La organización de defensa de los derechos humanos afirma que la compañía de ingeniería Mercury MENA les debe 1.700 euros -2.000 dólares- a empleados originarios de Nepal, India y Filipinas. Para algunos de esos trabajadores, la cantidad representa 10 meses de sueldo.

Amnistía considera que el impago de los salarios “ha arruinado vidas” y llama al Gobierno catarí a abonar los sueldos a esos trabajadores. “Al procurar que reciban sus salarios, Qatar puede (...) demostrar que es serio en (su voluntad) de mejorar los derechos de los trabajadores”, declaró Steve Cockburn, director de asuntos mundiales de la organización.

La ONG realizó su informe tras entrevistar a 78 trabajadores de la empresa, pero considera que cientos de personas podrían estar en la misma situación que ellos. La empresa dejó de pagar los sueldos en febrero de 2016 y esa situación se prolongó durante más de un año.

Amnistía cree que el sistema denominado “kafala”, que permite a las empresas prohibir que sus empleados cambien de compañía o abandonen el país, ha permitido la explotación de trabajadores extranjeros.

Las autoridades locales afirman que han hecho muchos esfuerzos por mejorar las condiciones de trabajo de los obreros inmigrantes, especialmente respecto a la “kafala”, que el Gobierno dice haber empezado a desmantelar. Según la ONG, algunos trabajadores recibieron autorización para abandonar Qatar, pero tuvieron que costearse el viaje.

Uno de ellos, Ernesto, un fontanero filipino que lleva cuatro meses sin cobrar sueldo, ha declarado que estaba más endeudado ahora que a su llegada a Qatar. Algunos nepaleses que no percibieron sus salarios tuvieron que quitar a sus hijos de la escuela, añadió Amnistía.

El pasado mes de noviembre, la ONG se entrevistó con el director general de Mercury MENA que reconoció “problemas de tesorería”.

La AFP intentó en vano contactar con la compañía. A primeros de septiembre, Qatar anunció la supresión de los visados de salida para los trabajadores extranjeros que deseen abandonar al país, pero el Gobierno no comunicó ninguna fecha para la entrada en vigor de esa medida.

Para May Romanos, la autora principal de la investigación de Amnistía, “hay algunas mejoras, algunas reformas, pero es lento (...) y el tiempo apremia”.