 17,1 millones pagados al Santos, se considera perjudicado de dos maneras.
Primero, por un acuerdo entre Neymar y el Barça por 40 millones de euros, que según DIS impidió a otros clubes pujar por el delantero, vulnerando el libre mercado y pudiendo constituir un “delito de corrupción entre particulares”. Por otro, considera que algunos anexos al contrato sirvieron para ocultar el monto real pagado al club brasileño y, por lo tanto, la parte que le correspondía, recayendo en delito de “estafa por simulación contractual”.
La semana anterior, la fiscalía de la Audiencia Nacional reclamó la citación de Neymar y sus padres, imputados anteriormente, así como la del resto de personas y entidades contra quienes se dirige la querella, petición aceptada por el juez. Así, el 1 de febrero, deberán declarar los dos últimos presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu y su antecesor Sandro Rosell, que dimitió tras el estallido del “caso Neymar”, así como los exdirectivos del Santos Luis Álvaro de Oliveira y Odilio Rodríguez Filho.
La investigación también concierne a los dos clubes, cuyos representantes deberán comparecer en febrero, y la empresa N&N del padre, Neymar da Silva Santos.
El cerco judicial sobre el astro brasileño se estrecha también en su país natal, donde la justicia decidió congelar una parte de los activos de Neymar (47,3 millones de dólares) por presuntos fraudes fiscales entre 2011 y 2013 relacionados con su traspaso. Las sospechas se centran en el pago por parte del Barça de 10 millones de euros para tener “derechos preferenciales” en la compra del futbolista, que no habrían sido declarados al Tesoro público.
El FC Barcelona tampoco salió indemne judicialmente del fichaje. El propio club y sus dos últimos presidentes serán juzgados acusados de fraude fiscal de 12,7 millones de euros por haber ocultado parte del coste de la operación y no pagar sus impuestos correspondientes. La fiscalía reclama una multa de 22,2 millones de euros contra el FC Barcelona, que regularizó 13,5 millones de euros ante Hacienda en 2014, así como dos años y 3 meses de cárcel para Bartomeu y 6 años y 9 meses para Rosell.
La última causa la inició el Santos tomando en mayo acciones ante la FIFA contra el Barça, Neymar, su padre y la empresa Neymar Sports & Marketing por considerar, como DIS, que debería haber sido pagado en base a la suma real del traspaso y no a los 57,1 millones declarados inicialmente. Todo ello puede repercutir en las negociaciones de Neymar con el FC Barcelona para prolongar su contrato, en vigor hasta el final de la temporada 2017-2018.
El club catalán quiere asegurarse cuanto antes la continuidad del astro brasileño de 23 años, visto como el futuro sucesor del argentino Lionel Messi como líder azulgrana, pero su padre y representante reclama “seguridad jurídica y tributaria”. “¿Cómo podemos extender alguna cosa si no tenemos una estabilidad tributaria?”, se preguntó en octubre en una entrevista con el periódico catalán Sport. Preguntado a finales de diciembre sobre su continuidad en el Barcelona, Neymar se mostró enigmático: “No sé, la vida es muy larga”.